De acuerdo con lo que establece nuestra Constitución Política, el Gobierno de la República tiene la obligación de proveer a las universidades públicas de los recursos requeridos para el desarrollo de sus actividades académicas, y en general para cumplir su misión de servir al desarrollo del país, a la formación de las nuevas generaciones y a elevar la calidad de vida de la población, con una perspectiva nacional e integradora.
Con esta base, el 26 de agosto de 2010 las rectoras y rectores de las cuatro universidades públicas de ese momento lograron que el Gobierno se comprometiera a establecer el 1.5% del PIB como meta de financiamiento para el 2015 y a garantizar una tasa de crecimiento real de dicho Fondo, independientemente del comportamiento del PIB. También quedó explícito en este Convenio que los sistemas de incentivos al personal deberían apoyarse y responder primordialmente a consideraciones de calidad y mérito en el desempeño de sus funciones.
Por su parte, las universidades prepararon el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015, el cual contiene cinco ejes medulares: pertinencia e impacto, gestión, ciencia y tecnología, aprendizaje, acceso y equidad. Todos ellos derivados de un mismo núcleo generador denominado responsabilidad social universitaria, la que les resulta inherente a su índole de universidades públicas.
Este Convenio ha permitido continuar con el desarrollo institucional en el ámbito académico, de infraestructura y equipamiento. No obstante, a las puertas de una nueva negociación de este Fondo, surgen varios retos, especialmente el de una proyección sólida y suficiente, sin obviar la situación financiera del país y las severas críticas que han enfrentado las universidades, muy en particular la Universidad de Costa Rica. Por ello, es de fundamental importancia considerar los siguientes puntos: 1) La negociación debe realizarse con transparencia, sin opacidades, de modo que cualquier miembro de las comunidades universitarias, pueda disponer de toda la información y aportar de manera propositiva, 2) El uso de unos parámetros de referencia pertinentes, y con las respectivas salvaguardas, para que haya un desarrollo real de las universidades, en todas sus dimensiones y 3) La incorporación de las ideas de diversos sectores de la comunidad universitaria, las cuales pueden provenir de foros o debates sobre el futuro de la universidad pública costarricense. De ese modo, podremos lograr, con visión institucional y solidaria el FEES que se requiere para el próximo quinquenio.
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