La Asamblea Legislativa arrancó el lunes pasado con el período de sesiones extraordinarias durante el mes de agosto, cuando se deberá debatir sobre la agenda de proyectos propuesta por el Poder Ejecutivo.
Algunas de las numerosas propuestas de ley (un total de 65, muchas ya avanzadas en el debate legislativo) llegan con poco ambiente para ser aprobadas en estas escasas cuatro semanas de sesiones extraordinarias, como las relacionadas con el tema fiscal.
La Casa Presidencial remitió la semana pasada su lista de prioridades para este mes, en que tiene la potestad de definir la agenda convocando o desconvocando los proyectos de ley que discuten los diputados en el Plenario legislativo y en las comisiones.
El Gobierno desea aprovechar el control que tiene de la agenda en este periodo, para priorizar los proyectos dirigidos a combatir el déficit fiscal (5,7% del Producto Interno Bruto –PIB−, con proyección a alcanzar un 5,9% el próximo año).
Sin embargo, la lista entra cuesta arriba al ruedo legislativo, con escasas posibilidades de avanzar, ante la hostilidad que muestra a esa temática la mayor parte de la oposición.
La lista incluye ocho proyectos que el Ministerio de Hacienda considera necesarios para disminuir el déficit fiscal, los cuales tienen que ver con reforma al régimen de exoneraciones fiscales, lucha contra el contrabando, fraude fiscal, pensiones, caja única del Estado, sostenibilidad fiscal, impuesto de renta e impuesto al valor agregado (estos dos últimos aún pendientes de presentar a la Asamblea Legislativa).
Entre los 65 proyectos convocados está también el fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), la gestión integrada del recurso hídrico, la transferencia de competencias municipales y la ley orgánica para la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur).
Se incluyen además 28 proyectos para el Plenario y tres reformas constitucionales: reducción del plazo entre la primera y segunda ronda electoral, principios de sostenibilidad fiscal y plurianualidad, y pérdida de credenciales de diputado por violar el principio de probidad.
El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, destacó que el Ejecutivo acogió 10 de las 21 prioridades que los jefes de fracción le habían presentado en una reunión sostenida el 25 de junio pasado.
Se trata de los expedientes para mejorar la lucha contra el contrabando, la reforma a la ley de aduanas, el impuesto a moteles, el fortalecimiento del Incofer, la titulación de flujos de caja de obra pública y el fomento de la competitividad de las pymes mediante consorcios en otros.
GUÍA
El Ministro aclaró que la lista es una guía de las prioridades, pues nuevos proyectos podrían ser incluidos de acuerdo con el diálogo que vaya teniendo con los diputados, y no necesariamente todos los temas van a ser convocados para extraordinarias.
Dado que se trata de un período muy corto de sesiones, se procurará evitar que los proyectos convocados choquen entre sí, con lo que se procura mantener el funcionamiento de la mayor cantidad de órganos legislativos en estas sesiones extraordinarias, dijo Alfaro.
En primera instancia, los diputados empezarán a discutir esta semana 18 de los proyectos propuestos por el Ejecutivo, en la primera etapa de las sesiones extraordinarias, que se reducen a 12 sesiones en plenario y a ocho en cada una de las comisiones.
A partir del 1 de setiembre empezará el período de sesiones ordinarias, en las que el proyecto de presupuesto nacional del 2016 acaparará la atención de los legisladores.
En el arranque de las extraordinarias se ha visto que algunos proyectos tienen más consenso que otros y podrían aprobarse con mayor rapidez, en parte porque ya se han venido discutiendo en el Plenario, como el impuesto a los moteles, el fortalecimiento del Incofer, y la ley contra el contrabando. Estos dos últimos serían prioridad para el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), según declaró el jefe de bancada, Marco Vinicio Redondo.
Mientras tanto, entre las prioridades del Partido Liberación Nacional −mayor de oposición−, está el Código Procesal Civil y la ley 18001, que le otorgaría mayores recursos a las municipalidades para bacheo y mantenimiento de calles, según manifestó el jefe de fracción Julio Rojas.
EXIGENCIA
El diputado liberacionista Antonio Álvarez dijo que en la lista hay proyectos que “van a caminar y está bueno que el Gobierno los haya convocado”, como el de fertilización in vitro, pero hay otros que definitivamente no van a avanzar.
Citó, por ejemplo, los que tienen que ver con los impuestos de ventas y de renta, “que no van a caminar si no se incluye la modificación en materia de empleo público y de pensiones, y el Presidente tiene que entender eso”.
Con acentos más fuertes se despachó la socialcristiana Rosibel Ramos, presidenta de la Comisión de Hacendarios, quien afirmó que “no se va a ver impuestos mientras no se vea una contención del gasto de parte del Gobierno y si lo va a reflejar el presupuesto”.
“No vamos a discutir del tema hasta que haya una ruta de contención del gasto bien clara”, recalcó Ramos, a tono con los opositores que insisten en acusar al Gobierno de falta de decisiones para recortar el gasto (después que en el 2014 presentó un presupuesto que era un 19% mayor con respecto al anterior) y le recriminan no haber presentado una ley de empleo público.
Zapote, por su parte, insiste que sí ha tomado medidas que se reflejan en contenciones de gastos y mejoras en la recaudación, así como proyectos presentados al Legislativo para mejorar la recaudación tributaria y racionalizar el gasto, aunque para sanar el déficit fiscal y evitar una crisis es necesaria también la reforma tributaria.
Para el jefe de bancada del Frente Amplio, Gerardo Vargas, hay proyectos que se deben aprobar lo más pronto posible, como el fortalecimiento del Incofer y el tren eléctrico.
También dos proyectos que tienen que ver contrabando y el que pone tope a las pensiones con cargo al presupuesto nacional. No es posible que haya gente que vive con ¢70.000 al mes, mientras algunos tienen pensiones de ¢6, ¢7 y hasta ¢10 millones, reprochó.
Con relación a los proyectos de nuevos impuestos, advirtió que “es imposible hablar de crear nuevos impuestos sin que se nos diga cómo se va hacer con el tema de la evasión y el fraude fiscal”.
Entretanto, el jefe de bancada del PAC, Marco Vinicio Redondo, externó esperanza de que exista conciencia de parte de los legisladores de la problemática fiscal, y conforme avancen las sesiones los proyectos se aprueben por el bien del país, por encima de los intereses partidarios.
Acciones reales
El jefe de fracción del PAC, Marco Vinicio Redondo, consideró que es importante que todos tomen conciencia de que el Gobierno ha venido adoptando acciones reales para contener el gasto y mejorar la recaudación tributaria.
“Digo acciones reales porque desde el año anterior se promulgó la directriz 9 H, donde se empezó a tocar el gasto, y al final del año anterior el déficit disminuyó a 5,5% del PIB.
Además se ha venido trabajando el tema del fortalecimiento de la administración tributaria mediante el proyecto de fraude fiscal, que no significa cobrar más impuestos, sino saber cobrar lo que ya está, así como las exenciones tributarias, que es una responsabilidad anterior, en donde no se habían hecho las revisiones y existen muchísimos rubros que ya no tienen sentido en este momento y que permitirían al Gobierno (si se corrigieran) tener mejores recursos, puntualizó.
En su opinión, han actuado en diferentes áreas que tienen que ver con el manejo correcto del déficit. Solo nos hace falta una, que es aumentar los ingresos para poder alcanzar esa meta que es tan necesaria para el país. Esto no es un capricho del Gobierno, es una necesidad del país y tenemos que atenderla como tal, manifestó Redondo.
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