Este año se celebran 25 años de la aprobación de la Convención de los derechos del niño (y la niña). Un cuarto de siglo es una temporalidad respetable para enfatizar, una vez más, en la labor cotidiana, el peso de los datos, de los análisis y de las acciones que se han generado en relación con la defensa, promoción y garantía de los derechos de las personas menores de edad.
Es un buen momento también porque recién hemos conocido un estado de la situación nacional, en la exposición de los cien días de gestión del gobierno, que evidencia un escenario poco favorable para garantizar los derechos de esta población. Un país violentado en lo económico, lo social, lo cultural, lo ético; un país donde las personas adultas han cometido graves faltas por acción o inacción, no parece corresponder al principio del interés superior del niño(a).
Valorar los logros alcanzados en estos 25 años es bueno, como también lo es el señalamiento de lo que ha quedado pendiente; sin embargo, estos ejercicios pueden convertirse con peligrosa facilidad en una lista más de las que hacemos como recordatorio de tareas, pero que no pasan de ese cometido: recordar(nos), a veces de manera culposa, lo que tenemos pendiente.
¿Cómo garantizar la protección integral ante las transformaciones de la política pública en América Latina y el Caribe? Esta es la pregunta que convoca al Simposio nacional e internacional del PRIDENA (16, 17 y 18 de setiembre 2014). Ni la pregunta ni las respuestas son un asunto ligero. Pero hemos de convenir en que el Estado debe garantizar la sostenibilidad de las políticas, plantear estrategias claras y vigorosas –con especial énfasis en lo presupuestario−; que debe haber un genuino compromiso de todos los sectores de la sociedad: institucionalidad, gobiernos locales, sociedad civil y universidades en el tema de la defensa de los derechos humanos.
Ojalá podamos celebrar alguna vez sabiendo que no hay discriminación, que el derecho a la vida es sinónimo de una vida vivible, y que los espacios para la participación, la palabra y la escucha de las personas menores de edad no son un punto más en una lista de aspiraciones que repetimos de forma penosa.
