El gobierno de Arias y su ministro Leonardo Garnier han pasado a la historia como uno de los más nefastos para la educación. Examinemos sólo algunos ejemplos.
En primer lugar, impulsaron una serie de reformas al Reglamento de Evaluación que, lejos de disminuir la expulsión estudiantil, la está acrecentando en beneficio de los dueños de institutos privados pues los estudiantes con problemas de aprendizaje no reciben el apoyo adecuado para mejorar sus notas y, sus padres comienzan a sacarlos del sistema regular pues no piensan enviarlos para que repitan o adelanten sólo 2 ó 3 materias. Se le abre el mercado a los dueños de esos institutos.
Por otra parte, sigue sin aplicarse el 6% del Producto Interno Bruto a la educación lo que hace que la infraestructura educativa esté en pésimas condiciones y con más necesidades, sin mencionar que se violenta abiertamente una obligación constitucional. Más aún, ni siquiera se tiene vicios de reformar dicha obligación hacia el prometido 8% del mismo PIB.
Casi como un insulto a la inteligencia de los educadores, aparece en sendos espacios publicitarios que el pago que equipara a los profesionales, es un logro del gobierno, cuando es notorio y público que fue producto de una huelga de más de tres semanas durante el 2008.
No existe ninguna definición del gobierno actual con respecto a las adecuaciones curriculares a los estudiantes con necesidades educativas especiales, es decir, no existen materiales, capacitación, personal de apoyo que ayuden en la labor de garantizar el derecho a la educación de esa población, tampoco se ha emitido el reglamento que regule el máximo de 25 estudiantes por sección que garantice mejores condiciones de estudio.
El plan asistencialista de becas, comedores y transporte sigue siendo a “cuenta gotas”, llega muy tarde cuando los estudiantes ya han salido de la institución y, sin que la población se entere, ha sido recortado en muchos casos a la mitad del monto original.
La capacitación y la actualización docente sigue siendo inexistente y, en el mejor de los casos, se ha hecho en forma improvisada y menoscabando la labor docente, como ha sucedido con los profesores de inglés que les exigen que enseñen la conversación de ese idioma, sin laboratorios, sin materiales y además, para un examen de bachillerato que sólo evalúa comprensión de lectura.
Se impulsan reformas en evaluación en forma improvisada y sin consulta a los docentes que son los que trabajan todos los días en el aula, e igual sucede con los planes de estudio, como ocurre con la educación cívica, en donde se establecen talleres prácticos pero con exámenes memorísticos.
Se atiende a los educadores en pésimas condiciones y ni siquiera se cumple con el derecho del trabajador y deber patronal de pagar en forma cumplida y completa el salario, ni siquiera se entrega desglose del salario, como corresponde, llenando de angustia a miles de hogares que dependen del trabajo de los educadores, en donde la gran mayoría son mujeres y, muchas de ellas, jefas de hogar.
Para colmo, se firma un acuerdo para el aumento al sector no-profesional de la educación que, sin duda es una vergüenza pues no está ni cerca del aumento proporcionado para el sector profesional, ni a la igualdad con respecto a lo que ganan esos mismos trabajadores en el sector privado. En medio de la crisis es el sector que menos gana y, ahora, con el peor acuerdo de aumento de salario: sólo 2,44% pagadero hasta septiembre y otro tanto igual para enero.
Lamentablemente, todo lo anterior con el cómplice y complaciente silencio de la dirigencia actual de la APSE, que otrora se ha destacado como organización de trabajadores luchadores pero que hoy parece tener un rumbo muy cercano al ministro Garnier. En el próximo Congreso Nacional de APSE esperamos que triunfe la Alternativa y retome el rumbo de lucha y denuncia.
