Analistas consideran que grandes negocios son los que atraen al Movimiento Libertario a las principales instituciones del país.
Instituciones de gran peso en el presupuesto y desarrollo del país, y proyectos de gran interés económico quedaron servidos para el Movimiento Libertario tras el pacto con el Partido Liberación Nacional, al iniciar el gobierno de Laura Chinchilla.
Integrar juntas directivas en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como la nueva Ley de apertura en el sector eléctrico y la titulación de tierras en la zona fronteriza, son parte de lo solicitado por los libertarios a cambio de su apoyo.
Varios exjerarcas y dirigentes sindicales consultados por UNIVERSIDAD ven con preocupación este acuerdo porque quienes se presentaron como “enemigos” del modelo de Estado que estas entidades representan, ahora sean parte de los que definirán su futuro.
La CCSS y el ICE tienen dos de los presupuestos más abultados en el sector público y generan contrataciones millonarias con el sector privado.
Dos instituciones emblemáticas para la sociedad costarricense, que debido a los intereses económicos que despiertan, tienen hoy en el banquillo de los acusados al expresidente Miguel Ángel Rodríguez, por recibir supuestos sobornos por parte de la empresa francesa Alcatel y al exmandatario Rafael Ángel Calderón, sentenciado en octubre del 2009 a cinco años de prisión por dos delitos de peculado en relación con el caso CCSS-Fischel.
Precisamente cuando se anunciaba el acuerdo entre libertarios y liberacionistas, se cumplían 15 años del pacto Figueres-Calderón, el cual impulsó la oleada de privatización y debilitamiento de los servicios públicos ante intereses particulares.
Walter Reiche, expresidente de la Corporación Fischel, también sentenciado a cuatro años de prisión por el escándalo Caja-Fischel, afirmó sobre el pacto Figueres-Calderón en una entrevista dada a La Nación, que él debía formar parte del “selecto grupo de empresarios” que tenían acceso a “un nivel político superior”, a fin de poder “hacer negocios importantes con el Estado”.
“METER EL ZORRO AL GALLINERO”
La Caja Costarricense del Seguro Social es, según los datos de la Contraloría General de la República, la institución que manejó un presupuesto de ¢1.770.104 millones (1.7 billones) en el 2009.
El exdirectivo y expresidente de la institución, Guido Miranda, opinó que la llegada de representantes del Movimiento Libertario a la junta directiva de la Caja significa abrir espacio a las consignas de “más mercado y menos Estado”.
Miranda recordó que de las nueve personas que integran la junta directiva de la CCSS, tres son representantes de los patronos, tres de los trabajadores y los tres restantes nombrados por el gobierno.
“Este acuerdo es como meter el zorro en el gallinero, ¿Quiénes son los que aplican la autonomía institucional?, pues los directores. Entonces si estos llegan y forman alianzas con los empresarios, pues les van a dar la mayoría”, afirmó Miranda.
Miranda recordó que el Movimiento Libertario ha manejado dos conceptos que pretenden aplicar a la Caja: la libre elección de dónde recibir los servicios médicos, aunque pagados por la Caja; y la libertad de escoger a cuál seguro se cotiza.
Sobre el primero, Miranda apuntó que el servicio solidario de la Caja sucumbiría ante las clínicas y hospitales privados, que absorberían gran parte del presupuesto de la institución.
“Si usted ve, las clínicas privadas vienen creciendo hace rato, preparándose para que la Caja les compre servicios. Imagínese lo que es para las empresas repartirse un presupuesto de más de ¢1000 millones, pues lógicamente van a desear que desaparezca el seguro o que se compren medicamentos con patente en vez de genéricos”, afirmó Miranda.
Para el exdirectivo, la CCSS sufre desde hace años de una mala gestión, donde préstamos millonarios como el “préstamo finlandés” o el “préstamo español”, que eran para mejorar la institución, terminaron en sonados casos de corrupción.
Luis Chavarría, secretario general de la Unión de Empleados de la Caja (UNDECA), consideró “nefasto” que el Movimiento Libertario pueda hacerse con un lugar en la directiva de la CCSS cuando siempre han promovido transformarla en una simple institución que compra servicios a empresas privadas.
“Hay un proyecto para la cotización voluntaria y no obligatoria, para que el que quiera se traslade a un seguro privado. Esto destruiría la Caja, y uno no entiende como gente que piensa de esta forma podría llegar a la directiva de la Caja”, afirmó Chavarría.
EL ICE Y SUS NEGOCIOS
Otra de las instituciones que está en la mira de este acuerdo es el ICE, el segundo en importancia por el tamaño de su presupuesto, que para 2009 fue de ¢1.485.649 millones ( ¢1.4 billones).
El exgerente del ICE, Carlos Manuel Obregón, aseguró que el Instituto es una de las empresas más grandes de Centroamérica, y tiene en sus manos dos de los negocios más codiciados y lucrativos: la generación de energía y las telecomunicaciones.
Obregón indicó que el ICE es aún el actor dominante en ambos mercados, por lo que sus contrataciones y licitaciones hacia el sector privado suman muchos millones; pero ya estos procesos no están en manos directamente de la junta directiva, sino que son revisados por un grupo técnico.
El exgerente se manifestó en contra del proyecto de la Ley de Electricidad, pues considera que un sector tan importante para el país no puede someterse a los vaivenes del mercado.
El exregulador general y exdirectivo del ICE, Leonel Fonseca, calificó de “grave” que un partido que ha intentado “destruir” estas instituciones, ahora intervenga en sus decisiones.
Fonseca apuntó que el impacto del Movimiento Libertario en el ICE dependerá del enfoque que den a su gestión, pues si el directivo que llegue ejerce un efectivo control político, podría ser beneficioso para la institución.
Explicó además que quien llegue al ICE debe cumplir un perfil y ciertos requisitos, por lo que según la ley deberá ser un abogado, ingeniero o economista.
“Hay gente dentro de este mismo gobierno, como Teófilo de la Torre (ministro de Ambiente y expresidente del ICE), que deberían ser los primeros en defender al ICE si se ve amenazado”, afirmó.
Jorge Arguedas, presidente de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones del ICE (ANTTEC), expresó que la llegada de los libertarios al ICE sería un “retroceso”, pues su intención es poner la institución en manos de las transnacionales.
“Ellos serían un voto más para las multinacionales, de ahí que haremos un planteamiento al Gobierno para que no permita la llegada de esta gente, no lo vamos a aceptar, pues se sabe el daño que podrían hacer”, afirmó.
INTERESES PRIVADOS
El politólogo Alberto Cortés comentó que la llegada de los libertarios a instituciones tan importantes es algo complicado, pues por su ideología “antiestatista” pueden aprovechar los espacios en su gestión para debilitarlas, y favorecer intereses privados.
Para Cortés, lo primero que habría que determinar es si el nombramiento es posible, pues la ley “4-3” está concebida para dar espacios en las directivas a la primera y segunda fuerza política del país, y no a la que ocupó el tercer lugar.
El analista consideró que el interés por las instituciones clave es muy claro, ya que en el pacto seleccionaron aquellas que tienen grandes activos y presupuestos millonarios, de los que se desprenden contratos de gran interés para el sector privado.
En su criterio, esta alianza entre el PLN y el libertario está basada en el pragmatismo y en la necesidad de votos que tiene el oficialismo en la Asamblea Legislativa, pero no se puede llamar “bipartidismo”, pues a ambas fuerzas aún no les alcanza para controlar por completo el Congreso.
“Si se recuerda, el bipartidismo integrado con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) llegó a controlar hasta el 90% de los puestos de diputados. La correlación de fuerzas con los libertarios, apenas le permite al PLN avanzar en una agenda de privatización”, afirmó.
Respecto de los otros proyectos que integran la agenda, y que han sido siempre de gran interés para el Movimiento Libertario, como la ley de marinas, la titulación de tierras en la zona fronteriza y la regulación de casinos, Cortés no les ve un camino fácil a pesar del pacto.
“Es un poco temprano para decir que solo por el pacto, esos proyectos tendrán una aprobación llana. Hay muchos mecanismos legislativos que pueden frenarlo y son proyectos que por su naturaleza pueden crear mucha oposición ciudadana”, aseveró el politólogo.
“Sería una agenda de choque que trataría de imponer esa coalición política, y eso generaría un conflicto social que doña Laura Chinchilla ha dicho que no quiere”, acotó.
