La autonomía universitaria es una conquista de Occidente que tomó siglos en generarse y que no afecta únicamente a la universidad sino a la sociedad entera.
Es un mecanismo que protege el ámbito de la educación y el conocimiento de abusos de poder y permite, en un ambiente de tranquilidad, el desarrollo del pensamiento, la discusión abierta, la propuesta no condicionada por el poderío económico o político, la transferencia de las innovaciones y el trabajo con distintos grupos sociales.
Los constituyentes de 1949 se sumaron a una corriente de pensamiento universal que defendía la libertad del trabajo intelectual, la transferencia de conocimientos y aceptaron un modelo de universidad para el país refrendado por el movimiento de Córdoba, Argentina, en 1918. Legitimaron así una estrategia que ya estaba planteada en la Constitución de 1871 y el modelo propuesto por el chileno Luis Galdámez (y un grupo progresista de costarricenses ) en su libro La Universidad Autónoma, base de la Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica aprobada en 1940.
Durante decenios – afirma el jurista Walter Antillón- se consolida la idea de la autonomía del campus. Son setenta años de respeto, de no incursión policial, de coordinación entre las autoridades y la institucionalización de fuerzas de policía nombradas y controladas por la Universidad que han actuado de común acuerdo en todos los pocos conflictos que se han dado históricamente. Ha existido un convenio entre las autoridades del Estado y las académicas que regula las relaciones y los apoyos mutuos y que ahora se ha roto injustificadamente. Existe una construcción discursiva, una costumbre institucional que se respeta, se regula y que va más allá de la letra misma, que funciona, como ley consuetudinaria, en la mentalidad colectiva.
Si la autonomía dada por la Constitución Política a la Universidad de Costa Rica en 1949 se ha respetado en 70 años de historia, deberíamos preguntarnos por qué se rompe de manera tan agresiva y violenta en este momento. ¿Impericia o falta de comunicación de las autoridades que regulan los cuerpos represivos? ¿Falta de control, inexperiencia de una juez y toma de decisiones de efectivos del OIJ que no tienen la potestad para hacerlo?, ¿ Como se dijo irónicamente en una de las informaciones “demasiada televisión” con malos ejemplos?, ¿Un cambio más hacia un régimen donde la fuerza puede más que el pensamiento y el diálogo?, ¿Un irrespeto a la Constitución y a los valores democráticos?
La UCR aprovecha muy bien la inversión del Estado, la pondera, multiplica, la redistribuye y la impulsa.
Rinde cuentas con honestidad y transparencia, es ética y crítica y reconoce un papel histórico que se vuelve aún más pertinente en un momento en que se lucha por una sociedad del conocimiento, donde se proyecta al infinito la información y donde la comunicación nos conecta con el mundo al instante. Hemos formado miles de profesionales y queremos seguir formándolos integralmente como personas humanistas, con capacidad, comprometidas y éticas. Hemos generado el conocimiento y la gestión necesaria para avanzar, hemos luchado por un país más libre, más justo y más democrático. Y lo hemos hecho porque hemos defendido dignamente nuestra independencia de criterio, nuestra posibilidad de disentir, de actuar y de compartir con toda la sociedad, porque hemos defendido nuestra autonomía y nuestro convencimiento de que la violencia no es la vía ni para la paz, ni para la justicia, ni para el pensamiento libre y democrático.
La Universidad de Costa Rica respeta y defiende la Constitución y las leyes de la República, lucha por los valores de democracia, paz, y, por supuesto por la institucionalidad. Como lo ha hecho hasta el día de hoy nunca podrá permitir que su campus sea refugio de delincuentes, ni de corruptos. La UCR conoce perfectamente cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Conoce que la autonomía, como derecho constitucional no exime de cumplir la ley, ni lo pretende.
No está ahí el problema en discusión. La independencia pasa por lo jurídico, pero también por lo cultural, por un derecho histórico occidental que protege al conocimiento de la fuerza y la violencia de poderes mal entendidos.
