Recientemente, ante el interés del estado por implementar algunas medidas en territorios indígenas, ha surgido de nuevo a debate el tema de derecho a ser consultados.
Sin embargo, este tema no ha tenido la atención gubernamental que se requiere para empezar a definir acciones concretas. Acá es digno destacar la voluntad de una gran parte de la dirigencia indígena en concentrar su interés aún con sus limitaciones y asimetrías, en este tema de honda importancia.
Y aunque todavía no existe una reglamentación definida para el procedimiento del proceso de consulta indígena, al menos existe indicaciones generales contempladas tanto en el Convenio 169 de la OIT, como en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Pero es urgente que el Estado costarricense defina ya el plan de acciones con plazos mesurables en torno a la guía de Consulta, que sea flexible, tomando en cuenta que no todos los territorios indígenas caben en el mismo saco, pues las estructuras socioculturales no son las mismas, las circunstancias difieren, y aunque las problemáticas pudiesen ser similares, cada territorio ha tenido que ingeniársela a solucionar sus casos a su manera, ya que en algunos pueblos aún quedan clanes y en otros no, o ni siquiera se han regido por esa regla social; en ese sentido, la toma de decisiones se han hecho desde otra estructura.
Sería importante, por lo tanto, someter a consulta previa si la propuesta estatal de promulgar un protocolo único de consulta indígena es funcional o en su defecto cada consulta ha de ser específica, y si su método puede ser objeto de un acuerdo particular.
Cabe resaltar que la dirigencia de los territorios indígenas del cantón de Buenos Aires y Pérez Zeledón sesionaron horas previas al Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebró el pasado domingo 09 de agosto y en unanimidad ha encendido de nuevo las luces de emergencia ante esta temática y ha elevado a lo más alto su voz exigiendo al Poder Ejecutivo “no dar más tregua a este asunto” que parece de nuevo volverse un trampolín político.
El proceso que pueda conllevar esta Consulta Indígena será una escuela magistral tanto para la dirigencia indígena como para el Estado costarricense. Ambas partes, ante la ausencia de una vasta experiencia en esta materia, les servirá para aprender – haciendo, y en suma, convirtiendo al país en un gran líder en la promoción y fortalecimiento de los derechos indígenas.
El Estado costarricense no puede seguir negando el derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas ni alcahuetear que cada institución haga mini consultas cada quien a su manera.
Actualmente existen en nuestro cantón varios proyectos detenidos debido a la falta de consulta con los pueblos indígenas.
Uno de estos casos, y quizás el más conocido, es el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís del ICE, en la que su institución ha manifestado su disposición de cumplir con el proceso de consulta tal y como lo establece el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y aunque cuenta con los estudios y elementos básicos para iniciar la pre consulta sobre el método a utilizar, la decisión deriva de otros mandos de autoridad política de más alto nivel estatal que no se han querido comprometer responsablemente con este proceso y que, por el contrario, continúan mostrando apatía y estudiando argumentos jurídicos que a la larga les permita obviar ese derecho que tienen los Pueblos Indígenas en Costa Rica.
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