A la familia Figueroa Calderón, indígenas bribri, solo les quedaron restos humeantes de sus pertenencias después de que desconocidos incendiaron su rancho el sábado en la tarde, en Cebrol de Buenos Aires. (Foto: David Bolaños)
Una turba compuesta por centenares de peones y finqueros “blancos” bloqueó el camino al territorio indígena de Salitre, el sábado 5 de julio. Al atardecer de ese día el indígena bribri, José Adonay Ortiz, miró cómo tres vagonetas lanzaban una carga de tierra para impedir el paso, a 300 metros de su casa. Entonces los gritos de su compañera, Elba Ortiz, lo sacudieron: “Adonay, Adonay, están quemando el rancho de tu mama”.
Adonay, de 46 años, corrió para apagar el fuego con palanganas de agua sacadas de un estañón. Él y varios vecinos casi lo logran, pero entonces vieron entre la maleza a dos personas que lanzaron al rancho otro tarro de pintura prendido con fuego. En 10 minutos no quedó nada, y solo había cenizas cuando los bomberos llegaron desde Buenos Aires, a media hora de distancia.
Unos pocos kilómetros más arriba, también eran quemados varios ranchos en “campamentos” de indígenas que habían ingresado a fincas que los no indígenas tienen dentro de su territorio. Lo que para los primeros es una recuperación legítima de sus tierras, para los no indígenas es una invasión.
Según Heylin Figueroa, unas 30 personas, la mayoría mujeres y niños, huyeron a esconderse a la montaña ante la agresión de hombres armados no indígenas. Se quedaron ocultas en el monte hasta el lunes. “Nos dieron cacería, como a cualquier animal. Tenemos tres noches de andar huyendo, de estar escondidos, porque estamos amenazados todo el día”, denunció ella.
En la madrugada del 6 de julio, Yoelis Villanueva no podía dormir, asustada por la quema de ranchos. Apenas conciliaba el sueño en la casa de su suegra, en Cebror, cuando un estruendo y un resplandor la despertaron: alguien incendiaba su rancho, a unos 70 metros de allí.
Adentro, su hermano, Ricardo Villanueva, se despertó por el calor y la claridad del fuego que lo rodeada. Apenas pudo saltar de la cama, romper una lata de zinc y escapar. Un día después, entre los restos sobresalían la refrigeradora, una pala derretida, el hacha, el machete achicharrado.
“Esto fue un intento de asesinato. No les importó si había gente dentro del rancho. Nos quisieron matar”, aseguró Ricardo, peón agrícola. Su hijo de 10 años, atemorizado, se había quedado esa noche donde la abuela. En la mañana el chiquito quiso llorar cuando miró sus bolinchas ahumadas entre las cenizas, los restos de sus cuadernos de escuela y retazos de su ropa.
CONFLICTO LATENTE
La disputa histórica de tierras resurgió con fuerza la semana pasada en Salitre, un territorio de 11.700 hectáreas, cuyas tierras son “inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas de las comunidades indígenas que las habitan”, según la Ley Indígena de 1977.
Sin embargo, dirigentes de la comunidad bribri estiman que cerca del 40% de sus propiedades son ocupadas por no indígenas y están en un proceso activo de recuperación. Desde la última semana de julio, familias indígenas afiliadas a la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre (ADI) entraron en al menos cuatro fincas y levantaron allí sus “campamentos” luego de casi un año de “tregua”.
El nuevo ímpetu de los indígenas causó una reacción sin precedentes de finqueros y peones no indígenas quienes de manera masiva bloquearon el camino para exigir soluciones al Gobierno y muestran una actitud agresiva con palos y piedras
Los finqueros niegan la versión de los indígenas. Uno de ellos, Jorge Vidal, aduce que los mismos indios quemaron sus ranchos. Nos explica que el movimiento de protesta reclama al Gobierno que cesen las “invasiones” de los indígenas de la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre, que les sean devueltas las tierras “que los indios han invadido”, que la ADI sea intervenida.
UNIVERSIDAD quiso conocer la versión de la dirigencia de los finqueros, pero cuando se acercó al piquete, camino a Salitre, la turba de unas 200 personas amenazó con atacarnos, volcar y quemar el carro. Se negaron a responder preguntas, gritaban amenazas contra líderes indígenas y nos dieron cinco minutos para retirarnos. Lo único que impidió una agresión fue la presencia de seis policías que nos instaron a devolvernos porque no podían garantizar nuestra seguridad.
Minutos antes, el carro rotulado con el logotipo de la Universidad de Costa Rica había quedado atrapado en un hueco. Varios finqueros rechazaron nuestra solicitud de ayuda “porque la Universidad apoya a los indios”. Finalmente, otros ayudaron a empujar hasta que salimos del apuro.
Apolinario Zúñiga, dirigente de los finqueros, gritó en medio de la turba que allí las universidades estatales eran “non gratas” por su “alianza con los indios”.
Al retirarnos varios cientos de metros en reversa, varias familias indígenas nos ofrecieron ayuda en la entrada de Cebrol y guardamos el carro en la propiedad de Vidail Díaz Arauz. Allí, mientras fotografiábamos los restos de un rancho incendiado, de nuevo los finqueros se acercaron amenazantes y solo los contuvo el arribo de varios guardias civiles.
Esporádicamente algunos pasaban por el camino, bebiendo latas de cerveza y amenazando con quemar las casas de los indígenas que nos ayudaban.
ESPERANZA DE SOLUCIÓN
A pesar de la agresividad y la tensión, el Gobierno confía en haber abierto el camino para una solución duradera al conflicto en Salitre. Desde la última semana de junio el Ministerio de la Presidencia programó una visita al territorio que se concretó el 6 de julio.
El lunes 7 de julio la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, encabezó una delegación de varias entidades estatales que mantuvo durante el día un diálogo con las comunidades indígenas y luego con los finqueros desde las 6 p.m. hasta la medianoche.
Al final de la jornada, en una conferencia de prensa en la delegación policial de Buenos Aires, la Viceministra anunció que los finqueros habían accedido a levantar el bloqueo, que el Catastro Nacional iniciaría un proceso de identificación y levantamiento de datos de las fincas en conflicto dentro del territorio indígena. Además, dijo que la situación de las propiedades se mantendría como se encontraba en ese momento, lo que implica que las tierras recuperadas por los indígenas seguirían así.
Poco antes de ese anuncio, Heylin Figueroa nos llamó para contarnos que ella y unos 15 indígenas, la mayoría mujeres y niños, seguían escondidos en un rancho, sin cobijas ni comida, temerosas porque escuchaban cerca a cientos de finqueros, haciendo ruido y gritando amenazas.
“Vieras que sí, estamos asustados −reconoce Yoelis− pero el hecho de saber que estamos en lo cierto nos hace decir que no, que no nos vamos”.
