“Es universalmente reconocido que una de las bases esenciales de un buen gobierno, se obtiene a través de la garantía de que la ciudadanía tendrá acceso al conocimiento e información necesaria y oportuna para dirigirlo y fiscalizarlo. Sin acceso a la información pública no se pueden pedir cuentas o fiscalizar los asuntos públicos, es un derecho no sólo esencial, sino instrumental, para la vigencia del principio de soberanía popular, de la democracia participativa y el ejercicio de otros derechos fundamentales que resultan interdependientes entre sí”. Poder Judicial, Taller de Acceso a la Información Pública, 10-09-2013, Hotel Bougainvillea, enlace: http://bit.ly/YXjZDd
La UCR no puede ni debe estar por encima de la ley. Desde el 30 de junio hemos tratado por diferentes medios de acceder a información de interés público, como lo es el Proyecto de Modernización de la Refinería de Costa Rica y su impacto en los altos precios de los combustibles.
Todo el mundo en este país sabe que los precios de los combustibles al consumidor final en Costa Rica, son los más altos de América Central y la tendencia es que se van a seguir poniendo más elevados al profundizarse la crisis energética que anunciamos en la prensa nacional hace más de un año.
Ha sido un desafío inimaginable el que hemos asumido al querer profundizar en el tema de la refinería china. A duras penas logramos recabar parte de la información en Recope y en la Contraloría General de la República. Hemos tenido peor suerte con la primera institución de educación superior de este país, como lo es la UCR.
El Rector, quien según la normativa universitaria es también quien supervisa la Oficina Jurídica, así como el Director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, IICE, y la Vicerrectoría de Investigación, se han confabulado para ocultar información de interés público solicitada por un ciudadano que busca la verdad, la transparencia, y evaluar la gestión pública. ¿Qué estarán ocultando? ¿A quién beneficia que uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, como lo es una moderna refinería petrolera, haya quedado en el congelador, basado en un estudio realizado por la UCR, al cual los ciudadanos, los investigadores y los interesados no tienen acceso directo donde se originó, que es el IICE de la Facultad de Ciencias Económicas? ¿Cuánto pierde o gana el país?
Ha sido temeraria la actitud de las autoridades de la UCR, en cuanto al derecho de petición. Los artículos de la Constitución Política que se están incumpliendo al no facilitar el acceso a todos insumos y los productos elaborados por el IICE, según convenio con la CGR son:
Artículo 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.
Artículo 30.- Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado.
También se está violando el espíritu del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica en sus artículos 5 (b), 40 (l bis) y 49 (ch), la Ley 9097 del derecho de Petición y el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Los integrantes del Consejo Universitario, la comunidad universitaria, y el país no pueden permanecer indiferentes ante esta situación, que crea un grave precedente. Como ciudadano hemos hecho uso de las herramientas que están a nuestro alcance, como lo son la oficina de la defensoría de los habitantes, que emitió oficio 07 503-2014-DHR y la Sala IV, expediente 14-013492-0007-CO. En 10 días a partir del 27 de agosto, las Autoridades Universitarias de la UCR deben presentar un informe detallado a la Defensoría.
La responsabilidad de los medios escritos y audiovisuales, en cuanto a información veraz, también está a prueba. Pensamos que son pocos los medios en este país, que se han dado a la tarea de hacer una investigación exhaustiva y responsable sobre la problemática petrolera y energética.
Mientras nos sea posible, seguiremos aportando ideas y denunciando lo que haya que denunciar, para que los ciudadanos logremos vivir en el país que deseamos, un país más justo, democrático, competitivo, independiente, y cuyas universidades públicas y privadas se dediquen a formar los profesionales que son requeridos para afrontar los grandes retos y desafíos de desarrollo y bienestar.
