Indígenas bribris del Caribe manifiestan molestia al aplicarse en sus territorios un proceso de preconsulta y consulta, creado por doce líderes indígenas que han participado como representantes en el proceso de preparación de REDD+, sin la autorización y el conocimiento por parte de las comunidades.
Desde el 2008, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y MINAE, encargados de preparar el proyecto REDD+ en Costa Rica, realizaron acciones de coordinación con las ADIIS (Asociaciones de Desarrollo Integral) de los territorios Bribri y Cabécar, y decidieron incorporar a doce indígenas quienes asistieron a varias reuniones iniciales.
En dichas reuniones, los líderes manifestaron no estar autorizados por sus asambleas comunitarias a integrarse plenamente en REDD+, y que para hacerlo deseaban consultar a las “bases” (R-PP FONAFIFO, p 8).Ante esta propuesta, FONAFIFO, afirmando que el Gobierno tenía la voluntad de aplicar el principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado, se comprometió a coordinar reuniones, con el apoyo de las ADII y estructuras indígenas tradicionales, para elegir a los representantes indígenas en los comités de vecinos de los territorios, que integran tanto a afiliados de las ADII como no afiliados (R-PP FONAFIFO, p. 22).
Sin embargo, estas intenciones de consulta para la elección de representantes no sucedieron como se afirma en los documentos oficiales. El sector indígena que ha manifestado mayor criticidad al respecto, sostiene que esas doce personas continuaron en el proceso sin autorización de las comunidades, y que trabajaron en la preparación de un plan de consulta que hasta ahora es desconocido por la población, y que por tanto consideran ilegítimo.
Estos hechos motivaron a Filidencio Cubillo, indígena bribri, a interponer un recurso de amparo (Exp: 13-010897-0007-CO) en contra de FONAFIFO y MINAET, por pretender desarrollar proyectos en los territorios de Talamanca sin realizar procesos de consulta. En el recurso se apela a que las doce personas indígenas, quienes han formado parte de la preparación del plan, fueron seleccionados sin consulta previa a todos los miembros de la comunidad.
No obstante, el recurso fue rechazado con base en las declaraciones de René Castro Salazar y Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, Ministro de Ambiente y Energía y Director Ejecutivo del FONAFIFO, respectivamente, quienes manifestaron no tener responsabilidad alguna, ya que “FONAFIFO no ha seleccionado a nadie, pues fueron los mismos indígenas quienes escogieron la forma de participación”.
Parece entonces que el problema de representatividad queda reducido a un conflicto de organización interna de los territorios, mientras el proceso de preconsulta y consulta continúa, con la validación de FONAFIFO, en la mayoría de los territorios del país. En medio de un ambiente local conflictivo y donde, además, afloran los cuestionamientos sobre las implicaciones de REDD+, las distintas voces indígenas de nuevo son relegadas ante una lógica de imposición.
