Conciliaciones tributarias: ¿quién gana qué?

La Nación S.A. vendió sus rotativas en 2001 y la Fiscalía consideró que evadió impuestos. La conciliación ocurrió la semana pasada. (Foto: archivo)Cinco meses

La Nación S.A. vendió sus rotativas en 2001 y la Fiscalía consideró que evadió impuestos. La conciliación ocurrió la semana pasada. (Foto: archivo)

Cinco meses y medio después de que el presidente Luis Guillermo Solís abriera otra vez el portillo para conciliar con grandes evasores fiscales, el Estado llegó a un acuerdo de pago con La Nación S.A. por un caso abierto desde el 2005.

En la conciliación, formalizada el 12 de noviembre pasado, la empresa se comprometió a pagar ¢2.277 millones (casi cinco veces más del monto que inicialmente reclamaba el Estado) mientras que el Estado accedió a terminar su reclamo.

Esto fue posible tras la firma de la Directriz N.° 002 de la Administración Solís Rivera, el 28 de mayo de este año, que derogó un decreto firmado por la expresidenta Laura Chinchilla. Este prohibía conciliar con grandes evasores fiscales.

Más allá del caso conciliado la semana pasada, la directriz permitió acudir nuevamente a las medidas alternativas ¾como la conciliación¾  con otras empresas que tienen procesos similares. En el pasado, este grupo lo han conformado Canal 7 y El Guadalupano, entre otros.

La conciliación es una medida alternativa a la pena, en la que ambas partes encuentran un arreglo que les satisface y evita el inicio del juicio. En casos de defraudación fiscal, la víctima es el Estado costarricense y es representado por la Procuraduría General de la República.

Este arreglo es atractivo para ambas partes por motivos sencillos: ambos evitan el proceso judicial, el acusado quita de la mesa la posibilidad de ir a prisión si pierde el caso y el Estado elimina el riesgo de no percibir los impuestos si no gana el juicio.

“Me parece que este acuerdo beneficia a ambas partes; a La Nación, porque puede llegar a un acuerdo que la libera tras hacer los pagos, y a la administración tributaria recibe el monto adeudado”, explica Alfredo Chirino, penalista, exjuez de apelación y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

En las últimas dos décadas, se ha dado una serie de modificaciones al derecho tributario para convertir ciertas acciones que eran penadas en sede administrativa en delitos tributarios, con lo que caen bajo la jurisdicción del derecho penal; es decir, estos cambios permitieron que un evasor fiscal pueda cumplir tiempo en prisión si se le encuentra culpable.

Al conciliar, empresas como La Nación S.A. cierran los procesos judiciales en etapas preliminares y evitan este riesgo. El abogado de La Nación, Carlos Tiffer, señaló que el acuerdo no constituye la admisión de ningún delito. Durante todo el proceso judicial, la empresa aseguró que sus cuentas estaban en orden.

“De ninguna manera, primero no se acreditó la comisión de ningún delito y además ponerse de acuerdo sobre la finalización no significa que haya el reconocimiento de ninguna culpabilidad”, explicó Tiffer.

MENSAJE A OTROS CASOS

Si bien la Procuraduría General de la República no supo dar el dato exacto de cuántos casos de grandes evasores fiscales están ahora en trámite, sí señaló que los hay. Esas empresas podrán elegir seguir los pasos de La Nación S.A., ahora que la directriz que prohibía las conciliaciones está derogada.

Las reacciones a la conciliación ¾que puede ser antecedente a otros arreglos con grandes evasores¾ han variado desde el apoyo hasta el rechazo.

“La práctica que existía antes del decreto que yo firmé era que se defraudaba al fisco y si alguien los ‘pescaba con las manos en la masa’ salían corriendo a ofrecer conciliación. Un claro cuadro de impunidad ante delitos tributarios”, señaló en su cuenta de Facebook la exmandataria Laura Chinchilla, crítica del acuerdo.

Por su parte, el decano Chirino señala que hay una virtud en estos casos: al ser más expeditos que un proceso penal, permiten ejemplificar con mayor rapidez la vigilancia que tiene el Estado ante evasores fiscales.

“Me parece que logra más el Estado haciendo estos casos ejemplificantes, que señalan que la administración tributaria no dejará de investigar a los grandes contribuyentes, que condenarlos penalmente, porque hay un efecto preventorio positivo”, explica Chirino.

La Procuraduría señala que la directriz N.° 002 no cambió nada dentro de sus acciones, pues su Ley Orgánica le permitía conciliar de ser necesario. Consultado por UNIVERSIDAD, el abogado de La Nación confirmó que hubo un impasse en las negociaciones durante el tiempo previo a la derogatoria.

¿ARREGLO CARO?

Las empresas que deseen conciliar con el Estado tienen que pagar el monto que la administración tributaria señala como adeudado, además de otros cargos como multas por demora, daños sociales e intereses.

“Si se diera a conocer en toda su extensión el pago, del capital inicial a lo que se termina pagando, la opción económica que evita el juicio no es una solución barata. Si bien usted evita la cárcel, si le digo que estoy cobrando años de intereses, una multa que ronda entre 50% y 70% del capital –más el 30% de daño social–, solo una empresa grande lo puede pagar”, explicó José Enrique Castro Marín, Procurador Director del Sector Penal.

En este caso, según la acusación que presentó el Ministerio Público en noviembre del año pasado, La Nación S.A. fue acusada por supuesta evasión de cerca de ¢460 millones en el período fiscal del 2002.


Las rotativas de La Nación S.A.

En 2001, La Nación S.A. vendió sus rotativas a la empresa beliceña Leasing Capital Corporation en $2 millones, que luego las arrendó a La Nación S.A. durante dos meses. Al cabo de ese tiempo, las vendió a Arrendadora Interfin S.A. por $5 millones. Esta, a su vez, también las arrendó a La Nación S.A.

Según la Fiscalía, la primera venta fue simulada para poder posteriormente venderlas desde Belice, donde no pagaría impuestos al transarla, aunque la maquinaria nunca se movió de Llorente de Tibás.

En 2005, La Nación S.A. hizo un pago a la administración tributaria de ¢904 millones, pero el proceso siguió su curso. El abogado de la empresa, Carlos Tiffer, asegura que la negociación fue válida y legítima; sin embargo, al conocer la empresa el caso, decidió pagar sus tributos como contribuyente responsable que es.

El pasado 12 de noviembre, trece años después de la venta de las rotativas, la empresa y acordó con el Estado pagar ¢2.277 millones. El acuerdo todavía no está en firme, a la espera de que un juez reconozca que la empresa cumplió su parte. De acuerdo con Tiffer, esto ya se hizo y la sentencia quedará en firme en poco tiempo.


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