En medio de la tensión fronteriza surgida tras la deportación de ciudadanos colombianos que el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó la semana pasada, un contingente de 180 militares arribó el pasado lunes 31 de agosto al estado Táchira, en la frontera con Colombia, en aviones Hércules de la Fuerza Aérea Venezolana.
El grupo de efectivos son parte de los 3.000 militares que Maduro ordenó desplegar en la zona de seguridad 2 de esta área, que abarca los municipios Ayacucho, García de Hevia, Lobatera y Panamericano.
Mientras tanto, el gobierno venezolano inició un censo en esa conflictiva región, donde se mantiene un cierre indefinido de la frontera con Colombia y persiste el estado de excepción decretado por el presidente de Venezuela.
«Se crea el Registro Único para la Restitución de los Derechos Sociales y Económicos en la Frontera, con la finalidad de recabar y proporcionar información actualizada (…) la cual permitirá elaborar estadísticas oportunas y confiables que orienten la toma de decisiones», indicó el decreto 1.959 publicado en la Gaceta oficial.
El censo recabará datos sobre «población, viviendas, establecimientos comerciales e industriales, infraestructura, servicios públicos, actividades económicas y áreas agrícolas», indicó.
La medida opera en seis de los 10 municipios de Táchira sujetos al estado de excepción decretado el pasado 21 de agosto por Maduro, el cual prohíbe el porte de armas y las «reuniones públicas que no hubieren sido previamente autorizadas», y que permite allanamientos y escuchas telefónicas sin orden judicial.
El pasado 19 de agosto, Maduro ordenó el cierre de algunos pasos fronterizos, tras lo cual se deportó a un millar de colombianos (de los más de 5 millones que viven en Venezuela), y las autoridades demolieron habitaciones ocupadas por colombianos en el borde fronterizo.
La decisión fue tomada luego de un ataque a militares venezolanos, ocurrido días atrás en medio de una operación anticontrabando, y que el mandatario atribuyó a «paramilitares colombianos».
La crisis se profundizó el pasado jueves 27 de agosto, cuando ambos países llamaron a consultas a sus embajadores en medio de denuncias de violaciones de derechos humanos de los damnificados.
El conflicto se agudizó aun más el lunes 31, cuando Maduro afirmó tener pruebas de un plan para asesinarlo con «anuencia» del gobierno colombiano.
«Tengo pruebas que voy a mostrar de cómo desde Bogotá se está haciendo una campaña para matarme (…), lamentablemente con la anuencia y la vista gorda del Gobierno de Colombia», dijo Maduro en declaraciones a la televisora oficial desde Vietnam, donde se encontraba de visita.
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 km, en la que ambos denuncian la actividad de grupos irregulares que lucran con el contrabando de combustible y otros productos altamente subsidiados por el gobierno venezolano.
DECEPCIÓN
Colombia se mostró decepcionada con los organismos regionales por su posición ante la crisis fronteriza con Venezuela, luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó el pasado lunes 31 convocar una reunión extraordinaria de cancilleres y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) pospuso un encuentro similar que había convocado para el 3 de agosto.
El gobierno de Juan Manuel Santos descartó asistir a una cita en el seno de la Unasur) si ésta no tiene lugar esta semana, por considerar que luego sería tarde para tratar la situación humanitaria que ha afectado a más de 11.000 colombianos, según cifras de la ONU.
«Habíamos dicho que queríamos (una reunión de) Unasur esta semana porque queríamos hacer el debate y mostrar lo que está pasando, si esta semana no es Unasur, ya no creemos que vale la pena», dijo la canciller María Ángela Holguín.
La cita de ministros de Relaciones Exteriores de Unasur había sido anunciada por Bogotá para este jueves en Quito, sede del organismo regional, pero fue aplazada el lunes porque la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, estaba de gira con el presidente Maduro por China y Vietnam.
Según Holguín, si su homóloga no abandona la gira para asistir el jueves a Unasur, significa que «no le parece que realmente es importante lo que está pasando», por lo que el debate ante ese organismo sería aún más innecesario.
En contraste con la posición colombiana, Maduro dijo desde Pekín estar «ansioso» de que se produzca la reunión de Unasur para tratar la crisis fronteriza, y exponer las pruebas que tiene de la guerra económica contra Venezuela que – afirma – se promueve desde el vecino país.
«Sobran las pruebas de la guerra contra la economía venezolana, del contrabando, del paramilitarismo», aseguró.
Desde el cierre de los pasos fronterizos el 19 de agosto, Venezuela deportó a unos 1.100 colombianos, mientras que otros 10.000 han cruzado la frontera por temor a ser expulsados, ser separados de sus familiares y perder sus pertenencias, según detalló el pasado lunes la ONU, que llamó a Venezuela a respetar los derechos humanos de los colombianos expulsados, a la vez que se mostró «preocupada» por la situación humanitaria en la frontera entre ambos países.
Maduro justificó las deportaciones aduciendo que esos colombianos estaban vinculados al paramilitarismo, un argumento que Bogotá ha negado en reiteradas ocasiones.
El desencanto de Colombia con los organismos regionales fue señalado por Holguín en declaraciones a medios locales, donde asomó como alternativa acudir formalmente a la ONU para que aborde la crisis, sin cerrar la puerta también a un encuentro bilateral con Maduro.
«Usted ve estos organismos internacionales y usted piensa: tanta cosa y tantos recursos que cuestan y en el momento de una crisis desaparecen», dijo la jefe de la diplomacia colombiana sobre la OEA y Unasur.
«Creo que esto hay que llevarlo (a la ONU), independientemente que uno haga una reunión bilateral» con Maduro, destacó Holguín, asegurando que el mandatario venezolano ha planteado esta posibilidad a través de terceros países.
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El gobierno venezolano calificó de «inmoral e hipócrita» el comunicado de la Unión Europea (UE) en el cual aseguró que el cierre de la frontera con Colombia y la expulsión de miles de colombianos pone en riesgo la estabilidad de la región fronteriza.
«Venezuela rechaza el inmoral e hipócrita comunicado (…) que expresa, sin fundamento ni pruebas, graves señalamientos contra nuestro país asociados a la decisión soberana de adoptar medidas para combatir el paramilitarismo colombiano, el narcotráfico y los ataques sistemáticos a la economía venezolana», indicó un comunicado de la cancillería.
En el texto, el gobierno venezolano señala que son afirmaciones de «burócratas europeos que no tienen moral para inmiscuirse en asuntos bilaterales que no le competen», responsables de «colosales tragedias humanitarias en el Mar Mediterráneo».
El pasado domingo 30 de agosto, la UE aseguró que el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia y la expulsión masiva de colombianos por el gobierno de Nicolás Maduro ponen en riesgo la situación humanitaria y la estabilidad en la región.
«Se debe evitar una escalada (en el conflicto) y es necesario encontrar soluciones que respeten plenamente los derechos humanos y garanticen el bienestar de la población», declaró en el comunicado el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el órgano diplomático de la UE.
Mientras tanto, los gobiernos de Chile, Ecuador y Panamá expresaron preocupación por el conflicto diplomático entre los dos países, y Panamá ofreció mediar en busca de una solución.
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