Lleva razón el candidato presidencial del PAC, don Luis Guillermo Solís, al proponer la declaratoria de emergencia nacional para enfrentar el estado terminal de la infraestructura vial. Somos un país colapsado y atrapado en la receta neoliberal, la apatía y la corrupción. La Ley de Concesión Pública es un ejemplo que huele mal, muy mal.
¿Cómo es posible que, luego de tres años y medio, la empresa constructora de la ruta 27 no haya entregado aún la obra por no estar finalizada? ¿Cuánto se ha embolsado desde entonces?, ¿cuánto daño ha causado tanta incapacidad? ¿Y los responsables −el señor Presidente que la “inauguró” a toda prisa, con bombos y platillos, antes de terminar su gestión, en campaña para favorecer a la actual Presidenta− dónde están? ¿Podría procesarse por tremenda barbaridad? No, ¡estamos atrapados!
Somos un país colapsado, no porque se haya hundido un trozo de la circunvalación por la desidia e impericia técnica de sus constructores y por el escaso mantenimiento del MOPT. No, porque somos un país Bailey entregado al negocio de las concesiones corruptas y dilapidadoras: el mejor ejemplo, después de la 27, es la llamada “trocha fronteriza”. Además, no cesa la venta de autos y el deterioro del servicio público para obligar a cada ciudadano a comprar uno. ¿Y la planificación urbanística? ¿Dónde están el PRUGAM o el POTGAM?
A San José ingresa más de 1 millón de personas diariamente. El 80% de ellas lo hace en transporte público, el 20% en autos privados. El 70% del espacio vial lo toman esos autos; es decir, gastamos más de 1,35 horas, en promedio, trasladándonos al trabajo. El 65% de la factura energética de Costa Rica se gasta en transporte. Pero, ¿quién saca los armatostes (¡buses!) y los camiones del casco metropolitano? ¿Quién amplía las vías, diseña pasos a desnivel, viaductos, túneles y otras alternativas como tranvías o trolebuses? ¿Las municipalidades, el MOPT?
Tenemos obras viales urgentes: la finalización del anillo periférico, la radial a Heredia, la ampliación de la General Cañas, la finalización de la Florencio del Castillo en Curridabat (¡somos el único país de América donde la Interamericana, de repente, se acaba!), ampliación de puentes, etc. Pero los complejos trámites, la falta de voluntad política y los “recursos limitados” las posponen indefinidamente. Y el caos vial en aumento con el crecimiento de la flotilla vehicular. ¡Colapso inminente!
Algunos alcaldes toman medidas: el de Cartago ordenó hacer “ciclovías” y angostó las calles de la ciudad con una suerte de alamedas que no sabemos si son para peatones o bicicletas. Recientemente, el de San Pedro de Montes de Oca lo imitó: dividió algunas calles por la mitad con una línea blanca; se supone que el lado derecho es para ciclistas. ¿Ocurrencias o cartagadas? Lo cierto es que en Cartago ya no se puede transitar y en Montes de Oca mucho menos porque, además, día con día, lo topos del AyA hacen hoyos por doquier y los rellenan con tierra y ripio, ¡en pleno invierno!
Nadie discute la necesidad de crear ciclovías y paseos amplios para peatones, como toda ciudad que se respete y que piense más en el ser humano que en la máquina. Pero lo que hicieron estos señores, o el actual candidato presidencial de Liberación Nacional en San José con su malhadado barrio chino, incrementa el problema si no se levantan nuevas vías, se amplían las actuales y se ordena el tránsito pesado para favorecer al auto pequeño y al peatón en el centro de las ciudades de la GAM y de todo el país. Porque el caos es nacional.
Estamos colapsados y atrapados sin salida. No vislumbramos solución. Los problemas aumentan y nadie plantea medidas serias y concretas. Hasta ahora, repito, solamente el señor Solís propuso algo coherente. Pero el gobierno ni se inmutó, siguió con su campaña publicitaria (casi escribo electoral). Estamos condenados al caos y a la anomia si no ordenamos pronto el crecimiento urbano y el transporte masivo de personas. ¿Por quién va a votar?
