Ante una solicitud de información que inicialmente había sido negada, una semana antes del inicio de segundo semestre lectivo, la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica accedió a entregar al estudiante de Derecho Arturo Ulloa las evaluaciones del desempeño de docentes de esa Facultad, entre otros datos solicitados.
En abril, tras una manifestación de alrededor de 100 estudiantes que demandaban información sobre los nombramientos de sus profesores, el decanato de la Facultad de Derecho resolvió, en conjunto con la representación estudiantil, crear una “Mesa de trabajo de alumnos” que, en adelante, aconsejaría cuál profesor asignar a cuál curso.
Sin embargo, inicialmente la Facultad de Derecho negó a los estudiantes de la “Mesa de Trabajo” ―en la que Ulloa participa― una solicitud de información sobre sus profesores, solicitud que incluía, además de los resultados de las evaluaciones, el curriculum vitae, salario, quiénes habían aprobado cursos de didáctica universitaria, entre otros datos.
Durante las pasadas vacaciones, el decano de la Facultad de Derecho, Alfredo Chirino, elevó la solicitud de los estudiantes a la Asamblea de Facultad con base en pronunciamientos de la Vicerrectoría de Docencia sobre casos anteriores donde no se recomendaba la divulgación de las evaluaciones de los docentes.
En el oficio VD-1853-2014, el vicerrector de Docencia, Bernal Herrera, indicó que “cualquier publicación de esas evaluaciones, sin el previo consentimiento del interesado, sería una clara violación a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales”.
La Asamblea de Facultad conoció los argumentos de los estudiantes, pero rechazó su solicitud de información conforme al criterio de Herrera, advirtiendo el riesgo de cometer un delito al difundir los datos que pedían.
Ulloa defendió su solicitud con base en jurisprudencia reciente de la Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
CAMBIO DE PARECER
Pese a su criterio inicial, la Vicerrectoría de Docencia solicitó a la Oficina de Recursos Humanos y al Centro de Evaluación Académica algunas informaciones que demandaban los estudiantes en su petición, como los salarios, categoría en régimen académico y el resultado de las evaluaciones de sus profesores, como indica el Cuadro 1.
Chirino explicó que “en el caso del salario o de la jornada en régimen académico, sí son informaciones públicas pero deben ser entregadas por las autoridades competentes que recopilan la información (…) lo que finalmente hizo la Vicerrectoría”.
El currículum y las evaluaciones de los docentes sí contienen elementos personales, aclaró el Decano, de manera que se necesita su aprobación para divulgarlos.
La Facultad de Derecho cuenta con, al menos, 200 profesores en cada ciclo lectivo.
Ulloa no ha sido notificado del cambio de criterio de la Vicerrectoría de Docencia. “Me parecería excelente que cambiaran de criterio y se evitaran una bochornosa condenatoria de la Sala Constitucional”, aseguró.
El recurso ya fue admitido por la Sala, según el representante estudiantil, y se está a la espera del informe que debe rendir la Facultad de Derecho y la Universidad de Costa Rica contra quienes se planteó el proceso.
“No tengo noticia de su existencia, ni he sido notificado de ninguna gestión oficialmente”, aclaró el Decano de la Facultad.
Se intentó conocer las razones del cambio de criterio de la Vicerrectoría de Docencia, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
