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Rotsay Rosales-Valladares
Catedrático Universidad de Costa RicaA tan sólo días de las elecciones de segunda ronda, en los programas Visión 9 y Hablando Claro me

Cambio de administración sin cambios en el negocio

Rotsay Rosales-Valladares

Catedrático Universidad de Costa Rica

Escribo mi primer artículo de opinión en prensa escrita, con la directriz editorial de evaluar los primeros 100 días del gobierno encabezado por el Presidente Luis Guillermo Solís. Entiendo evaluar en los términos de Ernst House, a saber, “asignar un valor o mérito a algo”. En este sentido, y debido a la extensión máxima del artículo, me concentraré en ponderar los límites y alcances del “cambio” esperado por la mayoría de las personas, quienes votamos en la primera y segunda rondas electorales de este 2014.

A tan sólo días de las elecciones de segunda ronda, en los programas Visión 9 y Hablando Claro me atreví a introducir una serie de apreciaciones sobre las expectativas de cambio que deberíamos (responsabilidad cívica y crítica) tener la ciudadanía frente al Gobierno entrante. En medio de la algarabía que para la mayoría significó el resultado electoral, esta reflexión parecía negativa o pesimista, no obstante, sustentada en una hipótesis que, luego de 100 días, parece consolidarse como tendencia para los siguientes años: los escasos, débiles y condicionados márgenes de maniobra que actualmente tienen el espacio público y la dirección política en Costa Rica son límites para modificar o, al menos, reformar el modo de desarrollo excluyente y corporativo que han impuesto los poderes fácticos (“reales”, nacionales y transnacionales) durante más de 25 años en el país, con la complicidad de la administración del Estado y sus dirigencias partidarias tradicionales (poderes formales o meramente nominales).

Se dice que el infierno está empedrado con las mejores intenciones. En el último acto de presentación del actual equipo de gobierno, se enarboló como telón del escenario una enorme pancarta con los colores patrios y la contundente sentencia: “Vamos a cambiar Costa Rica”. Por más buenas intenciones de cambio que pueda tener el actual Gobierno, lo cierto es que estos 100 días son una pequeña muestra de lo muy poco que puede hacer para revertir el modelo de desarrollo y todo el andamiaje institucional, jurídico y simbólico que ha generado el enriquecimiento de los grupos y sectores asociados con las finanzas internacionales y la banca, al comercio internacional y a la pseudocompetitividad promovida por los negocios transnacionales. Al cabo de casi 30 años, la opinión publicada y las dirigencias políticas tradicionales evitan reconocer lo que hemos venido advirtiendo en distintos foros y programas: la existencia de un Estado costarricense vigoroso, ágil, lleno de exenciones y privilegios para los negociantes, en conflicto con el otro Estado que sólo costos o pérdidas representa para ellos y que se dedica a tratar de mantener con respiración artificial la seguridad social y alimentaria, y con limosnas la educación, la salud, la vivienda, el empleo, el medio ambiente y los derechos humanos.

Además de estos constreñimientos estructurales, el actual Gobierno se ha encontrado (¿no lo sabía?) con situaciones como su relativo desconocimiento de los procesos burocráticos básicos, la conformación de un equipo de gobierno cuyos principales jerarcas provienen de un partido tradicional y están asociados con los intereses de modelo de desarrollo excluyente, la conformación de una Asamblea Legislativa relativamente hostil y condicionada por acuerdos mayoritariamente coyunturales, y una ciudadanía activa que demanda la inclusión de temas cardinales (derechos LGTBA, fertilización in vitro, aborto, estado secular, etc.) como centrales e ineludibles en el debate nacional y la agenda política.

Ante el miedo (siempre tan eficaz para paralizar, excluir o desmovilizar), que a los poderes fácticos / reales significa un eventual cambio de la administración de sus negocios por la injerencia (“¡comunista!”) del interés público del nuevo gobierno, las primeras acciones de la actual Administración fueron las “correctas”, según el protocolo de los últimos 30 años: calmar las inquietudes de UCCAEP, de ABC, de CINDE, de las jerarquías religiosas y del potencial inversionista extranjero, asegurándoles –o, al menos, mostrándoles– que no se tocarían significativamente sus procesos de acumulación excluyente.

En los primeros 100 días, el actual Gobierno aún reditúa de la imagen personal y el carisma del Presidente-candidato, más que del partido y de sus circunstanciales aliados. Sobre todo en los dos primeros meses, las decisiones y acciones del Presidente y su equipo han apelado al sentimiento, la emoción e ilusión de la ciudadanía y de una mayoritaria prensa condescendiente −hasta ahora− que le ha servido como “colchón de tolerancia” ante continuas demostraciones de inexperiencia (novatada), de impericia (errores) o de descoordinación (contradicciones).

Desde una posición afín a las luchas del campo popular-progresista, de todo corazón lamento que mis advertencias “pesimistas” se estén confirmando como tendencias, con pocas posibilidades de reversión. Una valoración de la gestión gubernamental deviene, entonces reducida, a otorgar cierto mérito a lo posible, no a lo deseable. Si por la víspera se saca el día, se vislumbra que el “cambio” que se propuso el actual Gobierno se concentrará en relativas modificaciones pro transparencia de ciertos procesos administrativos del Estado y el inicio de ciertos cambios en las culturas institucionales. No obstante, es responsabilidad de formación política desinflar falsas expectativas de los cambios deseables para las mayorías excluidas con el “modelo / tipo de desarrollo” actual. No es realista esperar que la actual Administración asuma el reto de convertirse en un gobierno, que revierta significativamente problemas como la desigualdad, la pobreza, la dualidad estructural del Estado, la dependencia del capital transnacional, la colonización del espacio público por lo corporativo, el desarrollo local o la “irrelevancia” del sistema de partidos y de la representación política en el país.

Las campañas del miedo al cambio, aunque llenas de mentiras, siguen teniendo efectos en la sociedad costarricense. Pero las promesas de cambio hiperinfladas también pueden tener efectos indeseables para las mayorías hoy excluidas de las políticas públicas. No obstante, con la vigilancia permanente de esas mayorías, podemos ayudar a la actual Administración a evitar que este país se termine de convertir en un simple negocio, al menos, durante los próximos 4 años.

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