El pueblo de Salitre amanece cansado y tenso. Durante el fin de semana la violencia y los enfrentamientos fueron protagonistas en esta comunidad ubicada al sur del país, a causa de un conflicto por la tierra entre familias indígenas bribris y grupos de finqueros.
La quema de varios ranchos de indígenas, la persecución, las agresiones y las amenazas han estado a la orden del día, en esta zona donde el conflicto tiene ya varios años.
El sábado, según confirmó la Fuerza Pública y los pobladores de Salitre, grupos de personas no indígenas arremetieron contra los pobladores bribris que están ocupando las fincas con campamentos que habitan unas 10 familias.
Heylin Figueroa, indígena de la zona indicó que los finqueros ingresaron a dos de las fincas ocupadas: una de Pindeco y otra arrendada por Coopeagri y quemaron sus ranchos, los amenazaron y los persiguieron por la montaña. “Nos dieron cacería, como a cualquier animal. Tenemos tres noches de andar huyendo, de estar escondidos, porque estamos amenazados todo el día”.
Además, Figueroa afirmó que los finqueros cerraron las entradas a las fincas de modo que controlan el ingreso y no les permiten entrar o salir. Esto, asegura, ha complicado las cosas pues se agotan los alimentos y se complican las condiciones de vida “Hemos pasado días en que no podemos bañarnos, en que no podemos comer, no podemos salir por alimento, ni dejan a nadie entrar a dejarnos. Ahora estamos en el campamento, entre los ranchos quemados, a la espera”, dijo.
La indígena afirmó que este conflicto no se limita a los problemas acontecidos en Cebror, sino que también han habido enfrentamientos y situaciones violentas en las comunidades cercanas de Puente, Río Azul y Santa Candelaria.
El Frente Nacional de Pueblos indígenas señaló en un comunicado que el ataque del sábado se gestó desde una casa en Cebror (Salitre), construida y ocupada por “sikuas” (no indígenas) pero que la mayoría de quienes protagonizaron las acciones violentas vienen de comunidades vecinas. Heilyn Figueroa confirmó que los finqueros provienen de varias comunidades, entre ellas: Boruca, Ujarrás, Colinas, Chamba, Buenos Aires, Changina y Ojo de Agua,
El ministro de seguridad, Celso Gamboa, indicó el domingo por la noche (vía Twitter) que había presencia policial en la zona garantizando que no se dieran más episodios de violencia, no obstante, los reportes de ataques seguían llegando a través de las redes sociales.
“No hay violencia en este momento” y “La Fuerza Pública no permitirá violencia” escribió el ministro alrededor de las 7 p.m.
Sin embargo, Heilyn Figueroa, indicó que durante la noche se dieron nuevas quemas de ranchos en la comunidad de Puente y que incluso, hubo enfrentamientos entre la policía de la zona y los finqueros.
Hoy -7 de julio- a las 9:45 a.m. Figueroa dijo que se contaba con muy poca presencia policial en la zona. “Puntualmente, en este momento hay dos policías, mientras que en la casa donde están los no indígenas hay cerca de 100 finqueros. Es una situación exageradamente peligrosa.”
El gobierno central emitió anoche un comunicado indicando que ya estaba en la zona una comisión a la zona para mediar en el conflicto y que se designaba a la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga al frente de la misma.
El comunicado del gobierno recalcaba que hace dos semanas se inició un proceso de diálogo y negociación para resolver la problemática en la zona, y que se tomarían acciones para garantizar “la integridad física de las personas”.
El día de hoy a las 10 a.m., la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö alertó a través de las redes sociales que aún la comisión gubernamental no había ingresado a las fincas, cuyas entradas y salidas continúan controladas por los “sikuas”. Esto fue confirmado con Heilyn Figueroa, quien indicó que el ingreso a las tierras aun está bajo el control de los finqueros.
El Sistema de Naciones Unidas emitió un comunicdo urgiendo la resolución pronta y pacífica del conflicto. “Naciones Unidas pide garantizar el derecho inalienable, imprescriptible, intransferible y exclusivo de los pueblos indígenas a su territorio, en apego a lo establecido en la legislación nacional y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado costarricense”, puntualiza el texto.
Heilyn Figueroa, ocupante de la tierra, explicó que este es un proceso de “defensa de derechos, de reafirmar el territorio autónomo” y recuperar “tierras que han sido usurpadas” a su pueblo, en acuerdo con lo establecido en convenios internacionales y en las leyes nacionales.
Diversas organizaciones no gubernamentales, agrupaciones políticas, asociaciones estudiantiles y hasta colectivos LGBTI han manifestado su apoyo a la comunidad bribri de Salitre, exigiendo al gobierno garantizar los derechos de los pueblos indígenas y aplicar las medidas correspondientes a quienes hayan cometido actos violentos.
*Foto cortesía: Asociación de iniciactivas populares Ditsö.
