Del tema la Procuraduría General de la República dice “El sacerdocio implica una consagración a Dios, con el cual el sacerdote debe estar en comunión, de la misma forma que debe estarlo con los fieles. La sujeción a la jerarquía de la Iglesia responde a fines apostólicos y, en particular a la conservación y dispensa de la palabra de Dios y de los sacramentos”. Con este y otros argumentos, más divinos que humanos, justifica que no hay relación laboral que permita a la Superintendencia de Pensiones determinar la existencia o no de un Fondo de Pensiones (C-081-2011 http://www.pgrweb.go.cr/DOCS/DICTAMENES/1/P/D/2010-2019/2010-2014/2011/D9710.HTML, recuperado 6-10-14). Ese mismo criterio indica que los sacerdotes no son trabajadores, pero que sí pueden afiliarse a la Caja según el principio de universalidad. Entiendo que se podrían afiliar como trabajadores independientes, entonces, ¿son o no trabajadores?
Por su parte, la CCSS reclama a la Conferencia Episcopal el pago de las cargas sociales; como criterio en contrario esta opinión: “El sacerdote, por su vocación y llamado de Dios consagra su vida entera al servicio de los demás. No lo hace por un trabajo; no por un horario, no por una satisfacción personal, sino por la vocación”, dice el abogado de la conferencia (La Nac.3-10-14). Verbigracia, si a esto nos atenemos, pareciera que los sacerdotes por vocación renunciaron a las garantías que los protejan de enfermarse o de envejecer.
Los colegas obispos de Monseñor Sanabria no reconocen un derecho básico a sus sacerdotes al final de su carrera eclesiástica en la vejez. Se niegan a cumplir con la CCSS, creación de los años 40, en donde él como obispo tuvo una destacada labor junto con don Manuel Mora Valverde. Qué razones se le puedan dar al pueblo creyente católico sobre la solidaridad como un principio básico de la seguridad social costarricense, si en el seno mismo de la jerarquía eclesiástica este se desconoce.
La Conferencia Episcopal defiende que los sacerdotes no deben cotizar a la Caja, ni está obligada a hacerlo como patrono. Así las cosas, los obispos no tienen autoridad moral para denunciar las grandes deudas de las empresas privadas con el Seguro Social, ni tampoco la capacidad moral para denunciar el que miles de trabajadores, posiblemente muchos creyentes del catolicismo, son contratados bajo el régimen de la informalidad para obviar el pago de cuotas.
Los obispos no creen en los principios de la seguridad social por los cuales abogó Monseñor Sanabria. El evangelio que predican dista mucho del evangelio del compromiso (es un evangelio adobado al gusto de los intereses políticos y económicos, muy ajustado al pensamiento del Movimiento Libertario); y el silencio que guardan los clérigos subalternos, más que por el voto de obediencia, lo hacen por temor a una jerarquía que castiga el disenso con mano dura.
Los obispos, que dan la espalda a la solidaridad, ¿qué harán cuando tengan que explicar el pasaje del buen samaritano?, o ¿en quiénes pensarán cuando el Maestro sacó del templo a los comerciantes y a los usureros? ¿Qué harán cuando tengan que declarar tributos de las empresas en las cuales la jerarquía eclesiástica participa?