Medidas conservadoras de socialistas europeos ponen en crisis a sus partidos

Los sindicatos griegos protestaron el pasado viernes y sábado, en una nueva huelga general, contra las draconianas medidas que le quieren imponer al país,

Los sindicatos griegos protestaron el pasado viernes y sábado, en una nueva huelga general, contra las draconianas medidas que le quieren imponer al país, para hacer frente a una deuda de unos 350 mil millones de euros que, como advierten los expertos, es impagable.

Los sindicatos, al igual que numerosos políticos y analistas, consideran que los ajustes solo pueden agravar la situación de un país que entra ya en su quinto año de recesión y que superó, en noviembre pasado, el millón de desocupados (1,02 millones), casi 50% más con respecto al año anterior.

Los partidos de la actual coalición de gobierno –los socialistas del Pasok, los conservadores de “Nueva Democracia” y la llamada “ultraderecha”, agrupada en Laos– se pusieron de acuerdo para aceptar casi todas las exigencias de la troika, integrada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE). La discrepancia se centró en la reducción de las pensiones. Curiosamente, fue el líder de Laos, Yorgos Karatzaferis, el que abandonó primero la reunión con el primer ministro Lucas Papademos, al afirmar que no podía “en una hora, tomar una decisión que condicionará el futuro del pueblo durante 40-50 años».

NAUFRAGIO DE LA ROSA

Hace tan solo tres semanas se reunió en San José el Consejo de la Internacional Socialista (IS), presidida por el exprimer ministro griego y líder del Pasok, George Papandreu (con su logo –una rosa en la mano– como carta de presentación).

El origen de esta crisis, dijo Papandreu en San José, no es financiera, sino política. Y agregó: “Son crisis provocadas por la falta de gobernabilidad democrática, por las desigualdades, por la falta de oportunidades, de transparencia, la corrupción, el clientelismo y regímenes autoritarios”. “Nuestro partido socialista –añadía– “ha estado en carrera para cambiar Grecia”, golpeando la oligarquía instalada en el poder.

Ese discurso lo pronunció el 23 de enero en San José. El 8 del mes siguiente, tan solo 16 días después, Papandreu se reunió con Papademos, su sucesor al frente del Gobierno griego, y sus socios políticos en ese Gobierno, para aprobar las nuevas y más radicales reformas exigidas por la troika: recorte del salario mínimo del 22% (reduciéndolo de 750 a 585 euros mensuales brutos) y un corte aun mayor, del 32%, en el salario mínimo para los jóvenes menores de 25 años, que quedaría en 527 euros mensuales. Montos absolutamente insuficientes para los gastos mensuales básicos en un país europeo.

Las medidas negociadas por Papandreu incluyen, además, una reducción, en el sector público, de 15 mil puestos de trabajo este año, parte de un plan para eliminar 150 mil hasta 2015.

Los tres partidos de la coalición están de acuerdo en «todos los puntos menos uno», indicó un comunicado de los servicios del primer ministro.

El punto que quedaba por resolver es «la reducción de las jubilaciones», según una fuente gubernamental. El portavoz del Gobierno, Pantelis Kapsis, explicó que para cerrar el acuerdo hacía falta realizar recortes por unos 600 millones de euros, 325 millones de los cuales deberían proceder de reducciones en las pensiones.

Todo esto cuando, luego de tres años de medidas similares de ajustes, las cifras del paro superaron, por primera vez, el millón de personas, para llegar a una tasa del 20,9%, según datos de la Autoridad Griega de Estadísticas.

Papandreu se lamentaba aquí de que su país había sido víctima de lo que llamó “capitalismo clientelista”, pidió la “regulación de los mercados” y afirmó que ellos eran “diferentes de las fuerzas conservadoras del mundo”, con las que, 16 días después, negoció lo que él mismo calificó de “draconianas medidas para salvar nuestro país de la bancarrota”.

Quizás por eso, cuando el presidente del Partido Liberación Nacional, Bernal Jiménez, saludó a Papandreu, al iniciar su discurso en el acto inaugural de la reunión de la IS, el aplauso cerrado, que era dado esperar, fue reemplazado por un silencio sepulcral.

“Mis primeras palabras –dijo Jiménez– son para felicitar a usted, señor Presidente, por la acertada forma en que condujo el Gobierno en momentos de aguda crisis económica y política, no solo mostró su gran capacidad como estadista, sino su patriotismo y amor al pueblo griego”.

Un silencio sepulcral fue la respuesta.

TAMBIÉN EN ESPAÑA

Mientras esto ocurría en Grecia, en España los socialistas enfrentaban otro desafío. Después de los peores resultados electorales de su historia, con los conservadores del Partido Popular (PP) gobernando con mayoría absoluta en el Congreso y al frente de la mayor parte de las comunidades y gobiernos locales del país, el exvicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, era elegido Secretario General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y líder de la agrupación en el Congreso.

“Necesitamos un PSOE renovado, capaz de pedir confianza”, diría Rubalcaba al solicitar los votos de sus correligionarios para ocupar la Secretaria General del partido, a dos meses de haber dejado un Gobierno que no solo atravesó la más grave crisis económica y social de los últimos años, sino que no ofreció  idea alguna que inspirara a los electores ni alternativa a las exigencias de la misma troika europea que está hundiendo Grecia. Por el contrario, aprobaron, junto con el PP, a golpe de tambor, una reforma que pone límites constitucionales al déficit fiscal, para tratar de “dar confianza a los mercados”.

“La aprobación del pacto PSOE-PP, que intenta establecer un límite al gasto público a fin de equilibrar el presupuesto del Estado, representa una medida que continuará con los enormes recortes de derechos sociales -como es la congelación de las pensiones- que están ya ocurriendo en España”, diría entonces el economista Vicenç Navarro, quien recordaba que “España tiene el gasto público social (que constituye una gran parte del gasto público por habitante) más bajo” del grupo de 15 países que integran la zona del euro: es solo el 74% del promedio.

El objetivo, como advirtió, es “privatizar los servicios públicos del Estado de Bienestar, tales como las pensiones, la sanidad, la educación, los servicios domiciliarios a las personas con dependencia, las escuelas de infancia, los servicios sociales, entre otros”. El Gobierno conservador pretendería ahora obtener 30 mil millones de euros de la venta de empresas públicas.

El resultado de todo esto es que el electorado, ante el crecimiento imparable del desempleo –que llegó a más de cinco millones de personas, casi 25% de la Población Económica Activa– y esta realidad política, se volcó hacia los conservadores y dejó a los socialistas hablando solos, también en España.

“Lecciones, de usted, las imprescindibles”, le diría el nuevo presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, al ahora jefe de la oposición, Rubalcaba, en el primer debate parlamentario de la semana pasada, recordándole la herencia dejada por el Gobierno socialista.

Lo que sigue es lo que el ministro de economía español, Luis de Guindos, exconsejero asesor para Europa de Lehman Brother, prometió: una reforma laboral “extremadamente agresiva”.

Quizás como la que el excanciller socialdemócrata alemán, Gerhard Schröder, impuso en 2005 en su país para abaratar el despido y obligar a los desempleados de larga y media duración a aceptar cualquier oferta de trabajo. Una medida que le ha permitido a su sucesora actual, la conservadora Angela Merkel, presumir de que hay solo tres millones de desempleados en Alemania (en un mercado laboral de 41,5 millones de personas), ocultando los 11 millones de subempleados y los 7 millones que se han acogido al programa de “miniempleos”, a 230 euros mensuales en algunos casos, lo que obliga a los trabajadores a solicitar una ayuda complementaria al Estado para poder sobrevivir.

Ante este escenario, no deja de llamar la atención el discurso que el expresidente Óscar Arias hizo también en esa reunión, titulado “La esperanza del mundo tiene forma de rosa”. El texto parece sumarse al discurso crítico de los socialistas europeos, al mismo tiempo en que aportan sus fuerzas para promover las medidas de ajuste que van hundiendo los países en crisis en otras aun más profundas, y que amenazan con lastrar todo el mundo del euro. En ese caso, con consecuencias imprevisibles para las demás naciones del mundo.

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