La Purdy Motor, representante de la marca Toyota en Costa Rica, prácticamente arrasó en las millonarias compras de vehículos que las instituciones del Estado hacen desde el año pasado mediante el llamado “convenio marco”, gestionado por el Ministerio de Hacienda.
De julio 2013 a setiembre 2014, un total 1.579 carros fueron adquiridos por un valor de ¢29.497,8 millones, de los cuales ¢28.084 millones fueron facturados por Purdy Motor (95%), según información suministrada por la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda.
La cifra –que no incluye otras compras hechas por las instituciones mediante la licitación convencional– se desglosa en 874 vehículos administrativos, con un valor de ¢12.904 millones –de los que ¢3.758 millones corresponden al mayor comprador, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) (29%)– y 705 vehículos policiales, por ¢16.593,8 millones. De estos, ¢12.682,5 millones (76%) fueron del MSP.
En total, se realizaron 124 pedidos de compra de vehículos administrativos: 85 en la segunda mitad del 2013 y 39 en el 2014.
En julio del 2013, tras una licitación pública, se puso en ejecución por primera vez el Convenio marco vehículos policiales y el Convenio marco vehículos administrativos, por los que las instituciones del Estado pueden adquirir directamente vehículos en la plataforma digital Comprared –administrada por el Ministerio de Hacienda–, sin tener que hacer procesos de licitación para cada compra.
A poco más de un año de vigencia, surgen interrogantes de si el sistema garantiza la transparencia y si promueve la participación de oferentes como sostienen en Hacienda, o si crea requisitos de participación que más bien tienden a favorecer a ciertos proveedores bien posicionados y poner barreras a otros.
Salta a la vista la ventaja de Purdy, con más del 90% de contratación en esa modalidad de convenio marco, lo que supone un avance de la marca que ha tenido aproximadamente un 40% del mercado.
Respecto a otros competidores, Corporación Grupo Q (Hyundai, Isuzu, Chevrolet) con el convenio marco solo vendió 15 vehículos el año pasado, mientras que Veinsa (Mitsubishi) no vendió ninguno. La Agencia Datsun (Nissan), que ha sido uno de los líderes en ventas, ni siquiera entró al convenio marco.
Según funcionarios de la Dirección de General de Bienes y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, que administra Comprared y el convenio marco, esa firma quedó fuera de la licitación por un error cometido por funcionarios de esa empresa.
Se quiso conocer la opinión de la firma sobre el tema, pero Silvia Milano, encargada de licitaciones, dijo que no iban a referirse al asunto.
En el Grupo Q, a la pregunta de si están satisfechos con el funcionamiento del convenio marco, Ingrid Salgado, asistente de licitaciones, dijo que el convenio marco agiliza el proceso de compra y el trámite es muy rápido, pero sí considera que hay que hacerle ajustes al convenio porque “las cosas no son iguales” desde que se firmó.
Salgado dijo que actualmente están trabajando en la certificación ISO para subir calificación en el convenio marco, pero es un trabajo muy amplio, porque se incluyen muchos detalles que no son solo precio, sino tiempos de entrega, manejo de desechos y otros aspectos.
En privado, funcionarios de las otras empresas que no son la Purdy expresan críticas al convenio marco, aunque abiertamente no se manifiestan por temor a perjudicar los trámites para mejorar la calificación en el convenio marco.
Uno de ellos consideró que el convenio marco genera desigualdad al establecer requisitos de admisibilidad para concursar en la licitación, pues colocan en ventaja a ciertas empresas y son una barrera para otras que no tienen los recursos para cumplir los criterios sociales, ambientales y otros que se exigen para participar.
Otro consideró que con el convenio marco se falsean supuestos de la contratación administrativa y la protección del interés público, porque si al administrador que decide la compra en una institución no le gusta la marca que está calificada en primer lugar en la categoría del vehículo que se necesita, entonces cambia la necesidad de manera subjetiva para comprar en otra categoría donde la marca de su preferencia está en primer lugar, aunque el vehículo sea más costoso, produzca más contaminación y vaya en contra de las políticas ambientales que promueve el Estado.
Así, el Grupo Q fue el único adjudicado en la categoría 1400 y 1600 cc, con el Hyundai Accent, un vehículo de las mismas características del Yaris. Si antes las instituciones “se daban gusto” comprando el modelo Yaris, el año pasado solo se vendieron dos, y empezaron a comprar Corolla, de los que se vendieron un centenar.
Esa es la situación que se estaría presentando en algunos casos con el convenio, según este punto de vista.
“ENGAÑADOS”
Al preguntársele al encargado de licitaciones de Veinsa, Kenneth González, por qué esa empresa no fue adjudicada en el convenio marco de vehículos policiales, dijo que “no fue que nos dejamos ganar la licitación, fue que nos engañaron”.
Afirmó que participaban en el proceso de licitación pero no presentaron oferta porque el entonces ministro de Seguridad, Mario Zamora, reunió en su momento a los oferentes y les dijo que el convenio marco no iba porque no le convenía a la Institución. Creyeron, entonces, que se iba a declarar desierta la licitación y no siguieron con las ofertas, pero Hacienda continuó el proceso y cuando se enteraron Purdy había sido adjudicado.
“Los demás oferentes nos fuimos de ‘pollos’ y no seguimos con las ofertas, y cuando nos dimos cuenta fue que le adjudicaron a Toyota. Cuando fuimos a reclamar la CGR se nos dijo no podíamos reclamar nada porque habíamos abandonado el proceso en los últimos tres meses”, afirmó González.
Omar Mora, asistente técnico de Comprared, da una versión distinta. Según el funcionario, lo que hubo fue una reunión para decirles a los oferentes que se iba a seguir el convenio y a una de las empresas se le indicó que subsanara ciertos aspectos. Sin embargo, la empresa no lo hizo, porque estaban seguros que el convenio no se iba a adjudicar. Cuando vieron que se hizo la adjudicación y ellos quedaron por fuera, fue cuando quisieron reclamar y la Contraloría les dijo que cuando tuvieron la oportunidad de corregir la oferta no lo hicieron y ya no había lugar.
Cabe mencionar que, efectivamente, hay un oficio del ministro Zamora y una nota de la proveedora institucional del MSP, con fecha del 17 de julio de 2012, donde se pide a la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda declarar desierta la licitación de vehículos pick-up doble cabina y otras líneas de la licitación del convenio marco correspondiente al MSP. Esto con base en una serie de nulidades e “inconsistencias técnico-legales” que el Ministro hallaba en la licitación y el convenio que se estaba promoviendo.
No obstante, la respuesta de la citada Dirección fue que ya se había procedido a realizar los cambios solicitados por el MSP y que, “con el fin de mantener el espíritu del convenio marco” y pensando en su utilización por parte de las instituciones que así lo requieran, la Dirección continuaría con el proceso de contratación.
DEFENSA
En Comprared se dice que el convenio marco adquiere una relevancia importante en las instituciones que lo utilizan, ya que les permite de una manera más ágil y oportuna comprar los vehículos necesarios para alcanzar las metas de la institución.
También que el mecanismo permite a las instituciones aprovechar economías de escala y ahorrar costos en procesos de licitación, además que abre posibilidades de participación a los proveedores, que pueden concursar individualmente o en conjunto de una sola vez para un conjunto de compradores, sin tener que desgastarse en múltiples procesos de licitación.
La utilización de los dos convenios marco vigentes y el sistema de compras electrónicas Comprared han generado ahorros a las instituciones por un total aproximado de ¢3.562 millones, considerando solamente la variable precios en el mercado, según la Dirección de Bienes y Contratación Administrativa.
Roy Durán, encargado de la Unidad Administrativa Técnica de Comprared, y Ronald Bustamante, coordinador de la Unidad de Convenio Marco del Ministerio de Hacienda, rechazaron afirmaciones que han salido en medios de prensa de que ese sistema electrónico de compras no ofrece garantías de transparencia porque no es totalmente digital. Asimismo, negaron que el convenio marco vulnere los principios y objetivos de la contratación administrativa o que restrinja la participación con los requisitos que incluye.
Durán resaltó que la figura del convenio marco nace en el reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, en el cual la Dirección de Bienes y Contratación Administrativa tiene rango legal para promover los convenios marco y es la CGR la que refrenda los contratos. “Estamos amparados al principio de legalidad y no nos salimos de ahí”, afirmó.
El objetivo es que las instituciones obtengan economías de escala y hagan más participativos los procesos de compra, sostuvo. El convenio marco es muy versátil y permite que conforme vayan evolucionando el mercado y las necesidades de las instituciones, mediante un procedimiento establecido por la unidad del convenio, se les puede solicitar a los proveedores preseleccionados si pueden suplir la nueva necesidad a un precio razonable, para incorporarlo al convenio, detalló.
El cartel de convenio marco tiene una serie de condiciones con criterios sociales y ambientales, entre otros, que son ponderados en la evaluación. Condiciones que son necesarias porque la administración requiere que aquel proveedor que ingrese cumpla con la oferta, por el cuido que hay que hacer de la hacienda pública.
En el caso de la compra de vehículos, la administración vela para que todas aquellas instituciones que adquieran vehículos tengan garantizado no solo un stock de repuestos, sino un taller de servicio que les dé mantenimiento.
Se ha dicho que los requisitos limitan la participación de ciertas empresas, pero las limitaciones son de las propias empresas que no han hecho uso de las figuras que la legislación les permite para unirse en consorcio y presentar ofertas conjuntas, consideró Durán.
En el tema de la transparencia del sistema, Bustamante descartó que, en acuerdo personal con un proveedor, un funcionario pueda introducir cambios a una contratación sin que eso quede documentado. Hay un protocolo de seguridad donde queda registrado quién ingresa al sistema y los cambios deben quedar documentados por escrito en la base de datos, explicó.
En cuanto a la decisión de qué comprar, todo va a recaer en la gestión administrativa de cada institución, porque hay una desconcentración administrativa.
“Tiene que haber una justificación que recae en el jerarca. Nosotros como administración de bienes lo que hacemos es poner el convenio a disposición de todas las administraciones, ver cuáles son las opciones de negocio que fueron adjudicadas y si está de acuerdo con los lineamientos del cartel; es al jerarca a quien corresponde corregir y seguir los lineamientos establecidos por la Dirección”, subrayó.
RESPALDO
Allan Sime, director comercial de Purdy Motor, consideró que no se puede decir que hayan arrasado en las ventas al Estado con el convenio marco, pues llevan un monitoreo mensual y saben que también otras marcas le han vendido al Gobierno. Pero dijo que, sin duda, Toyota es una marca preferida por los costarricenses, ya que se considera que es un vehículo de calidad, de alto valor de reventa y tiene mejor servicio en sus ventas, valores que inciden en la aceptación que han tenido.
Sime añade que el convenio marco tiene la perspectiva de que se pueda disponer de proveedores para hacer compras de manera más eficiente.
Es de suponer que a la empresa le satisface el uso que se le está dando al instrumento del convenio marco, se le consultó. Sime replicó que en realidad son dos instrumentos, porque se mantiene la licitación convencional de la que algunas instituciones hacen uso todavía.
“Sobre los beneficios específicos del convenio marco habría que preguntarles a los funcionarios respectivos, porque nosotros no evaluamos las licitaciones como tales.
Sí me parece que para efectos de eliminar la tramitología que infecta a este país, el convenio da esa posibilidad a las instituciones que lo pueden aplicar”, puntualizó.
¿Qué piensa de las críticas que dicen que los requisitos para participar favorecen a ciertas empresas bien posicionadas y ponen barreras a otras?
“En realidad las licitaciones son públicas e incluso las promovidas, como en este caso, por el Ministerio de Hacienda son refrendadas por la CGR. Es información pública y cualquier persona puede tener acceso a ella”, subrayó Sime.
Aseguró que, desde el punto de vista operativo, si estuviera en la posición de los funcionarios al hacer una licitación, se preocuparía de elegir la marca que entregue el mejor respaldo, que el stock sea suficientemente alto, la mayor cantidad de talleres en el país, el mayor valor de reventa, que son factores sumamente importantes.
Ahora bien, la licitación estuvo abierta para todas las marcas y, como se mencionó, Toyota siempre ha sido la más elegida por las instituciones públicas, por la calidad y el respaldo que tiene, señaló.
Pero sí incrementaron las ventas con el convenio marco, se le anotó. A lo que señaló que hubo una compra grande a finales del año pasado, que como se sabe fue del Ministerio de Seguridad Pública por medio de la recaudación del impuesto a las casas de lujo, que efectivamente fue una licitación de un tamaño poco usual. “Pero si nos remontamos para atrás, en el ICE, la Caja, la Cruz Roja, entre otros, se verá que la mayoría de los vehículos son Toyota”.
¿Hay garantía en el convenio marco para evitar que el proveedor y el cliente se pongan de acuerdo para manipular la contratación y favorecer una marca determinada?
“Yo no lo puedo ver de esa manera. El cartel de licitación está claro y todas las agencias tenían la misma oportunidad de participar. Lo que pasa es que algunas cumplen más requisitos que otras y son requisitos que garantizan la inversión que se va a hacer con fondos públicos. Repito, es un contrato refrendado por la Contraloría, es información pública y cualquier persona puede tener acceso a ella”, concluyó Sime.
Bien montados
Las instituciones públicas compraron carros para uso administrativo mediante el convenio marco por la suma de ¢12.904 millones, de los cuales ¢12.504,3 millones (96,9%) le correspondieron a Purdy Motor (agencia de Toyota, Daihatsu, Hino); mientras, al Grupo Q (Isuzu, Hyundai) le correspondió ¢207 millones y a Veinsa (Mitsubishi) ¢192 millones.
La lista de compras la encabezan pick-ups Toyota Hilux doble cabina, con 409 unidades, seguidos de Toyota Prado 88, Rav4 (98), Corolla 111, Daihatsu Terios 64, Toyota Hiace 36, Toyota Coaster 18, Mitsubishi L200 doble cabina 13, Toyota Fortuner 8, Hyundai Tucson 4×4 (9), Toyota Hilux cabina sencilla 7, Toyota Prius 4, Hyundai Accent 5, Hyundai I10 (4).
Después del MSP, el principal cliente fue el Ministerio de Salud con ¢1.421,3 millones (11%), la Caja Costarricense de Seguro Social con ¢1.230 millones (9.5%), el Ministerio de Justicia con ¢1.089,6 millones (8%), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) con ¢818 millones (6%), el Ministerio de Hacienda con ¢645,8 millones (5%) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería con ¢520 millones (4%).
Siguen con montos menores el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Cuerpo de Bomberos Costa Rica, la Universidad Nacional (UNA), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.
En lo que respecta a vehículos policiales, en el periodo fueron 704 las unidades adquiridas por convenio marco (incluyendo cuadraciclos y motocicletas). De la suma total de ¢16.593,3 millones, Purdy Motor facturó ¢15.580 (93.9%.), y Lutz Hermanos y Compañía, por venta de motocicletas y cuadraciclos, ¢1.013 millones, según los datos de Comprared.
Después del MSP, las compras de carros policiales por convenio marco fueron del MOPT, por un monto ¢3.809 millones, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) con ¢47 millones, la Comisión Nacional de Emergencias con ¢40 millones y el Servicio Fitosanitario del Estado con ¢15 millones.
Aquí nuevamente el Hilux doble cabina aparece en primera fila con un total de 518 unidades vendidas (¢12.136 millones), seguido de 28 camiones plataforma Hino (¢1.414,7 millones), 19 Coaster (¢903 millones), 22 Hiace (¢590,7 millones), 13 Prado (¢543,6%), 38 motocicletas Yamaha WR250R (¢358,8 millones), 20 cuadraciclos Yamaha YFM550FWAD (¢246,8 millones), 28 motocicleta Yamaha XT250 (¢191,5 millones), 9 cuadraciclos Yamaha Grizzly 550 EPS (¢116 millones) y 10 cuadraciclos Yamaha Grizzly 450 (¢100 millones).
Compras en red
*Los dos convenios marco para la compra de vehículos del Estado se negociaron en 2012 y se empezaron a aplicar en julio 2013.
*A setiembre 2014, se habían comprado por convenio marco 1.579 vehículos (874 administrativos y 705 policiales).
¢29.497,8 fue el monto total de las compras, de los cuales ¢28.084,4 corresponden a Purdy Motor (95.2%).
El Ministerio de Seguridad Pública ha sido el principal comprador con el 29% del monto en compras de vehículos administrativos y 76% en vehículos policiales.
