Peligrosa campaña mediática

Dos medios de prensa de nuestro país han estado realizando una campaña sistemática en contra de la institucionalidad pública y contra los sindicatos

Punto Nº 6: “Estructurar y lanzar campaña masiva en medios de comunicación”… “es tan poco el tiempo que queda, que no hay que tener pudor alguno en saturar los medios de comunicación con publicidad”. Memorándum del miedo, setiembre del 2007.

Dos medios de prensa de nuestro país han estado realizando una campaña sistemática en contra de la institucionalidad pública y contra los sindicatos de ese sector. Iniciaron sus ataques a dos emblemáticas instituciones: el Instituto Costarricense de Electricidad y la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, el apoyo masivo de la opinión pública al ICE y a la UCR ha obligado a estos medios a enfilar sus baterías hacia un nuevo blanco: las organizaciones sindicales.

Esta campaña comienza a tomar fuerza el primero de mayo, cuando mediante un pacto toma posesión del directorio de la Asamblea Legislativa el viejo bipartidismo junto con los representantes de los llamados sectores “cristianos”. Desde entonces, estos medios de prensa se han convertido en voceros de esos grupos, cuya agenda de trabajo excluye derechos humanos fundamentales.

El primer motivo de ataque han sido las convenciones colectivas de trabajo, importantes conquistas de   los trabajadores en muchos países del mundo. La atención se centra en algunas cláusulas muchas de las cuales ya han sido eliminadas por la Sala IV y otras vueltas a negociar entre patronos y trabajadores. Sin embargo, el objetivo es llevar un mensaje engañoso a la opinión pública: hay que eliminar las convenciones colectivas y de paso enfilar las armas contra los sindicatos. Vuelven a resucitar el famoso “memorándum del miedo”, a través de la falacia y manipulación de argumentos. Estos medios que suelen levantar -a conveniencia- la bandera de la “libertad de expresión”, insultan y menosprecian a los empleados públicos, sin dar espacios escritos o televisivos suficientes para que expongan   criterios y puntos de vista de sus organizaciones. Más aún, si algún dirigente se atreve a responderles de manera enérgica, inmediatamente piden un voto de censura a sus aliados en la Asamblea Legislativa.

El costo social de esta cruzada contra los sindicatos es muy alto. Se trata de enfrentar a los trabajadores del sector público con los del sector privado, sin ninguna mención a los bajos salarios de este último y a condiciones de deterioro de la salud a que se exponen en lugares como las piñeras, situaciones agravadas por la ausencia de organización sindical. Incluso, las (los) periodistas, hacen preguntas tendenciosas a la ciudadanía, cuya respuesta ya está contenida en la misma pregunta.

De manera irresponsable se trata de culpar a los empleados (as) públicos del déficit fiscal, como si los grandes salarios en el sector público no fueran casos puntuales, denunciados por los mismos sindicatos. Se silencia entonces así la evasión fiscal y las exoneraciones de los grandes capitales, tema intocable para los defensores de estos capitales: el PLN el PUSC y el ML. Además, ¿no es cierto que estos medios de prensa tienen denuncias por evasión de impuestos?

Si de lo que se trata es de impulsar la privatización de empresas públicas, sustituyendo el Estado por el mercado, tal como lo estableció el TLC, el camino escogido es peligroso: incitar a la violencia no sólo conlleva a un enfrentamiento entre trabajadores (as), además, se trata de ignorar la Constitución de la República, el Código de Trabajo y las normas internacionales como las de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a favor de los sindicatos y de las convenciones colectivas. Incluso la Doctrina Social de la Iglesia ha sido muy clara al respecto. Recordemos las palabras de Juan XXIII en su encíclica “Mater et Magistra”, al mencionar el importante papel de la OIT en cuanto “al reconocimiento y garantías de los legítimos derechos de los trabajadores”.

Recordemos incluso -más recientemente- las palabras de monseñor Hugo Barrantes sobre el “memorándum Casas-Sánchez”, al que calificó de “antiético” y de “decálogo de la antidemocracia”.

“No sé –decía Monseñor− cómo se puede absolutizar de tal manera un instrumento de comercio como   el TLC, para que se sacrifiquen a los pies de este proyecto todos los valores de la patria, donde cabe el miedo, cabe la mentira, donde se puede inclusive hacer burla del Tribunal Supremo de Elecciones” (entrevista en el Semanario UNIVERSIDAD, el 20 de setiembre del 2007).

Esta campaña masiva de los medios, inconstitucional y antidemocrática, ha venido saturando sin ningún pudor a la opinión pública con falsos argumentos, con antivalores, haciendo uso de lo que ellos por decreto de manera irresponsable han calificado como “libertad de expresión”.

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