El año pasado se exportaron $459.576 millones en aletas de tiburón a China.
La mayoría de los barcos que pescan tiburones para exportar sus aletas desde Costa Rica, son taiwaneses, y continúan las denuncias sin resolver sobre la falta de supervisión de las autoridades nacionales en los muelles privados donde éstos descargan su mercadería.
Según confirmó el gerente de la Aduana de Caldera, Puntarenas, Omar Jiménez, de los navíos de esa procedencia que descargan aletas de tiburón en los muelles nacionales arriban al menos tres cada semana.
Esto se debe a que la aleta de tiburón, que luego se pulveriza y a veces se exporta como un producto en polvo, se utiliza para preparar una sopa muy codiciada en China, Hong Kong y Tailandia.
Como lo confirman cifras de Procomer, la mayoría de la aleta fresca que se exportó el año pasado tuvo como destino China, y la aleta pulverizada se envió sobre todo a Hong Kong (ver cuadro).Sin embargo, estas partidas arancelarias no son muy precisas, porque también incluirían pescado seco o ahumado. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), por año Costa Rica exporta entre 800 y 1.000 toneladas de aletas. En otros países sí existe un código tarifario específico para este producto; pero aquí no se ha implementado.
El problema con esto es que la práctica de la corta de aletas (o «aleteo») es conocida mundialmente por ser insostenible al causar un gran desperdicio de los recursos marinos y porque está haciendo desaparecer estas especies. No existe una cuota de tiburones que se permita pescar, todo está por la libre. Lo único que supuestamente debe controlar el Instituto Costarricense de Pesca (INCOPESCA) es que los barcos descarguen un número de aletas proporcional a los cuerpos de tiburones que pescaron en el barco. Pero el obstáculo ha sido la falta de control en las muelles y la desatención a las denuncias planteadas por organizaciones ambientalistas.
ADUANAS DEBE RESOLVER
Precisamente el 24 de mayo pasado, la Sala Constitucional resolvió que la Dirección General de Aduanas violaba el artículo 50 de la Constitución que garantiza el derecho a un ambiente sano y que estaba tomando una cantidad de tiempo injustificable para resolver las denuncias planteadas por el Programa de Restauración de la Tortuga Marina (Pretoma). La Corte ordenó -en la sentencia 2004-02140- que Aduanas resolviera la denuncia planteada por Pretoma a más tardar el 4 de junio del 2004.
Lo que sucedió fue que el 31 de mayo del año pasado funcionarios del Servicio Nacional de Guardacostas presenciaron la descarga ilegal de 30 toneladas de aletas de tiburón por un barco taiwanés.
Según consta en el documento de la denuncia ante Aduanas, el barco Goida U Ruey No. 1, informó que descargó 53.000 kilos de pescado congelado; pero nadie firmó por Aduanas ni estuvo presente ningún funcionario de INCOPESCA.
Los funcionarios de Guardacostas denunciaron ante Guardacostas e INCOPESCA que vieron cómo descargaban 30 toneladas de aletas de tiburón sin los cuerpos; sin embargo nadie hizo nada. Todo esto ocurrió en el muelle privado Inversiones Cruz, que no está autorizado para la descarga de barcos internacionales. Aparentemente las aletas fueron rápidamente transportadas a un lugar desconocido en tres contenedores y el barco consiguió autorización para zarpar de nuevo.
«El barco venía de afuera y llegó al puerto con una mercadería que desapareció; sólo solicitó un permiso de paso, no tenía por qué descargar, pero lo hicieron», explicó la abogada de Pretoma, Ruth Solano.
Si se descarga un producto que se trae de fuera, en un muelle nacional, esto se consideraría una importación, por lo que habría que pagar un impuesto. Por eso en la denuncia se señala que la descarga de las aletas significaría «que se consignó una carga sin manifestar las cantidades exactas, para defraudar al fisco. En Puntarenas el precio de un kilo de aleta de tiburón es ¢25.000 y el impuesto sobre 30 toneladas sería de un 15% del valor declarado del producto, así que podría existir un desfalco por más de ¢112.5 millones», afirmó Randall Arauz, presidente de Pretoma.
Esta entidad denunció esto ante la Policía Fiscal de Aduanas, tras alegar que el INCOPESCA no quiere hacer cumplir sus propios reglamentos y que Aduanas incumple con las inspecciones de los productos descargados en los muelles privados.
Debido al silencio administrativo, la organización interpuso una denuncia ante la Sala Constitucional, la cual se pronunció recientemente.
PROCEDIMIENTOS DE ADUANAS
UNIVERSIDAD entrevistó vía telefónica a Omar Jiménez, gerente de la Aduana de Caldera, quien detalló cuáles son los procedimientos que realiza esa dependencia y se defendió de las críticas de Pretoma.
Primero, puso la carga sobre el INCOPESCA, pues es dicha institución la que debe corroborar que el número de aletas descargadas sea proporcional a los cuerpos de los tiburones pescados. «Aduanas no puede autorizar ningún trámite aduanero sin la nota técnica de que el Instituto supervisó la descarga y no hemos realizado ningún trámite sin la nota técnica», afirmó.
«Pretoma ha querido decir que por descargar en muelles privados no hay control, pero lo que importa no es el lugar sino el estricto control», añadió.
Para los barcos existen dos procedimientos de control; primero, se supone que las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de Migración, del Ministerio de Salud y de Aduanas, deben visitar el navío cuando llega al puerto. «Ahora casi todos envían el documento donde reportan su carga vía electrónica, así que según la ley, nosotros decidimos cuáles barcos visitamos. Pero para controlar lo del «aleteo», desde el año pasado en Aduanas se acordó hacer todas las visitas oficiales a los barcos», dijo Jiménez.
Después de que se autoriza la descarga viene la inspección en el muelle, que es obligatoria y donde debe estar presente un funcionario de INCOPESCA. «Aduanas va a sólo un 30% o 40% de las inspecciones», detalló el funcionario.
Todos los barcos que descargan aletas de tiburón lo hacen en muelles privados por autorización de Aduanas, ya que el de Caldera es muy alto para estas embarcaciones.
«Sólo autorizamos las descargas de aletas en esos muelles por una situación de imposibilidad material de hacerlo en otro lado», reiteró Jiménez. Pero Randall Arauz, de Pretoma, señaló que existe un muelle público en El Carmen, de Puntarenas, que podría utilizarse y considera que se deben detener las descargas de embarcaciones extranjeras en los muelles privados hasta que estos sean habilitados legalmente, porque sólo facilitan la evasión de controles.
Por su parte, Narda Campbell, asesora de imagen institucional de Aduanas, en el Ministerio de Hacienda, explicó que la denuncia planteada fue a estudio del Departamento de Denuncias y del Departamento Legal y que ya se resolvió. Pero, ¿Cómo? Sólo se envió una directriz que recordaba a los funcionarios que deben verificar que Incopesca emita un documento donde asegura que vigiló la descarga y que no habían irregularidades. Para Campbell, el problema es que no hay regulación en la captura del tiburón, pues si fuera una especie protegida o en veda, sería diferente.
