El sábado 20 de marzo en Sardinal de Carrillo, Guanacaste (el pueblo disidente) se llevó a cabo la primera sesión de consulta destinada a que la empresa INYPSA, haga los diseños para el Plan Regulador del cantón.
La invitación al evento se hizo bajo recomendación de la municipalidad de Carrillo; en la actividad participaron inversionistas, miembros de ASADAS e integrantes de Asociaciones de Desarrollo de comunidades vecinas.
Se aclaró a las y los vecinos de Sardinal, las y los pocos que se hicieron presentes, que no se trataba de una actividad inclusiva y que la idea era llevarla a cabo vía representantes. Después de una discusión sobre criterios de participación INYPSA insistió en desarrollar la actividad, a pesar de la solicitud expresa de postergarla con el propósito de hacerla de manera más ampliada.
Y es que la metodología que utiliza INYPSA garantiza que un plan regulador se constituya en una vía mediante la cual quienes disponen de poder político y económico se repartan el codiciado pastel del territorio. En primer momento, porque el concepto de participación ciudadana que sustenta dicha metodología se reduce únicamente a la posibilidad de opinar sobre aspectos aislados del desarrollo, negando toda oportunidad de una construcción conjunta entre técnicos y vecinos, cuyo esfuerzo complementado podrían concebir una manera más adecuada de dar orientación al mismo. En segundo término, existen proyectos y procesos institucionales que operan en detrimento de poder propiciar un manejo idóneo del territorio, debido a que se mantienen al margen de todo Plan Regulador. Una muestra: el acueducto que se pretende construir en Sardinal para abastecer proyectos turísticos en Ocotal y el Coco, que resulta incoherente con la estructuración de un Plan Regulador acertadamente dirigido a ordenar el territorio.
En tercer término, directa o indirectamente, se solicita opinión a las personas sobre aspectos del desarrollo que ameritan de un mínimo de conocimiento técnico. Por ejemplo, si se discute acerca de qué se quiere y dónde se quiere, no se brinda información sobre conocimientos de primer orden como zonas de vulnerabilidad hídrica, asuntos relacionados al uso del suelo, existencia de mantos acuíferos, sectores de riesgo de emergencias, etc. Entretanto, para la mayoría de inversionistas esto no representa ningún problema, ellos construyen donde haya posibilidad. El único criterio que siguen con recelo y abnegación está asociado a la rentabilidad. El tema ambiental o las vulnerabilidades nunca han sido objeto de preocupación, la realidad del cantón de Carrillo así lo constata. El dinero gratifica más que el orden. Un Plan Regulador, como el que se pretende no es otra cosa que una imposición que se piensa y se diseña desde arriba, con mentes y sensibilidades de oficina, ajenas y distantes de las personas que viven propensas a sufrir sus consecuencias en el campo y desde abajo.
La posibilidad de pensar el Desarrollo Sostenible como un proceso que nace y crece hacia arriba iniciándolo en el seno de las comunidades, es inexistente desde la metodología que practica INYPSA. Así entendido, el Plan Regulador promete romper el sentido de lo comunitario, porque resignifica negativamente los espacios. Les otorga diferentes valores de uso y con ello contribuye a que sean percibidos como ajenos. Destruye el sentido de pertenencia que guardan los pobladores de cara al sitio que los acuna y los afectos que han depositado en este. De manera que un Plan Regulador no solo puede distorsionar un espacio físico, sino que incide en la ordenación compleja, pero propia de la naturaleza humana, del territorio simbólico compartido por una población que se define como COMUNIDAD.
