Defensoría de los Habitantes solicitó a la Junta Directiva de la ARESEP el sustento legal detrás de la conformación de ese órgano inédito.
Tanto diputados de la nueva Asamblea Legislativa, como la Defensoría de los Habitantes, tienen serias dudas sobre la legalidad de los actos de un Consejo Regulador, nombrado en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) para que supla al Regulador General mientras se hace un nombramiento formal.
Se trata de un grupo de tres personas que asumirán las competencias regulatorias mientras asume funciones un nuevo Regulador. Cabe recordar que se trata de la institución que, entre otras cosas, fija las tarifas que se cobran por los servicios públicos y una vez que el Poder Ejecutivo nombra a una persona para ese puesto, ese nombramiento está sujeto a ratificación por parte de la Asamblea Legislativa, donde la discusión al respecto puede durar máximo un mes.
Víctor Emilio Granados, coordinador de fracción del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), calificó la institución del Consejo Regulador como “una atribución exacerbada que podría ser hasta ilegal, lo que busca es evadir el control político que necesariamente se debe dar en la Asamblea Legislativa”.
Por otra parte, Luis Gerardo Villanueva, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente del Directorio Legislativo, consideró que “de conformidad con los principios de la administración, de la continuidad del servicio, sí hay que generar una solución integrando las normas existentes. En este momento el procedimiento de nombrar un trío sustituto podría estar riñendo con la ley. Lo que pasa es que como hay una Junta Directiva superior, puede tratarse de un problema que se puede solventar por ella, podría no ser tan grave porque hay una autoridad”.
UNIVERSIDAD buscó sobre el tema el criterio de Fernando Herrero, quien fungió como Regulador General durante estos cuatro años y con el cambio de gobierno dejó la ARESEP para asumir el cargo de Ministro de Hacienda. Sin embargo, en la Oficina de Prensa de esa institución se informó que estaba fuera del país en vacaciones, durante los días previos al traspaso de poder.
Sin embargo, se facilitó el texto de un correo electrónico escrito por Herrero en el cual afirma que “con las reformas que se hicieron a la ley 7593 en esta administración, las competencias regulatorias se trasladaron del Regulador a la institución, por lo que corresponde a la Junta Directiva organizar quién ejerce las competencias. (…) La distribución de competencias se precisa en el Reglamento Interno de Organización y Funciones (RIOF), ese es el marco que permite crear las superintendencias a través de reglamentos”.
Además, esa misma Oficina indicó que el acuerdo de Junta Directiva para crear este consejo regulador fue publicado en La Gaceta del 3 de mayo.
En el sitio web de la institución se puede descargar el texto actualizado de esa ley, cuyo artículo 53, sobre los deberes y atribuciones de la Junta Directiva, no especifica caso alguno en que pueda nombrar un grupo de personas para que realice las labores que por ley se le otorgan al Regulador General, quien es designado por la Asamblea Legislativa.
El texto del correo de Herrero también indica que quienes integran ese cuerpo colegiado son Laura Suárez, economista, exmiembro de la Junta Directiva y actual Directora General de Participación Ciudadana; Luis Cubillo, también economista, asesor del Regulador General, exdirector de Regulación y exdirector de Servicios de Agua y de Energía; y Carlos Solano, contador público, asesor del Regulador General y exdirector de Servicios de Transporte. “Su nombramiento regirá a partir del 8 de mayo, cuando venza el mío, y luego de que se publique el acuerdo que crea el Comité”, añade.
PREGUNTAS SIN RESPUESTA
El pasado 30 de abril, la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, envió un oficio a Herrero, en el cual inquirió sobre el sustento legal a la conformación del Consejo Regulador. En esa carta, apunta que “le concierne a esta Defensoría comprobar el fundamento jurídico de la decisión tomada. Esto por cuanto, los actos administrativos que el nombrado comité emita producirán efectos jurídicos cuya validez, eventualmente, podría ser cuestionada por quien se sienta afectado por tales actos”.
Así, la Defensoría le solicitó al término de cinco días hábiles el acuerdo de la Junta Directiva en que se decide nombrar al comité que suplirá al regulador, así como las actas de las sesiones en que se haya discutido el tema. Pide además conocer puntualmente las consultas jurídicas que se hayan hecho al respecto, una descripción de las competencias del comité y las “implicaciones en materia salarial de la atribución de estas nuevas funciones a la y los funcionarios designados”.
Al cierre de edición la Oficina de Prensa de la Defensoría de los Habitantes confirmó que se recibió un oficio de la ARESEP, el cual, sin embargo, no puntualiza las respuestas solicitadas, sino que refiere a un acuerdo de junta directiva, además de tres actas de sesiones de esa instancia y tres oficios que fueron adjuntados, sin procesamiento alguno de la información.
Esa respuesta fue firmada por Luis Alberto Cascante, secretario de la junta directiva de la ARESEP.
Sobre el tema, el exregulador Leonel Fonseca, llamó la atención al hecho de que desde el 2008 existe la figura de Regulador Adjunto, que actuaría en ausencia del Regulador, pero que nunca se nombró. Subrayó además que al salir Herrero, la institución queda acéfala pues por ley el Regulador preside la Junta Directiva.
Fonseca añadió que no es procedente otorgar a funcionarios distintos del Regulador una facultad que la ley no estableció. “Un funcionario público sólo puede hacer lo que la ley le permite, en este caso quedó la grave omisión de no especificar a quién le corresponde fijar tarifas y por eso con facultad legal y técnica lo ha hecho el Regulador”.
“ABUSO DE PODER”
Juan Carlos Mendoza, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) cuestionó la capacidad del Consejo Regulador para asumir la resposabilidad del tipo de decisiones que pueda tomar.
“Además de la junta directiva y el regulador, se está creando un tercer cuerpo, el consejo, una ficción de Herrero. No es la primera vez que hace cosas de este tipo, él creó las superintendencias de Energía, Agua y Transportes sin que existiera una ley que lo facultara para ello”.
“Durante ese mes que funcionará el consejo podría definir aumentos o disminuciones tarifarias, contratos para temas administrativos, me imagino que podrían contratar consultorías o un nuevo edificio y después, ¿quién tiene la responsabilidad? Se entra en una zona gris no establecida por la ley, que tiene que ver con la legitimidad de los nombramientos”, indicó.
Por su parte, el liberacionista Villanueva consideró que este tipo de procedimetnos “no es lo más sano, pues no tiene el carácter rerpresentativo que define no sólo la propuesta del Ejecutivo, sino que no cuenta con la ratificación de la Asamblea Legislativa”.
“El órgano constituido podría estar riñendo con la ley”, concluyó.
José María Villalta, del Frente Amplio, consideró que la constitución del Consejo Regulador “estaría buscando burlar el espíritu del legislador al establecer que la ratificación del nombramiento del Regulador tiene que pasar por la Asamblea Legislativa”.
Añadió que si no se logra justificar bien esta medida, “podría implicar la nulidad absoluta de todo lo que resuelva la ARESEP, pues estaría actuando de manera espuria”.
El jefe de fracción del Movimiento Libertario, Danilo Cubero, opinó que “sacarse de la manga este tipo de nombramientos, así sea un órgano colegiado, es más que inaceptable”.
“Los costarricenses merecemos respeto. Es cierto que se trata de un tema que requiere premura, pero no podemos correr tanto que caigamos en ilegalidades. De repente este órgano que Herrero quiere nombrar, arrogándose derechos cuya sustentación legal me gustaría conocer, tomará decisiones ilegales”, indicó.
“Las normas del Estado de derecho no fueron hechas para interpretarlas de manera caprichosa. Esto es inaceptable y él (Herrero), como miembro del Poder Ejecutivo, está enviando un pésimo mensaje a los grupos políticos legislativos y a la ciudadanía en general”, señaló.
Consultado sobre las consecuencias que podría tener el hecho de que el Consejo Regulador asuma las competencias reguladoras, señaló la recurrencia ante la Sala Constitucional de la legalidad del acto para todo lo resuelto por este órgano, “pues podría ser nulo”. “Es una señal muy negativa a la democracia, esto es un abuso de poder y es muy delicado, porque los sistemas democráticos se caracterizan por los frenos y contrapesos y por el Estado de derecho, contra el cual no se puede atentar con ese tipo de actuaciones”.
Por su parte, Granados, el coordinador del PASE, dijo que incluso si existiera una disposición legal que fundamente la creación de esa instancia, “sería evidentemente inconstitucional, pues violenta el espíritu de control de que esos nombramientos deben ser ratificados en la Asamblea Legislativa”.
El legislador indicó que “perfectamente alguien podría alegar que las decisiones tomadas por ese consejo están viciadas de nulidad. Incluso podría tener implicaciones que acarreen responsabilidades civiles para el Estado, pues se trataría de acciones y decisiones tomadas por un triunvirato cuyo fundamento legal no conocemos. ¿Qué garantiza que en ese mes no se tomen ciertas decisiones de mayor interés?”
