se caracteriza por decir
que es un país defensor de
los derechos humanos, impul-
sor de la paz y de ser un país
sin ejercito; a nivel internacio-
nal, los países se han compro-
metido a no realizar actos de
discriminación a las personas
con discapacidad y más bien
hacer políticas de inclusión
social a este sector; tanto así
que han realizado convenciones
como la “Convención sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad” realizada por la
Organización de las Naciones
Unidas para hacer constar los
derechos que este sector posee;
en Costa Rica se ha firmado la
Ley 7.600 la cual debe asegurar
la igualdad de oportunidades
para las personas con discapa-
cidad.
Pero como se ha visto, este
es uno de los claros ejemplos
donde la ley es legítima pero
no es eficaz, como en el caso de
los hospitales públicos del país.
Hace un mes mi madre la cual
es una persona no oyente tuvo
que ser internada en el hospital
por razones de salud; pero se
presentó el primer problema, no
había ninguna persona capaci-
tada para poder comunicarle lo
que estaba sucediendo, y esto
igual sucedió en el momento
que las enfermeras y doctoras
dara la información sobre los
síntomas que ella tiene. En va-
rias ocasiones que yo no pude
estar presente por directriz del
hospital, ella no se podía comu-
nicar, ahí es donde me formulé
varias preguntas: ¿Es que acaso
por ser persona discapacitada
no posee los mismos derechos
que una persona con todas sus
facultades?, ¿Acaso por ser un
hospital público no hay recur-
sos para capacitar a un perso-
nal que en situaciones como
estas se vuelve completamente
incapaz?, ¿Acaso la gerencia y
en especial el gobierno sigue
considerando que las personas
con discapacidad no tiene dere-
cho a acceder a lo que por ley
poseen? Y ¿Por qué, si se ha
logrado un avance, no se vela
por el cumplimiento en todos
los ámbitos?
Lo que más genera preocu-
pación es que ninguna de estas
respuestas será respondida,
pues una característica más de
los costarricenses es que siem-
pre le acreditan los errores a
alguien más, nunca asumen la
responsabilidad, o bien respon-
den con un “todo es un proceso”,
pero ¿ Por cuánto tiempo más
tendrá este sector que esperar
a que el proceso avance?
Y lo que es aún más agobian-
te, es que esta es una de las si-
tuaciones que las personas con
discapacidad pasan cada día.
Es necesario que en Costa
Rica se empiece a implementar
no solo la ley 7.600, sino también
hacer cambios en la educación
y en la inclusión de estas perso-
nas en el sector laboral.
Cómo es posible que estas
personas deban en muchas
ocasiones olvidar sus sueños
profesionales porque el sistema
educativo las excluye inmedia-
tamente; solo unos pocos logran
acceder a él. Es inaudito que en
el ámbito laboral al ver que el
concursante a un empleo posee
algún tipo de discapacidad es
inmediatamente descartado,
sin comprobar las capacidades
que estos tienen.
Aún se puede cambiar esta
situación, pero se necesita una
concientización tanto en Costa
Rica como en el mundo.
