ARESEP y SUTEL se alistan para estrenar polémico edificio alquilado

Carolina Mora, vocera de la ARESEP, confirmó que los empleados recibieron indicaciones de que deben preparar las cosas para el traslado, que primero le

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP ) dejará el próximo mes el edificio que posee en Sabana Sur, para trasladarse al centro de oficinas Multipark, en Guachipelín de Escazú, donde pagará un millonario alquiler que se le cobrará a la vez a los usuarios en las tarifas de los servicios públicos, como transportes, telecomunicaciones y energía.

Carolina Mora, vocera de la ARESEP, confirmó que los empleados recibieron indicaciones de que deben preparar las cosas para el traslado, que primero le tocará al ente regulador y después a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), adscrita a la reguladora.

La decisión de dejar las actuales instalaciones originó roces entre las autoridades de la entidad y la Asociación de Funcionarios (AFAR) de la institución, que desde febrero pasado denunció públicamente el alquiler por considerarlo costoso e innecesario.

En febrero, el anterior regulador general y actual Ministro de Hacienda, Fernando Herrero, dio los trámites finales al alquiler de las nuevas instalaciones, con un costo de $143.774 mensuales, lo que significa cerca de ¢1.000 millones al año. El contrato es por tres años, renovable por tres años más, lo que sumaría unos $11 millones (¢6.000 millones) en seis años.
Aunque las autoridades de la ARESEP  habían dicho que el costo del alquiler no se cargaría a las tarifas, lo cierto es que es que la entidad no tiene más financiamiento que el canon que la ley le asigna en las tarifas de servicios públicos, recrodó Miguel Badilla, secretario general de la AFAR.

Para el dirigente, el edificio donde la ARESEP  ha estado por 15 años es una propiedad muy bien ubicada, con mucha plusvalía y amplias posibilidades de construir una torre de pisos y llenar las nuevas necesidades de la entidad, por lo que el traslado se hacía innecesario.

Otro aspecto que produce resquemor, dijo, es que la contratación se realizó durante el gobierno anterior, cuando era miembro de la junta directiva el economista Jorge Cornick. En declaraciones al diario La Nación en agosto pasado, Cornick primero reveló que tenía no más de  10% de participación en las inversiones de Multipark, y al día siguiente aclaró que el socio no era él,  sino familiares suyos que declinó idenficar.

Dicho fondo es administrado por una sociedad del grupo IMPROSA, presidida por Marianela Ortuño, hija del dirigente liberacionista Alfredo Ortuño, actual embajador en Italia y anterior representante de  Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),  durante el gobierno de Óscar Arias.    

Improsa es un cliente de Cornick, que le vende servicios de Comunicación.

El grupo IMPROSA a su vez es cliente de Investigaciones Científicas de Costa Rica (ICICOR S.A.), una firma de consultoría en ingeniería y arquitectura, donde trabaja como consultor asociado un sobrino de Herrero, y uno de sus socios es Carlos Espinach, connotado empresario que ha sido asiduo consejero de los últimos gobernantes del Partido Liberación Nacional, incluida la actual mandataria Laura Chinchilla (ver gráfico “Conectados a Zapote”).

El regulador Herrero firmó en diciembre del 2008 un contrato con José Antonio Espinach, gerente de ICICOR, mediante el cual esta empresa haría un estudio de las necesidades de la ARESEP  en cuanto a sus instalaciones y propondría opciones de alquiler de oficinas, así como los términos de referencia para una licitación con ese propósito.

José Antonio Espinach (hijo de Carlos Espinach) explicó que como asesores ellos lo que hicieron fue un estudio de las necesidades de la ARESEP, en relación con el personal y el espacio disponible; realizaron un mapeo de los inmuebles disponibles y entregaron un borrador con los términos de referencia para una licitación, que debía hacer la ARESEP (ver recuadro “Mapeo de opciones”).

Cabe indicar que en respuesta a lo publicado por La Nación, Cornick adujo en su oportunidad que cuando se alquiló el edificio él ya no era directivo de la ARESEP y, por otra parte, que la directiva, presidida  por Herrero, aprobó el alquiler de oficinas, no seleccionó, pues fue la administración de ARESEP la que escogió Multipark.

Según Badilla, es cierto que el contrato se formalizó cuando Cornick no figuraba en la directiva (renunció el 8 de noviembre del 2009), pero la decisión de contratar ese edificio ya estaba tomada.

En una comunicación del 9 de octubre en que Herrero le solicitaba a la Contraloría General de la República autorización para contratar directamente las oficinas sin mediar licitación -alegando urgencia de contar con ellas-, menciona que se trata de Multipark. Por otra parte, en una comunicación interna dirigida a los empleados el 29 de octubre, se habla de las ventajas de Multipark, recordó.

El sindicalista agregó que el nuevo regulador, Dennis Meléndez, y la directiva que asumió en mayo pasado, se encontró con una decisión difícil de revertir, pues el contrato se firmó por tres años prorrogables, y si el inmueble no se ocupa, de todas maneras habría que pagar el alquiler. Además, la ARESEP  alquiló el edificio en La Sabana por tres años al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Por lo tanto, dentro de tres años el inmueble estará ocupado y la ARESEP  tendrá que quedarse por otros tres años en Multipark, con lo que la renta de esta empresa está asegurada por al menos seis años, lo que rondaría los $11 millones y ayuda a pagar buena parte de la inversión, comentó.

Badilla aseguró que en relación con este asunto, a finales del año pasado “hicimos un par de gestiones ante la Casa Presidencial, y ahí nos dimos cuenta que eso estaba santificado por la Casa Presidencial”.

Al final de cuentas, la ARESEP  y la SUTEL firmaron contratos por separado con Multipark, donde ocuparán edificios también separados; la primera con un área de 3.512 metros cuadrados  (m2), y la segunda con 1.550.

Respecto a este punto, el sindicato ha señalado que el área disponible para la ARESEP en el nuevo edificio, es menor al que tiene actualmente, de 3.570 m2, lo cual a su juicio contradice una de las razones dadas por Herrero para justificar el traslado: la necesidad de más espacio.

En este sentido, en  una nota enviada el 1 de diciembre del 2009, Herrero le dice a George Miley, Superintendente de Telecomunicaciones, que el edificio escogido para albergar a la ARESEP  y la SUTEL en Multipark es la primera opción recomendada por el equipo técnico nombrado al efecto, y entre las razones que da para hacer el traslado está que hay hacinamiento e insuficientes parqueos en el edificio actual.

Esa fue en respuesta a una nota de Miley, en la que indicaba que “con base en criterios de oportunidad, conveniencia y resguardo del erario público, la Superintendencia había considerado la posibilidad de ubicarse en un edifico aparte, acorde con sus necesidades”, sin que ello implicara una reubicación de todo el personal de la ARESEP. Además le solicitaba el avalúo del edificio realizado por personal especializado de la ARESEP  o la Dirección General de Tributación Directa, entre otros documentos relativos a las características de Multipark.

Consultada en relación con el tema la vocera de la ARESEP, Carolina Mora, aseveró que las oficinas alquiladas eran la única opción disponible que llenaba los requerimientos de la entidad. Defendió la necesidad del traslado por la estrechez actual, ya que incluso hay empleados en los pasillos, dijo. Por la antigüedad del edificio no es posible una remodelación, y una reconstrucción tampoco es posible con el personal trabajando, argumentó.


Mapeo de opciones


El gerente de ICICOR, José Antonio Espinach, dijo que el contrato firmado con ARESEP  tenía varias etapas; lo primero era hacer un diagnóstico de las instalaciones actuales, viendo la relación entre el tamaño del personal y la cantidad de edifico disponible. Un segundo tema era describir los términos de referencia para un cartel de licitación de un nuevo edificio y la disponibilidad de edificios que había.

Explicó que hicieron un estudio de diferentes complejos de oficinas que encontraron, utilizando para ello una base de datos con 5.000 avalúos hechos en el nivel nacional, y resultó que los que tenían disponibilidad inmediata eran cinco (Multipark, El Cedral, Plaza Roble, Oficentro Forum II y Parque Empresarial del Este en Calle Blancos.

“Hicimos un mapeo de lo que existía. Establecimos unos parámetros técnicos para un cartel que ellos (ARESEP ) iban a preparar. Nosotros como consultores no recomendamos, simplemente decimos: estas son las ventajas, estos son los precios y las opciones, y ustedes negocian este tema”, aseguró.

Sin embargo, la ARESEP  se demoró y al final dijeron que no tenían tiempo y fueron a pedirle permiso a la Contraloría para hacer una contratación directa en la que iban a  invitar a tres o cuatro oferentes.

El problema -explicó- es que los que estaban disponibles se fueron retirando, porque alquilaron o como sucedió en un caso, que dijo que no le interesaba alquilar a una entidad pública.

“Ellos sabían que muchos de estos son clientes nuestros, y les dijimos: si ustedes van a hacer una contratación directa no nos ocupan a nosotros, pues ya tienen ahí los parámetros. Les hicimos entrega de un borrador de términos de referencia para una licitación, pero nunca se publicó un cartel de licitación”, añadió al mencionar que rescindieron el contrato de muto acuerdo con la ARESEP  por esa razón.

En cuanto a la relación de ICICOR con IMPROSA, detalló que a estos los han tenido por más de siete años como clientes, pero negó que haya una relación de socios. “Por reglamento a nosotros nos prohíben invertir en fondos a los que les damos servicio, porque entonces perderíamos la imparcialidad que tenemos en el proceso”,  afirmó.

“No sabemos ni quiénes son los socios del Fondo; nuestra relación es con la administración del Fondo, porque nuestra responsabilidad ante la SUGEV (Superintendencia General de Valores) es defender a los socios, pero no conocemos quiénes son los socios. Somos un (ente) independiente que emite un informe sobre la razonabilidad de un valor”, adujo Espinach.


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