Si no se le da un carácter prioritario a la búsqueda de soluciones para la contaminación de las cuencas hidrográficas y las fuentes de agua, el abastecimiento de este líquido será un problema medular para la población costarricense en los próximos años.
El río Torres es contaminado por los habitantes del área metropolitana de San José y después se une al Grande de Tárcoles, que lleva los desechos del Valle Central hasta las aguas del Golfo de Nicoya.
Debido a las actividades contaminantes, a la mala planificación territorial, y a una utilización de tipo extractiva, las fuentes acuáticas indispensables para satisfacer las necesidades «hacen agua» en cuanto a calidad y cantidad, con los consecuentes riesgos para la población del país.
Si no se toman medidas correctivas, en un futuro cercano Costa Rica podría experimentar problemas similares a los de otras naciones, en donde el recurso hídrico no es tan abundante, advirtieron expertas de la Universidad Nacional en Heredia (UNA).
«A pesar de que la población costarricense es altamente dependiente de las aguas del subsuelo, las prácticas actuales de manejo de los recursos hídricos no garantizan que todos contarán con agua de calidad aceptable en los próximos 25 años», dijo la investigadora Jenny Reynolds Vargas, del Laboratorio de Hidrología Ambiental de la UNA.
Ella, junto con Sandra León, del Laboratorio de Química Marina; y Viviana Salgado y Ana Cristina Benavides, del Laboratorio del Recurso Hídrico, dieron detalles de algunas investigaciones que realizan para la citada universidad, tanto en fuentes de agua dulce como marina.
Es precisamente en las zonas costeras, donde la preocupación de las expertas se centra, ya que el auge del turismo, el crecimiento de la población en esas franjas, y el uso descontrolado de las aguas subterráneas, podrían provocar desabastecimiento en pocos años.
Un deterioro similar prevén en las aguas del Golfo de Nicoya y lugares aledaños, en razón de la alta contaminación que allí se experimenta, ocasionada principalmente por las descargas del río Grande de Tárcoles, el cual funciona como una «gran cloaca» del Valle Central.
Justo en el Gran Área Metropolitana (GAM), con una extensión que apenas representa el 3% del territorio nacional, vive el 50% de la población del país y allí más de un millón de personas depende de las aguas subterráneas, puntualizó Reynolds.
CONTAMINACIÓN POR DOQUIER
De acuerdo con Reynolds Vargas, los ríos enfrentan contaminación fecal, orgánica, metales pesados, agroquímicos, y otros elementos, lo cual hace que ese líquido en zonas urbanas o semiurbanas, sea inútil para el consumo humano, irrigación o recreación.
A igual peligro están expuestos los depósitos acuíferos subterráneos, que en el futuro están llamados a ser las principales fuentes de abastecimiento para el consumo humano.
Desde hace seis años, estudios del Laboratorio de Hidrología Ambiental identificaron 30 mantos acuíferos que están bajo riesgo por diferentes actividades humanas. A ellos se han sumado otros en los últimos años, especialmente algunos en las zonas costeras del Pacífico Norte y Central.
En los del Valle Central, el deterioro obedece principalmente a desechos generados por los humanos y los industriales de todo tipo.
Un factor que acrecienta la vulnerabilidad de los acuíferos que abastecen a los habitantes del GAM, es que la mayor parte son relativamente superficiales y los materiales geológicos son muy permeables. Ello hace que cerca del 30% de la lluvia caída se infiltre y arrastre sustancias tóxicas, así como microorganismos potencialmente nocivos para la salud humana.
Es por eso que algunos estudios de la UNA están dirigidos a indagar las condiciones y características generales de los acuíferos que están sobre las faldas del volcán Barva (norte de Heredia), cuyas aguas son afectadas por los residuos de químicos empleados en las actividades agrícolas.
Otro de los males que enfrentan dichos mantos, es la creciente construcción de viviendas, que con sus tanques sépticos contaminan con nitratos las aguas subterráneas, al poseer estas sales una capacidad mayor de infiltración que los microorganismos y ser muy solubles en agua.
DEGRADACIÓN COSTERA
En cuanto a la importancia de la calidad de las aguas -tanto marinas como las dulces para consumo humano-, la experta Sandra León destacó la enorme riqueza biológica que generan los ecosistemas asociados al Golfo de Nicoya.
De allí la necesidad de contar con aguas de adecuada calidad, no solo las propias de ese golfo, sino también las de los ríos que desaguan dentro o en sus inmediaciones, pues de lo contrario todos los sistemas biológicos y la cadena alimenticia se ven afectados.
«El Golfo de Nicoya está sujeto a flujos de materiales indeseables, que se movilizan por las cuencas hidrográficas desde el continente: flujos que transportan aguas negras, desechos de industrias, materiales provenientes de la actividad agrícola y de las ciudades», detalló León.
En este sentido, el río Grande de Tárcoles es mencionado como el contaminador número uno del Golfo de Nicoya y otros sitios costeros contiguos. Para perderlo -dijo- «solo falta tiempo, si no se interrumpen los procesos de degradación que ya son evidentes», acotó.
Para León, «el agua subsidia la economía costarricense cuando en la tarifa hídrica no se carga el valor de los beneficios ambientales, y también cuando no se cobra a los sectores productivos y de servicios, la descarga de los desechos sin tratar a los cuerpos de agua». Puso como ejemplo claro de esta situación, la destrucción que padece el referido estuario.
Las consecuencias por la pérdida de calidad de estas aguas, en términos económicos se traduce -por ejemplo- en disminución del turismo, y en dificultades mayores para que los pescadores puedan obtener sus productos.
Ella calcula en $223 millones anuales (más de ¢81.000 millones), los costos ambientales del Golfo de Nicoya, por los impactos que origina la contaminación de las cuencas de los ríos, Tempisque, Grande de Tárcoles y Barranca.
Mientras tanto, calculó en $86 millones el monto que se invierte en acciones de recuperación ambiental. «Esto quiere decir, que le estamos debiendo al ambiente casi $140 millones»; lo peor es que algunos procesos de degradación son irreversibles, lamentó.
Respecto a eventuales soluciones, Reynolds propuso aplicar la legislación existente, controlar las actividades humanas, definir y poner en práctica las políticas y mecanismos institucionales que propugnen un manejo sostenible de los recursos hídricos, y sobre todo: convertir el agua en una prioridad nacional.
Dentro de este reto por optimizar el uso del agua, la UNA desarrolla un proyecto de gestión ambiental comunitaria, destinado a salvar la Quebrada Salitral, en Las Vueltas de La Guácima de Alajuela.
Ana Cristina Benavides y Viviana Salgado dieron detalles sobre este plan comunal, el cual consta de diversas actividades, como construcción de mapas de la microcuenca, ubicación de fuentes de contaminación, escuela ambiental, mediciones de variables ambientales de la quebrada, capacitación en temas relacionados con la problemática, y microempresa ambiental.
