El hecho de que la corrupción sea un problema político, pues se trata del “abuso de poder en beneficio personal”, sumado a la ausencia de “elementales leyes de acceso a la información pública”, son parte de los factores que inciden en que esa práctica “deprima el apoyo de la ciudadanía a la democracia”.

Así lo explicó Jorge Vargas Cullell, director adjunto del Programa Estado de la Nación el pasado 18 de agosto, durante la presentación del documento “El Desafío regional de la lucha contra la corrupción”, el cual es una separata, o publicación por separado, del Capítulo VIII del Informe sobre el Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible, del año pasado.

De hecho, uno de los datos estadísticos que arroja la investigación del Informe, es que el apoyo al sistema democrático es menor entre aquellas personas que se sintieron víctimas de algún hecho de corrupción.

Según datos recabados entre el 2004 y el 2006, esa actitud se encontró por igual en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. En el caso de Costa Rica, el apoyo a la democracia entre quienes no sufrieron la corrupción supera el 65%, mientras que esa cifra baja al menos un 5% entre quienes sí la padecieron.

En los casos de Guatemala, Nicaragua y Panamá el apoyo al sistema democrático entre las víctimas de corrupción cae muy por debajo del 50%.

Esas realidades fueron reconocidas y destacadas por los demás expositores que participaron en la actividad: la Contralora General de la República, Rocío Aguilar; el fiscal General Francisco Dall’Anese y el periodista Eduardo Ulibarri.

Este último aseveró que la corrupción es “una variable crítica en los procesos políticos”, pues “está demostrado que hay una correlación entre la percepción de la corrupción y el apoyo político a la democracia”.

Ulibarri llamó la atención sobre el problema de que sea en la Asamblea Legislativa donde se determina qué personas ocupan puestos en las instituciones de control, pues ello implica “que esos puestos se deciden por compadrazgos políticos”.

Precisamente, la presentación de la candidatura de la diputada oficialista Ofelia Taitelbaum, como aspirante a la Defensoría de los Habitantes, ha generado cuestionamientos por parte de las organizaciones sociales y en particular de mujeres. (Ver UNIVERSIDAD del 19 de agosto).

Muy vehemente fue la intervención del Fiscal General, quien lamentó que “no podemos decir que hay avances”, pues destacó que los muy sonados casos que se siguen contra los expresidentes Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, no se lograron investigar porque se hubiera dado un fortalecimiento institucional, sino por el atentado a las Torres Gemelas, tras el cual los países levantaron el secreto bancario y se pudo recabar información en Panamá y el Caribe.

Dall’Anese describió la corrupción como “una gelatina, que cuando se le quiere tomar se resbala entre los dedos como un fantasma”. El funcionario explicó que existe un tipo de corrupción llamada “blanca”, “la que se ejerce desde la política y avanza por los pasillos de las instituciones de manera más o menos solapada”, al mismo tiempo, se desarrolla la llamada corrupción “negra”, que según explicó es la ejercida por y desde el crimen organizado.

“Cuando se empiezan a destapar grandes casos de corrupción en Costa Rica, empieza a suceder lo que pasa en todo lado, la corrupción blanca se acerca a la negra para asegurar su impunidad”, informó.

“Ese es el fenómeno que se viene dando en Costa Rica, no es ciencia ficción sino algo que ya se ha observado en otros sitios. No me refiero a lo que sucede ahora, sino a lo que suceda después de estos juicios”, puntualizó.

“COMPLICIDAD Y TOLERANCIA”

Durante su exposición, Vargas Cullell señaló que los avances en la lucha contra la corrupción que se han dado en Centroamérica, consisten en la firma y ratificación de acuerdos e instrumentos internacionales, pero “falta una mayor implementación”.

Añadió que los medios de comunicación, al mismo tiempo que cuentan con la confianza ciudadana para realizar su labor cívica, “están comprometidos con los intereses de los propietarios”.

El Informe del Estado de la Región apunta que los medios “son un canal privilegiado para la denuncia de la corrupción”, cuyo trabajo de fiscalización sin embargo, es limitado “por la concentración de la propiedad de los medios, persistentes obstáculos legales para la libertad de expresión e incluso amenazas a la integridad física de las y los periodistas”.

Otro de los elementos que destacó el investigador, es que “la politización reparte puestos en instituciones de control de la hacienda pública, lo cual es más notorio en Honduras y Nicaragua”. Explicó que ello incide en la falta de independencia de esas instituciones y en la inexistente protección a testigos, aunque en ese rubro se reportaron avances recientes en Costa Rica y Honduras.

A ello se suma un “cuello de botella” en la justicia penal, donde “se dan pocas sentencias condenatorias y se adolece de falta de recursos”.

Explicó que todo ello redunda en una desconfianza ciudadana en las entidades de control, que se manifiesta en la creencia generalizada de que habrá impunidad. Según dijo, entre el 30 y el 60% de la población en Centroamérica cree que no hay juicios justos y que el gobierno no combate la corrupción.

DEPRIME APOYO

Para Vargas Cullell, el problema de fondo desde una perspectiva más política es que la corrupción “deprime el apoyo de la ciudadanía” a la democracia.

Lamentó el hallazgo de que existe un rango de tolerancia a la corrupción de parte de la ciudadanía. Apuntó que en Costa Rica, el 26,7% de la población señala que se justifica pagar “mordidas”, lo cual es el porcentaje más alto de la región.

“No sólo se debe hablar de las víctimas de la corrupción, pues también hay complicidad de la población”, señaló.

Consultado por UNIVERSIDAD sobre el avance de la corrupción, manifestó que en lo que se refiere a Costa Rica su pronóstico es “reservado”, pues aunque sí encontró aspectos positivos como la creación de leyes sobre la protección de testigos y cambios en el Código Penal y Procesal Penal, lamentó que aún hay “vastos segmentos de la administración pública muy erosionados y deteriorados y con malas regulaciones”.

Añadió que hay “áreas grises” de la vida económica donde la relación entre los agentes económicos privados y el Estado sigue siendo “muy poco conocida y fiscalizada”.

Lamentó que en otros países de Centroamérica el pronóstico ya no es reservado sino “francamente pesimista”, pues se trata de “sistemas políticos con élites que mantienen el control absoluto de la política pública”.
“¿Qué nos queda? La única opción es impulsar la fiscalización organizada de la ciudadanía sobre la función pública. No se sabe si se va a ganar la batalla, pero hay que darla”, concluyó.

“Las normas no caminan solas”

El Fiscal General, Francisco Dall’Anese, fue abordado por UNIVERSIDAD tras la conclusión de la actividad, para que ampliara más sobre la relación entre la corrupción “blanca”, ejercida desde la política y adentro de las instituciones, y la “negra”, ejecutada por el crimen organizado

¿Qué tan avanzado está en Costa Rica el proceso de conjunción de las mafias que se dedican a la corrupción blanca y a la corrupción negra?

– En este momento aún no tenemos la plataforma de Información Policial, se acaba de aprobar la ley y no tenemos datos objetivos que sumen todos los hallazgos por ejemplo de escuchas telefónicas, pero tenemos indicadores, ciertos casos económicos importantes en los que se han dado amenazas a personas que tienen que declarar y que deben ser atendidas por el programa de protección a testigos.
Al igual que en su momento dijimos que la presencia de los sicarios era un indicador del avance del crimen organizado, el hecho de que se den amenazas en casos de delitos económicos es señal de que ya se genera un acercamiento entre la corrupción blanca y la negra.

¿Se trata de casos con vinculaciones políticas?

– Podríamos hablar de todos los casos de corrupción, pero no tengo un dato objetivo con el cual especificar las relaciones.  Sí hemos detectado los síntomas como estas amenazas presentadas en casos de lavado de dinero, corrupción y estafas.

¿Siente confianza en las normas aprobadas en el marco de la Ley contra el Crimen Organizado?

– Las normas no caminan solas, tiene que haber voluntad de la gente que las debe hacer funcionar. En este momento aún estamos a tiempo de lograr algo.

Programa centroamericano

El Informe Estado de la Región es un proyecto del Programa Estado de la Nación, una iniciativa gestada por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), de las cuatro universidades públicas, junto a la Defensoría de los Habitantes.
El Programa data de 1994 y su propósito es “dotar a la sociedad de instrumentos de fácil acceso para conocer su evolución” y “desarrollar instancias de rendición de cuentas”, entre otros, según su sitio Web.
El Informe sobre el Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible busca hacer el mismo aporte en el ámbito de centroamericano. En octubre del año pasado se publicó la más reciente edición, de la cual ahora se presentó la separata sobre el tema de corrupción, disponible en el sitio Web del Programa (www.estadonacion.or.cr) y cuya investigación se realizó en conjunto con la organización no gubernamental (ONG) Transparencia Internacional.
Así, los datos estadísticos presentados en la investigación son producto de la sistematización de la información contenida en estudios de diversos autores, de los informes anuales de esa ONG o de estudios de opinión pública como el Latinobarómetro. Abarca hasta el 2007.