El ministro de la presidenciaMelvin Jiménez, y el presidente de la República, Luis Guilllermo Solís optaron por evadir preguntas en lugar
de organizar sus respuestas y permitieron que una crisis controlable desestabilizara su gestión. (Foto: Katya Alvarado)
Jerarcas enterraron la cabeza mientras ardía la “casa de cristal”.
Credibilidad y margen de maniobra del Gobierno quedaron debilitados.
Crece expectativa de una revelación sorprendente en comparecencias legislativas; algo menos que eso sería interpretado como un engaño.
El Gobierno escondió la cabeza para evadir el peligro y confió en el cumplimiento de la dudosa máxima según la cual “en Costa Rica no hay escándalo que dure tres días”, ante la filtración de que el viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, le habría ofrecido una embajada a la incómoda Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes.
Una semana después de la publicación de La Nación, que reveló el incidente, el Gobierno seguía con la cabeza enterrada en el barreal mientras la casa (de cristal) arde:
renunció Soley; el Congreso hierve y abre una investigación; la legitimidad del Ministro de la Presidencia ante los diputados queda dañada o destruida; las alianzas parlamentarias rotas y la credibilidad del presidente Luis Guillermo Solís, dañada.. “Deseo que el Gobierno –empezando por el propio despacho presidencial– funcione como una gran vitrina o “casa de cristal”, que permita al ciudadano examinar y escrutar el desempeño de quienes administramos el Estado”.
Así lo dijo Solís el pasado 8 de mayo al asumir el poder. Sin embargo, tras ocho días de escándalo creciente el país aún no sabe con certeza qué ocurrió ni por qué. Solís anunció que investigaría el hecho, pero no explicó; Jiménez respaldó a Soley, pero no explicó; Soley renunció pero no explicó y Brenes enfatizó que ha actuado apegada a la ética pero tampoco explicó.
¿Cuánto tiempo es prudente esperar para explicar lo que la ciudadanía merece saber? No mucho. El único jerarca que dio la cara sin reservas fue el Canciller, Manuel González, quien de hecho se convirtió en el vocero de la administración Solís en esta crisis, al contestar a la prensa sin ambigüedades, condenar la actuación del viceministro de la Presidencia, desautorizar cualquier repartición de embajadas y reafirmar la voluntad de fortalecer un cuerpo diplomático idóneo.
“En tiempos de crisis, los ciudadanos vuelven a ver a sus líderes. Todos esperamos que los tomadores de decisiones repelan la amenaza o al menos minimicen los daños de la crisis que tienen en sus manos. Ellos deben guiarnos para sacarnos de la crisis, deben explicarnos qué se hizo mal y convencernos de que no volverá a ocurrir”, recomienda el libro La política del manejo de crisis, de Arjen Boin y compañeros.
Costa Rica todavía espera algo así en este caso, pero los protagonistas optaron por imitar al avestruz.
“Cuando los líderes responden bien a una crisis el daño es limitado, cuando fallan el impacto de la crisis se incrementa”, pareciera sermonear de nuevo Boin y sus coautores.
COSTO Y ¿BENEFICIO?
¿Y para qué ofrecer una embajada a una funcionaria que es la abogada del Estado y que por ley debe ser independiente? ¿Valía la pena? Finalmente Brenes habría resultado incómoda porque emitió al menos dos dictámenes que contradecían posiciones del Gobierno, uno en contra de la posibilidad de que Melvin Jiménez continuara como ministro, al haber sido obispo luterano, y otro opuesto al levantamiento del veto a una ley que cedía una calle a un grupo de artesanos. ¿Era tan esencial? ¿Bloqueaba eso alguna reforma trascendental? ¿Qué se vislumbraba tan importante como para arriesgarse a pensar la necesidad de alejar a Brenes de su posición? ¿Y cómo se resolvería quién sería su sucesor?
Todas son preguntas legítimas que cualquier ciudadano se haría. Más allá de cualquier especulación, los involucrados en el caso han tenido abundantes oportunidades para repeler la amenaza o minimizar los daños, pero han desperdiciado cada oportunidad que se les ha presentado, por ser coherentes en su estrategia de evasión.
Primero el Presidente se reunió con la Procuradora, le aseguró a ella que investigaría lo ocurrido y tomaría las “medidas correspondientes”, según el comunicado de la Procuraduría divulgado el 19 de enero. Después se negó a responder preguntas del tema. Una acción contundente del gobernante en ese momento pudo haber limitado los daños, pero no
lo hizo.
El ministro de la Presidencia, que al inicio de la administración se le encomendó la tarea de vocero, sencillamente no dio explicaciones y se aisló en sus ocupaciones diarios como si nada pasara afuera. Una declaración contundente de Jiménez en ese momento pudo haber limitado los daños, pero no lo hizo.
El ahora exviceministro de la Presidencia renunció en la tarde del sábado 17 de enero, tras cinco días de silencio. En su carta alegó el costo personal y familiar que sufría, pero nada dijo de lo ocurrido. Una aclaración transparente de Soley en ese momento pudo haber limitado los daños, pero no lo hizo.
La Procuradora se reunió con Solís el 12 de enero pero no publicó lo que habló “por consideración al presidente”. Tampoco lo hizo en la comunicación del 19 de enero.
Una “desconsideración” con el gobernante en esos momentos pudo haber limitado los daños, pero no lo hizo.
Finalmente, el Gobierno tuvo otras dos oportunidades para espantar fantasmas, sin necesidad de enviarlos como embajadores a Roma: en la cadena nacional del domingo 18 de enero y en la conferencia de prensa del 20 de enero. Tampoco lo hicieron; tan solo optaron por tratar otros temas y cubrirse la cabeza para lanzar la pelota adelante, a las comparecencias legislativas.
Y ahí sí, ese día captarían la máxima atención de la ciudadanía, quizás de muchos más que aquellos 1,3 millones de costarricenses que los eligieron para cambiar la forma de hacer política.
Ya será tarde, los nublados del día se convirtieron en huracanes de octubre.
“En la gestión de una crisis el tiempo es un elemento vital -recuerdan Boin y compañía: la amenaza está aquí, es real y se debe lidiar con el problema lo antes posible”.
Pero ahora la ciudadanía en masa estará atenta a lo que digan los jerarcas en la Asamblea y la expectativa no será menos que una verdad sorprendente o una decisión ejemplarizante que convenza a la población de que nunca jamás se ofrecerá un puesto diplomático para apartar a una figura incómoda.
Menos de eso será interpretado como un engaño. Y en medio está la agenda sustantiva del Gobierno: la reducción de la pobreza, la reactivación de la economía interna, la lucha contra la corrupción, la aspiración de sanear las finanzas estatales, el rescate de la infraestructura, la salud y la educación públicas, todo pendiendo de un hilo durante al menos una semana, a la espera de que el Gobierno saque la cabeza y hable.
