Errores en normativa vigente impiden comercialización del producto nacional, pues incentiva la importación. Agricultores planean manifestación ante Ministerio de Agricultura.

El sustento de miles de familias de la Zona Sur que dependen del cultivo del frijol está en riesgo, pues desde mediados de febrero la sexta parte de la producción, cerca de 9.000 quintales del producto, por un valor de ¢279 millones, permanecen en bodegas de los productores, ya que no consiguen compradores.

La razón para ello no tiene que ver con ningún cuestionamiento a la calidad, sino a portillos que quedaron en el reglamento de la Ley 8763 Requisitos de desempeño para la Importación de Frijol y Maíz Blanco con Arancel Preferencial en caso de Desabastecimiento, de setiembre del año pasado. Se trata de una iniciativa que contempla exención de impuestos para la importación de ambos productos, la cual es aplicable a los intermediarios industriales que participen de la compra del producto nacional de previo a la declaratoria de desabasto.

Según explicó Alexis Bermúdez, presidente de la Asociación de Productores de Concepción de Pilas, el reglamento que el Gobierno promulgó para esa ley contiene varios puntos que les perjudicaron. En primer lugar, un transitorio del reglamento estableció como parámetros para asignar la cuota de importación de frijoles a los industriales, el tamaño de sus inventarios del producto y su porcentaje de participación en el mercado nacional. “Nosotros solicitamos que se tome en cuenta también la compra directa a los productores de cada región, tanto la Brunca como la Norte”.
Los otros cambios al reglamento de la ley que los productores requieren del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), tienen que ver con que se haga una declaración fraccionada de desabasto. Normalmente esa declaratoria se hace en dos momentos del año y se espera que la primera no se haga durante la primera mitad del año, según se informó en la oficina de prensa del Consejo Nacional de Producción (CNP), aunque los productores habían manifestado a UNIVERSIDAD que la esperaban en marzo.
Las propuestas de los agricultores buscaban que tras esa primera declaratoria de desabasto, los beneficios fiscales a la importación se aplicaran a quienes hubiesen comprado frijol específicamente en la Zona Sur, pues en esa región la cosecha se da unas semanas antes que en la Norte y vive una situación más apremiante en cuanto a la calidad del producto.
Por otro lado, también solicitaron la eliminación de los “castigos” a quienes no vendan frijol de primera calidad, pues “nuestro producto sale de primera pero con el tiempo pierde calidad y por eso dicen que no nos lo compran, sobre todo con una variedad de frijol rojo, pero se trata de una excusa más para no comprarnos”, según detalló Freddy Morera, presidente de la Asociación de Productores de Veracruz de Pejibaye de Pérez Zeledón.
Morera también indicó que se había solicitado que el CNP se estableciera como árbitro entre productores e industria, para que resuelva las diferencias en cuanto a la calidad del producto.
Sin embargo, al cierre de edición, el malestar de los productores era evidente, pues:  “lo único que nos dieron fue la derogación del transitorio, ahora tomarán en cuenta las compras directas a los productores, pero los datos que tienen son de compras anuales en todo el país, no nos dan el reconocimiento fraccionado en cada región”, manifestó Morera quien además confirmó que no lograron del Poder Ejecutivo ninguna de las otras propuestas, por lo que el miércoles 17 planean manifestarse ante el MAG.
Mientras tanto, los productores de frijol de la Zona Norte enfrentan un problema similar (Ver nota “Brotes de descontento caldean la Zona Norte”).
UNIVERSIDAD envió por correo electrónico varias preguntas a la oficina de prensa del MAG, en busca de una posición institucional al respecto. La recepción de ese correo fue confirmada  durante la Semana Santa; sin embargo, al cierre de edición no se contó con respuesta.

COMPETENCIA DESIGUAL
 
De acuerdo con Bermúdez, el problema actual “no es nada nuevo, con todas las cosechas nos quedamos con parte del producto que no se vende, porque no se hacen las cosas que se tienen que hacer a tiempo”.
Indicó que cuando inició el Plan Nacional de Alimentos, el año pasado, los productores plantearon al Gobierno que un aumento en el área de cultivo implica también la necesidad de determinar el tamaño del mercado existente. “La cosecha pasada tuvimos un remanente de 7.000 quintales que fue adquirido por el CNP”, indicó al respecto.
Fue en ese contexto que apareció la Ley Requisitos de desempeño para la Importación de Frijol y Maíz Blanco con Arancel Preferencial, en caso de Desabastecimiento, con los mencionados problemas en el reglamento.
Según dijo, los productores de la zona, cuyas asociaciones se unen bajo la bandera de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), sostuvieron el 1 de marzo una reunión con Javier Flores, jerarca del MAG, y otros funcionarios en su despacho. “Él nos ofreció que hiciéramos todos los cambios que quisiéramos en el reglamento y lo firmaría, pero empezaron a pasar los días, nos dijeron que lo tenían que enviar al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) para que lo firmaran, así como a otras instancias, hasta que el viernes 19 aún no teníamos nada, de manera que le enviamos un ultimátum, para que corrija el transitorio”.
Ese ultimátum fijó el día 22 de marzo para que el Poder Ejecutivo emitiera los cambios solicitados al reglamento de la mencionada ley. Sin embargo, al llegar esa fecha aún no contaban con una respuesta satisfactoria.
Poco después recibieron del MAG la nueva versión de ese reglamento, en la cual se eliminó el mencionado transitorio que establecía que para la primera declaración de desabasto del año se tomaría en cuenta únicamente la participación en el mercado y el tamaño de los inventarios de bodega de las empresas, para optar por los beneficios arancelarios a la importación.
Bermúdez indicó que “una de las situaciones más preocupantes es que se ha dicho que nuestra producción es muy cara y que eso afecta al consumidor, pero el industrial compra en el exterior el frijol muy barato, lo trae, lo empaca y lo vende al precio nacional, mientras tanto no hay un estudio de mercado que especifique el precio al que compran comparado a cómo lo venden”.
El productor aclaró que “algunos industriales sí nos apoyan, incluso alguno ya superó su cuota de compra de producto nacional; si todos tuvieran esa actitud, no habría frijol estancado”. Recordó en ese sentido que el 20% del frijol que se consume en el país es producción nacional, mientras que el 80%  es importado.
“Se supone que se tiene que comprar todo el frijol costarricense para importar, el problema es que al quedarse varado el producto pierde calidad porque se endurece, entonces lo pagan como un frijol de segunda y no sabemos si pasa al consumidor como de primera calidad, con base en lo que se ve en el mercado, pues en todo lado se ve frijol de primera”, subrayó.
 Según dijo, algunos industriales expresaron su intención de comprar más frijol en el Sur, “si el Gobierno declara específicamente un desabasto de 7.000 toneladas aquí en el Sur, pues acceden al beneficio de importar sin impuestos, pero con las condiciones actuales sienten que no les sirve, pues el que no compra aquí tiene el mismo derecho al importar sin impuestos”.
Sobre las condiciones de competencia del productor nacional contra el frijol importado, Bermúdez indicó que el precio del quintal de los agricultores nacionales ronda los  ¢33.000, “con una utilidad mínima”. Mientras, importarlo de China, aún con un arancel del 30%, cuesta ¢27.000.
Sin embargo, China no es la única competencia que enfrentan. El agricultor añadió que en Nicaragua hay organizaciones no gubernamentales (ONG) que aportan ayuda a la producción y terminan subsidiando el frijol. “Aquí se reporta el quintal traído de Nicaragua a ¢22.000, pero la realidad es que allá se vende a ¢16.000. Entonces algunos industriales tienen compradores allá, traen el frijol con un costo menor al que declaran y a la hora de competir en el mercado, el punto de equilibrio promediado entre lo que pagan por ese frijol y, por ejemplo, el chino, da un precio muy bajo”.
Bermúdez destacó las compras que en la zona han hecho empresas como Horti Fruti o Maquila Lama, “pero hay otras que pueden comprar hasta 25.000 quintales en Nicaragua y nada aquí”.
Por su parte, Morera enfatizó que a partir de la puesta en marcha del Plan Nacional de Alimentos se aumentó la producción: “Se ha agravado la situación, ya tenemos dos cosechas seguidas con problemas, pues se aumentó la producción sin resolver la comercialización, hay más oferta y encima hay productores con precios más bajos porque recibieron subsidios, me refiero a que los parceleros del IDA recibieron ayudas que nosotros no. No tenemos nada en contra de ellos, pero no nos aportaron nada a quienes provenimos de las zonas tradicionales de cultivo”.
Según dijo, el ministro Flores tiene notas que se le hicieron en este sentido, “pero simplemente no las tomaron en cuenta, a los productores nos subestiman, es como si no tuviéramos derecho a opinar y simplemente debemos esperar lo que se nos imponga”, señaló.
Morera apuntó que “han creado un canibalismo entre los productores, los del IDA si tienen que vender a precios más bajos lo hacen, es una competencia desigual pues nuestros productores tiene costos reales y tienen que invertir más”.
El productor criticó al Gobierno pues “no ha dictado políticas claras, no siento el deseo de arreglar esto, cada vez me convenzo más de que hay intereses de por medio y que así se dictan las políticas. La industria no tiene la culpa porque aprovecha las ventajas que encuentra, es el Gobierno el que debe marcar el camino”.
Sobre la competencia que significa el producto importado, con indignación apuntó: “No podemos competir contra injusticias sociales, no vamos a poner a nuestros productores a competir con los salarios de China, a un padre de familia no le vamos a pagar $1 al día, como allá”.
Tras señalar que los 9.000 quintales aún son aptos para el consumo humano pero  “no sabemos cuánto tiempo más aguantan”, Morera sentenció: “Siempre creí que el MAG era para defendernos a los agricultores, pero más bien tenemos que defendernos del Ministerio”.
Por su parte, Fernando Rivera, coordinador de la Cátedra de Desarrollo Rural Territorial, de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional (UNA), señaló que la presente situación “es bastante crítica, los productores y sus familias dependen de los ingresos de la cosecha”.
Sobre el hecho de que el 80% del frijol que se consume en Costa Rica sea importado, explicó que se debe “básicamente a que las políticas agrícolas del Estado no han apoyado a la producción nacional, sino que lo que ha dominado son criterios políticos que buscan facilitar la importación, por eso los agricultores nacionales no han tenido respaldo ni apoyo del Gobierno para impulsar la producción”.
Según dijo, la asistencia técnica a los productores se ha mantenido gracias a la iniciativa y empeño de algunos funcionarios del MAG en el nivel local en algunos sitios, pero hoy hay menos créditos para financiar la producción.
“En los programas de Gobierno, incluido el de la próxima administración, no se implementan políticas de seguridad alimentaria y desarrollo rural, sino políticas macroeconómicas sin programas específicos”, criticó.
El especialista, además, apuntó que “al asumir que lo importante es que la población tenga acceso al frijol sin importar de dónde venga, se establece una política dirigida al favorecimiento de los importadores, quienes compran el producto muy barato y lo venden al mismo precio de mercado, así que no hay beneficio para los consumidores”.
Al preguntársele sobre el desarrollo futuro de una actividad que se ve afectada tanto por contradicciones internas como por la desigual competencia del producto importado, Rivera apuntó que “depende en gran medida del tipo de organización que estructuren los productores y la fuerza de movilización que puedan generar para luchar por sus demandas; es fundamental que puedan canalizar sus iniciativas a través de sus organizaciones para que el Gobierno responda favorablemente”.
Rivera concluyó que “las instituciones públicas y las universidades debemos hacer frente común con ellos, pues se trata de un tema importante de seguridad alimentaria: fomentar la producción y que ésta llegue a los consumidores”.

El drama de los productores

Óscar Segura, presidente de la Asociación de Productores de El Águila, de Pérez Zeledón, señaló que además del “gran problema” de tener los frijoles acumulándose en las bodegas, “por fuera de las asociaciones, más al Sur, hay personas que están tirando el quintal a ¢25.000; esa desesperación del productor nos perjudica, pues recibimos reclamos por un precio de ¢31.000”.
Segura detalló que en promedio cada agricultor trabaja unas tres hectáreas, de las cuales puede producir entre 80 a 100 quintales. “El problema es que no todos tenemos tierra, se trabaja en terreno ajeno y se entrega al dueño la cuarta o tercera parte de lo producido, o a veces hasta la mitad. De esa manera, nuestra estructura de costos incluye el alquiler de tierra”.
El productor explicó que la cosecha de la zona empezó a salir en diciembre y en enero se hicieron las primeras ventas, “los industriales que se animaron a venir a comprar llenaron su cuota, el problema es con los que no han venido”.
“La empresa Horti Fruti nos ha comprado desde hace 12 años, se pone de acuerdo con las asociaciones locales y reparte su compra entre todos. En febrero sacamos algunos camiones de producto, pero luego se estancó todo. Las empresas que nos habían comprado nos explicaron que no podían comprar más y llamamos a las otras pero nos dan excusas. Están a la espera de la declaratoria de desabasto para poder importar”, indicó.
Con pesar, Segura recordó que cada día que pasa el frijol se pone más duro. “El calor de la zona sumado a que las bodegas no tienen condiciones para almacenar por largo tiempo el producto, juegan en nuestra contra”.