La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) representa un mercado millonario anual de medicinas de más de ¢30 mil millones ($69 millones) para un grupo de empresas farmacéuticas costarricenses y extranjeras, que pelean por obtener jugosas licitaciones en esta legendaria institución pública. Sin embargo, pocas firmas son las que se reparten este pastel de fármacos; y en los primeros lugares destacan la Central Farmacéutica S.A. (CEFSA) y Laboratorios Stein.
Sólo para que tengan una idea, el año pasado CEFSA vendió a la CCSS casi ¢4 mil millones y Laboratorios Stein una cifra cercana a los ¢3.500 millones, según revelan informes de las licitaciones de la Contraloría General de la República, analizados por UNIVERSIDAD. Pero mientras la primera es la representante de productos de marca patentados por transnacionales, la segunda es una proveedora de medicamentos genéricos, aquellos productos que no son de marca pero que tienen los mismos compuestos químicos que los originales.
Y es que la Caja es una gran compradora de genéricos debido a su bajo costo frente a los de firmas, cuyo precio duplica o triplica el valor de cualquiera de éstos. Datos oficiales de la CCSS indican que alrededor de un 73% de ese gran paquete de fármacos provienen de la producción genérica, en tanto que un 27% representa al de los patentados.
Actualmente hay un gran debate por el impacto que el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos podría provocar en esta composición de medicamentos en la institución.Según los adversarios del Tratado, la Caja se verá obligada a comprar un gran número de medicinas de marca debido a las exigencias por respetar la patente del descubrimiento científico que creó determinado fármaco; y esto por varios años, a fin de no violentar las leyes de propiedad intelectual, impulsadas por EE.UU. y otros países desarrollados. Eso implicaría que durante los años en que se encuentre vigente la patente, esta entidad pública no podría adquirir ningún tipo de genérico.
El mercado de las medicinas y las otras compras de equipo de la CCSS están en el ojo de la tormenta tras el reciente escándalo por sospechas de tráfico de influencias en la institución por parte de la Corporación Fischel.
A raíz de este caso los representantes de la junta directiva de la Caja fueron destituidos por orden de un juez. También renunció el presidente ejecutivo, Eliseo Vargas García, quien es investigado por el alquiler de una casa en $2.500, estimada en ¢300 millones, que está a nombre del exgerente financiero de la Corporación Fischel, Olman Valverde. Al mismo tiempo fueron detenidos el presidente ejecutivo de la Corporación, Walter Reiche Fischel, y Jorge Granados Moreno, abogado de la presidencia ejecutiva, acusados de coacción y amenazas.
Pese a ello, la Corporación Fischel no se encuentra entre las grandes proveedoras de medicamentos. Su «fuerte» es el suministro de equipos médicos y un importante contrato firmado con la CCSS y la Clínica Bíblica. Esta clínica privada administra 17 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) de la Caja, donde se distribuyen las medicinas de la Corporación Fischel. Sin embargo, mediante un comunicado de prensa la Bíblica anunció recientemente la finalización del acuerdo con la firma farmacéutica.
Según los informes de la Contraloría General, la Fischel licitó el año pasado casi ¢445 millones solo en equipos (Ver cuadro «Farmacéuticas con ganancias que suben»).
El convenio entre la CCSS y el hospital privado también se criticó duramente en el informe de una comisión legislativa especial, debido a que Bernal Aragón, quien es gerente de la Bíblica, fue directivo de la institución entre julio de 1998 y 2000.
Estos cuestionamientos salieron a la luz pública durante el período legislativo pasado (1998-2002), cuando el médico Walter Muñoz, entonces diputado del Partido Integración Nacional (PIN), alertó en el informe sobre el posible «tráfico de influencias» en las licitaciones de la entidad estatal, por parte de las corporaciones que venden no sólo fármacos, sino también equipos. La Caja también ha pagado aproximadamente ¢1.500 millones por año, por el alquiler de éstos.
Finalmente este documento tuvo un apoyo de mayoría y solo fue rechazado por el ahora Presidente de la República, Abel Pacheco de la Espriella, cuando se desempeñaba como diputado y el ex legislador Alvaro Trejos.
VIEJAS DENUNCIAS
«Todo el problema de la compra de servicios a terceros en la Caja lo analizamos en la Comisión Legislativa Especial que investigó el tráfico de influencias en la institución», recuerda Muñoz, quien reitera lo que se dijo en ese momento, que debe cambiarse el reglamento de contratación de los proveedores.
Esa visión la comparte Geovanny Ramírez, representante del sector salud de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), quien afirma que la política «se metió fuertemente desde Casa Presidencial», cuando se toman decisiones sobre la compra de los diversos servicios que requieren las personas usuarias de la Caja.
Un criterio diferente tiene Guido Miranda, expresidente ejecutivo de la CCSS entre 1986 y 1990, quien sostiene que el procedimiento es correcto, pues los requisitos permiten cumplir con un proceso transparente.
«Yo parto de la base de que son negocios lícitos y que vienen ajustados al procedimiento», comentó.
Muñoz y Miranda forman parte de una comisión de estudio propuesta por los sectores sociales de la Tercera República, con el fin de analizar de manera independiente el tema de la rendición de cuentas, la transparencia en las licitaciones y los servicios en la institución autónoma. También la integran el empresario Juan Francisco Montealegre y el economista Luis Paulino Vargas.
Sobre este tema intentamos recoger una opinión del presidente ejecutivo de la CCSS, Alberto Sáenz Pacheco y la nueva junta directiva, sin embargo, se informó en la Oficina de Prensa que no habían sido juramentados al cierre de edición.
Igualmente se dejaron mensajes a Rafael Carrillo y Alvaro Fernández, miembros de la junta de notables creada a raíz del escándalo con la Corporación Fischel, pero no se logró recoger su criterios. En el caso de Carrillo no recibimos respuesta al mensaje en la Cámara de Industrias y en el de Fernández se informó en su casa habitación que se encontraba en su finca fuera de San José.
POCAS PROVEEDORAS
CEFA es una proveedora de medicamentos de la CCSS, cuyas ventas pasaron en solo dos años de ¢642 millones a casi ¢4.000 millones, lo que la convierte en la número uno de una lista de casas farmacéuticas integradas por compañías productoras de medicinas genéricas y de marca.
Precisamente esta corporación representa a diversas firmas de patente como son Sanofi, Roche, Aventis Pharma y Abbot. El gerente general es John Otto Knohr y el presidente de esta firma es Jorge Wálter Bolaños, quien fue el primer ministro de Hacienda de la actual administración. Bolaños fue miembro de la junta directiva del periódico La Nación, puesto al que renunció antes de asumir su puesto como jerarca de gobierno. Diversos sectores políticos lo ubican muy cerca del actual aspirante a la presidencia de la república, Oscar Arias Sánchez.
La segunda casa proveedora de fármacos de la CCSS es Laboratorios Stein, con ventas por más de ¢3.500 millones. Esta empresa es una productora de medicinas genéricas, cuyo presidente es Isaac Wasserstein y su gerente general Mitchel Wasserstein.
La tercera empresa que más vende a la institución es Laboratorios Gutis, que también tuvo un salto importante en sus cifras al pasar de ¢376 millones en el 2001 a ¢1.975 millones el año pasado. Esta firma también productora de genéricos, la preside Luisa Israel de Gutiérrez y su gerente es Norman Gutiérrez.
La cuarta firma a la que la institución le compra fármacos es Medipharma, vendedora de productos patentados, que vendió ¢926 millones el año pasado, después de vender ¢580 millones en el 2001. Su presidente y gerente general es Jorge Siblesz.
Estas cuatro empresas representan casi el 34.6% de las compras que realiza la benemérita institución mediante licitaciones que deben reportarse ante el ente contralor.
El poder detrás del trono
¿Quién tiene el poder de decisión a la hora de definir si una empresa se queda con una licitación de medicamentos en la CCSS? Esa es la pregunta que muchos se hacen luego del reciente escándalo surgido entre la institución y la empresa Fischel.
El problema no está en el procedimiento, afirma el exjerarca de la CCSS (1986-1990) Guido Miranda, quien sostiene que los requisitos exigidos garantizan la realización de un negocio lícito en la adquisición de fármacos.
Sin embargo, el exlegislador del Partido Innovación Nacional (PIN), Wálter Muñoz, y exmiembro de la comisión legislativa que investigó las irregularidades en la CCSS durante la gestión parlamentaria pasada (1998-2002), afirma que desde 1990 se experimenta una situación de «tráfico de influencias» en la institución.
Para Geovanny Ramírez de la ANEP, el problema se originó luego de que se crearon tres nuevas gerencias en la entidad social, que a su juicio permitieron que «las gerencias pusieran a la Caja al servicio del partido en el poder para asegurarle los negocios a particulares».
Otro criterio es que mediante las juntas directivas se ejerce el mayor poder de influencia en una institución pública en los procesos de licitación, porque allí están representadas las personas miembros de los partidos mayoritarios de Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana. En el caso de la CCSS, también participan un representante sindical, uno cooperativista, uno de la Iglesia Católica y de las Asociaciones Solidaristas. Recientemente, fue destituida la junta directiva de la CCSS a solicitud de la Fiscalía General de la República y por orden de un tribunal, para ser investigada por un campo pagado que se publicó en el periódico La Nación, el cual presuntamente habría defendido la labor del anterior presidente ejecutivo Eliseo Vargas, luego de su dimisión.
INFLUENCIA EN LAS GERENCIAS
Antes de 1990 la gerencia médica era la instancia que concentraba mayor poder en la institución, porque era la que recomendaba la empresa a la que debía entregarse una licitación de medicamentos, compra de servicios o equipos médicos. También existían la administrativa y la financiera. Sin embargo, posteriormente se aprueba un proyecto de reforma a la Ley Constitutiva de la CCSS, que crea la gerencia de operaciones durante la administración del presidente Rafael Angel Calderón Fournier.
El gerente médico de la institución, Dr. Roberto Galva Jiménez, quien fue designado durante la administración del presidente Oscar Arias Sánchez, recibe un nuevo gobierno socialcristiano, encabezado por Calderón Fournier. Es durante esa administración cuando se cambia la legislación para crear el puesto de gerente de operaciones, quien a partir de ese momento se encargaría de definir todas las compras en la CCSS. El nuevo designado fue el Ing. Carlos Manuel Quesada Solano. Posteriormente en el gobierno liberacionista de José María Figueres, se establece la gerencia de pensiones, cargo que fue desempeñado por Róger Aguilar. En la gestión rojiazul de Miguel Ángel Rodríguez en 1998 surge la gerencia de modernización, que se encargaría de administrar los préstamos hoy cuestionados, el finlandés y el español, estimados en $260 millones. Ese cargo fue ejercido por Juan Carlos Sánchez Arguedas, quien hasta el 31 de mayo de este año se desempañaba en ese cargo. Esta gerencia está ahora como recargo a la gerencia de administración.
Para Wálter Muñoz las gerencias siempre han sido nombradas por alguno de los dos partidos mayoritarios, por lo que es notoria la influencia política. Sin embargo, sostiene que tres representantes ante la junta directiva son designados por el Poder Ejecutivo, lo cual ha provocado que la Caja siempre se mantenga «partidizada» a favor de uno u otro, cuando se encuentra en el poder.
Muñoz presentó un proyecto de reforma a la ley orgánica de la CCSS, que pretende eliminar la presidencia ejecutiva y crear una gerencia general nombrada por concurso mediante una comisión especial de la Caja. Este proyecto forma parte de las recomendaciones que se indicaron en el informe de mayoría de la comisión legislativa.
«Las gerencias crecieron conforme a los favores políticos, pero en realidad en la Caja lo que debe existir son subgerencias y una gerencia general con carácter empresarial», sentenció Muñoz.
PRECIOS DE MEDICINAS AL GARETE
El modelo de compra de medicamentos que utiliza la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante el Departamento de Adquisiciones y Distribución ha sido criticado porque no permite un verdadero control del precio de las medicinas y porque las compras directas benefician a las grandes farmacéuticas que pueden inflar los costos reales de los productos.
Por ejemplo, si existe desabastecimiento, la Caja realiza compras directas que carga a un programa de financiamento llamado «Plan 5000», un procedimiento que permite que las farmacias de la Caja liciten y compren los medicamentos en el ámbito local en pequeñas cantidades a importadoras y distribuidoras farmacéuticas, pero a un costo muy elevado.
Otra forma es a través de una solicitud de compra de medicamentos, al amparo de la Ley 6917, que la estableció Guido Miranda, durante su gestión como presidente ejecutivo (1986-90). Consiste en que los proveedores notifican su precio de oferta a la Caja, y en cinco días la Junta Directiva debe decidir cuál es la compra más conveniente. Luego se envía a la Contraloría General de la República, que debe resolver la compra en 10 días, o sea, es una especie de licitación rápida.
Wálter Muñoz, quien ha realizado varios análisis sobre el precio de los medicamentos, insiste en que debe haber una normativa que establezca una oficina de control de precios de los medicamentos, como lo propuso en 1999.
Como cuestiona Muñoz, nunca se ha sabido cuál es el verdadero precio con el que ingresan las medicinas a Costa Rica y aunque lo ha intentado conseguir en diversas instituciones, no ha sido posible. «En Costa Rica los medicamentos son los más caros de América Latina y no se compran de marca, la mayoría son genéricos».
