El Gobierno y los indígenas dialogaron ayer dentro de un rancho en una finca «recuperada» en el Territorio de Salitre. (Foto: David Bolaños)
Un piquete con apenas una docena de finqueros y peones no indígenas saludó con aplausos el paso de la comitiva del Gobierno cuando entró a la Territorio Indígena de Salitre en la mañana del martes 8 de julio. Parecía distante y extraño el clima crispado y agresivo del día anterior cuando centenares de manifestantes “blancos”, armados con palos y piedras, advertían que actuarían con violencia si el Gobierno no los escuchaba.
El montículo de tierra que los finqueros habían levantado en el camino fue removido durante la noche, la mayoría de los manifestantes se dispersó y finalmente los indígenas de Salitre pudieron transitar, aunque con desconfianza y cierto temor.En Salitre, la comunidad indígena esperaba con ansiedad la llegada de la delegación gubernamental encabezada por la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, y con representantes del ministerio de Justicia y Paz, la Defensoría de los Habitantes y el Catastro Nacional.
Allí un grupo de jóvenes indígenas mantenía un retén, con piedras en la vía y un tablón lleno de clavos para impedir, decían: “que los terratenientes suban a agredir a los indígenas”, en las comunidades montaña arriba.
Sonia Suárez, una líder indígena bribri, lloró frente a la viceministra por la tensión vivida en el pueblo en la última semana. Dentro de un rancho varias mujeres contaron a la delegación del Gobierno las penurias que sufrieron. Roxana Figueroa Calderón narró las dos noches que pasó escondida en la montaña. Ella y varias mujeres más con sus hijos escaparon al monte luego de que desconocidos quemaron al menos cuatro casas indígenas entre el sábado y el domingo.
El rancho donde hablaban era uno de los levantados en las últimas dos semanas, cuando indígenas entraron en fincas de “blancos” que estarían ilegalmente dentro del Territorio,
en lo que la comunidad califica como “usurpación”. Esas “recuperaciones”, que los no indígenas consideran “invasiones”, detonaron la reacción agresiva de los finqueros.
La delegación del Gobierno dialogó con los indígenas y les comunicó los acuerdos que habían logrado a medianoche, con representantes de los finqueros, acuerdos que habían permitido el levantamiento del bloqueo.
Al cierre de esta edición, los detalles todavía no son conocidos, pero incluyen la intervención del Catastro Nacional para identificar con precisión las fincas no indígenas dentro del Territorio, con el fin de definir su situación. Zúñiga confía en que el proceso iniciado ahora permita solucionar un conflicto que se ha agravado durante décadas.
El gobierno celebró el levantamiento del bloqueo y manifestó en un comunicado que en la zona habrá más policías, que investigará quiénes fueron responsables de los incendios y que fue restablecido el servicio de agua a las comunidades indígenas, cortado durante la protesta.
“Para el Gobierno de la República este acuerdo pacífico representa el primer paso de un proceso de recuperación de tierras que sea respetuoso de la Ley Indígena, las normas internacionales y la jurisprudencia”, dijo el comunicado.
Sin embargo, en el Territorio la situación es todavía más compleja. Eduardo Hurtado, un indígena bribri, se mantenía en firme al frente del retén a la entrada de Salitre. Para él, es esencial que el Gobierno garantice que mantendrá un puesto policial fijo en el Territorio, que saquen a quienes “siguen agrediendo indígenas” y que haya un compromiso de que no van a ser desalojados.
Para uno de los finqueros, José Vidal, una condición básica para un acuerdo es que cesen “las invasiones” de los indígenas a las tierras que los finqueros consideran suyas, dentro del Territorio.
Hurtado insiste en que el martes 8 de julio los “blancos” mantenían bloqueos y actitudes agresivas en otras comunidades montaña arriba dentro del Territorio. El Gobierno y la Policía intentaban confirmar la versión.
