A raíz de la centralidad mediática que ha tomado la problemática del narcotráfico y la violencia en el país, se debe señalar que, esta llamada ola de violencia, no ha surgido de manera espontánea, todo lo contrario, ha sido un problema desde incluso antes que se iniciara la presente administración presidencial; sin embargo, tal problemática fue invisibilizada en ese mismo momento.
Se entiende al Estado como el principal responsable de evitar esas situaciones, sin embargo, no ha existido una política pública congruente que se preocupe por el asunto, más bien se ha ocupado, de manera tardía y punitiva, de resolver los conflictos que conlleva desatender este tema.
En el Plan de Gobierno 2014-2018 se menciona al respecto de la Seguridad Pública, Civilista y Efectiva, que se va a enfatizar sobre la prevención, y lo complementarán con la mejora del accionar de los sistemas policiales; cosa que más bien sucede en sentido inverso, se propone el aumento de las capacidades de la policía de fronteras, guardacostas y control aéreo (se afirma que es con el fin de mejorar el resguardo del territorio y sus habitantes), es decir, se fortalecen las instituciones que desembocan en el uso de acciones punitivas para resolver los problemas sociales.
Así mismo, en el tema de población penitenciaria (tema estrechamente relacionado con narcotráfico), para resolver el problema del hacinamiento carcelario únicamente se plantea el préstamo del BID como solución, obviando por completo que las mismas políticas de reforzamiento de cuerpos policiales promueven un punitivismo rígido que a futuro incrementará la población penitenciaria. Así mismo, lo que se propone es reinserción laboral de las personas privadas de libertad, o con antecedentes penales; sin embargo, en términos reales, no se han divulgado aún las estrategias para lograr dichos objetivos. Este tratamiento laxo de la problemática del hacinamiento, ha llevado al desarrollo de situaciones como las ya cuestionadas violaciones sobre los Derechos Humanos, además de los problemas que se generan para las familias de las personas que están en conflicto con la ley, quienes cargan también el peso de tal situación y son víctimas de violencia institucional.
Del otro lado, las estrategias para mejorar las condiciones sociales de la población son focalizabas y poco efectivas para prevenir la violencia; con respecto al desempleo, en Costa Rica para el primer trimestre del 2015 era del 10,1%, a su vez el porcentaje de personas con el empleo informal fue del 45,3%; es decir, cada vez son menos las posibilidades para poder satisfacer las necesidades básicas (incluyendo aquellas necesarias para cumplir roles sociales asignados). Esto se combina con el reforzamiento de políticas represivas y de fortalecimiento policial, que desemboca en aumento la comisión de delitos patrimoniales, y por ende de población carcelaria.
Para eliminar las violencias, en específico las que genera el narcotráfico, no se puede plantear como solución primordial medidas cortoplacistas o poco estructuradas como censurar las “narconovelas”, o solicitar patrullajes conjuntos que irrumpen con la soberanía nacional. Todo lo contrario, estos problemas se deben atender generando oportunidades para que las personas en las condiciones más vulnerables pueden encontrar mecanismos de inclusión, en vez de encontrarse con soluciones que perpetúan las desigualdades, o que nos dirigen hacia un panorama aun más violento, de enfrentamientos armados en las calles costarricenses entre policía -y sus cuerpos militares de apoyo extranjero- contra delincuentes -mayormente el conocido como delincuente común, ya que los encargados del narcotráfico no están en las calles. El debate central se debe orientar hacia la generación de políticas públicas integradoras, sostenibles, viables y con orientación social para así poder solventar las necesidades sociales que garanticen mayor calidad de vida.
0 comments