31 de agosto de 2015
IIS-398-08-15
Señor
Dr. Jorge Murillo
Presidente
Consejo Universitario
Estimado señor:
Ante el contexto universitario y nacional de los últimos días, desde el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) deseamos compartir la reflexión que sobre el tema salarios se ha venido planteando en el seno del IIS, primero a partir de un conversatorio abierto al público y, posteriormente en la reunión de personal que realizamos el pasado viernes 28 de agosto de 2015, en la que participaron veinticuatro personas entre investigadoras e investigadores, personal administrativo y asistentes de investigación.
En primer lugar, entendemos que los estudios que se han realizado sobre salarios en Universidad de Costa Rica presentan diferentes escenarios, así como diferentes posibles soluciones. Más aún, el tema salarios como gasto importante en la universidad ha sido focalizado, sin embargo, se ha dejado por fuera de la discusión el rubro “Otros gastos”, el cual no se ha desglosado ni se ha dado a conocer.
En relación con el foco en los salarios y, particularmente en la reducción de la anualidad, deseamos llamar la atención sobre diferentes aspectos:
En primer lugar, la anualidad, al ser un rubro que se suma al salario, es un derecho adquirido y debe permanecer como tal.
En segundo lugar, la reducción de la anualidad de un 5,5% a un 3% se plantea de una manera unilateral, a partir de la propuesta de profesores y profesoras catedráticos, con más de 20 años de servicio a la Universidad, algunos de los cuales reciben pluses salariales debido a puestos administrativos o venta de servicios, lo que hace que estos se encuentren, según el estudio de José Esquivel realizado en el IIS, en el grupo de 552 personas de entre 9,234 empleados y empleadas de la universidad con salarios superiores a los 3 millones de colones mensuales; el total de la masa salarial recibida por estas 552 personas es equivalente a lo recibido por las 4,816 personas con los salarios más bajos. Por ejemplo, Leonardo Sánchez en un estudio basado en datos solamente de funcionarios de tiempo completo, encontró que el 35% gana menos de 750 mil colones, y el 52% gana menos de un millón de colones. Entre el personal docente que trabaja tiempo completo, encontramos que el 50% percibe salarios menores a 1,5 millones de colones (Ver documento adjunto).
De esta manera, el planteamiento desconoce la gran desigualdad y diversidad con respecto a las formas de contratación y condiciones laborales y, por tanto, en los salarios percibidos por parte de la gran mayoría de funcionarios y funcionarias.
Según el estudio realizado por José Esquivel en el IIS partiendo de datos de la planilla institucional para junio del año en curso, encontramos que la distribución salarial de docentes interinos, los cuales conforman entre el 60 y el 65% de docentes de la UCR, se concentra en los salarios más bajos. Un 26,1% del total de las y los docentes reciben un salario de ¢250 mil o menos por mes; y un 45,6% reciben un salario de ¢500 mil o menos por mes.
Por otro lado, encontramos que entre el personal docente existe un alto grado de subempleo, en donde solo el 43% del personal docente cuenta con tiempo completo o más.
De esta manera, el subempleo en el sector docente, y específicamente los bajos salarios entre el personal docente interino, sumado a la inestabilidad en los nombramientos, nos presentan un cuadro de precariedad laboral que se incrementa en la medida en que exista un rebajo de la anualidad, ya de por sí baja en términos absolutos en esta población.
Con respecto al personal administrativo, encontramos que los salarios se concentran entre 750 mil y 1,25 millones de colones, sin embargo, los escalafones establecidos en el régimen salarial que le compete a este personal tienen un límite. Así, nos encontramos con un tope salarial no existente para el caso del personal docente en Régimen Académico, lo que hace que la reducción en la anualidad impida la mejora de sus salarios.
Dado que, como señalamos al inicio, las anualidades tal y como están son un derecho adquirido, una reducción se podrá aplicar solamente en nuevos casos. Aun así, y en caso de que no se respete este derecho, ante estos datos, consideramos que la mejor salida para enfrentar el problema del presupuesto no debe enfocarse en una reducción indiscriminada de las anualidades. Más bien, proponemos una reducción escalonada, de manera que las personas que perciben menos salario puedan tener un 5,5% de anualidad, y que esta se vaya reduciendo hasta llegar a un 3% para los salarios de más de 3 millones. Incluso, podría plantearse reducirla a un 2% para quienes tengan salarios de más de 5 millones de colones.
Otras posibles soluciones serían:
Topes salariales: Según proyecciones, si existiera al día de hoy topes salariales a 3 millones, lo que se ahorra la institución sería equivalente al monto percibido por 651 tiempos completos de docentes licenciados
Reducir los “saltos” entre las categorías académicas: Por ejemplo, reducir el aumento de 80% de la categoría catedrática respecto a la base salarial del docente interino bachiller.
Reducir los casos de postergación de la jubilación: recurrentes en el sector docente, donde tenemos 84 personas con más de 35 años de laborar en la Institución, en muchos casos con los salarios más altos; esta situación es excepcional en el sector administrativo, donde solo 4 personas exceden dicha cantidad de años laborados.
Por otro lado, quisiéramos que el Consejo Universitario considerara con detenimiento el rubro “Otros Gastos”. ¿Cuáles son esos “otros gastos” y por qué no se discuten abiertamente? En particular, nos interesa conocer presupuestos asignados a programas como PROINNOVA y AUGE. En el caso de AUGE, las diferentes actividades (talleres, concursos, etc.) implican grandes sumas de dinero. Un ejemplo es el concurso de emprendimientos en donde proyectos tales como el denominado ADD2BEER reciben 65 millones de capital semilla. Proyectos como este, además, son cuestionables en términos tanto académicos como éticos (Ver: https://www.youtube.com/watch? v=5SzFXUg_zQg). Nos preguntamos ¿en qué momento las autoridades universitarias aceptaron que la Universidad cumpliera funciones de un Banco de Desarrollo?, y deseamos saber si el desvío de fondos universitarios para este tipo de empresas es una de las razones por las cuales se enfrenta un déficit a corto plazo en los fondos universitarios.
Aunado a esto, consideramos fundamental discutir sobre el modelo de universidad que se está generando, discusión que debe ser llevada por el Consejo Universitario y toda la comunidad académica.
Frente a todas estas consideraciones, solicitamos que se discuta detenidamente tanto en el seno del Consejo Universitario como con la comunidad universitaria cuál es la mejor vía para el control del gasto, enfocándose en soluciones que promuevan eliminar las desigualdades existentes en los regímenes de contratación del personal universitario y la defensa de los más altos valores universitarios, tradición sostenida desde la creación de la Universidad de Costa Rica hace 75 años y ratificada por el Tercer Congreso Universitario.
Adjuntamos los estudios de Leonardo Sánchez y José Esquivel para un análisis más detenido, y nos ponemos a disposición del Consejo Universitario para profundizar en esta discusión.
Atentamente,
Dra. Carmen Caamaño Morúa
DIRECTORA
CCM/xt
cc: Dra. Rita Meoño, Representante del Área de Ciencias Sociales, Consejo Universitario.
Dr. Henning Jensen Pennington, Rector Universidad de Costa Rica
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