Incumplimientos procesales por parte del demandante llevaron al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de Goicoechea a dar por caducado el proceso judicial contra el Consejo de Gobierno en el cual se cuestionaban el nombramiento de altos cargos en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Se trata de las designaciones de Carlos Obregón como Presidente Ejecutivo y de Carlos Quesada, Rodolfo Silva, Farid Beirute y Ruth Martínez como miembros del Consejo Directivo de la institución.
La demanda había sido presentada en diciembre del 2014 por Jorge Arguedas, diputado del Frente Amplio con amplia trayectoria dentro de los movimientos sindicales del ICE. En la misma se cuestionaba el cumplimiento de requisitos por parte de las personas nombradas.
Luego admitir el proceso, los jueces del caso le solicitaron a Arguedas documentación adicional para impulsar el juicio. La información solicitada no fue presentada en el plazo habilitado, por lo que pasados seis meses los jueces decidieron archivar la causa.
Los nombramientos cuestionados ya habían sido analizados también por la Sala Constitucional, quien no encontró roces entre los mismos y la Carta Magna.
Para prevenir otros cuestionamientos el mismo tribunal constitucional obligó al Consejo de Gobierno a que en las próximas designaciones al Consejo Directivo del ICE, previstas para junio del 2016, se realice con antelación un concurso de antecedentes para asegurar el respeto a la equidad de género.
Con la misma medida se pretende que al vencer el período del Consejo Directivo actual, esté listo el nombramiento del próximo, evitando así vacíos de poder.
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