Costa Rica es actor importante en trata de personas con fines laborales

Urge sensibilizar sobre delito de trata de personas, que es poco conocido.
Indígenas gnöbes están entre población más expuesta a la explotación laboral y posible trata.

La trata de personas con fines de explotación laboral se perfila como un delito en aumento a escala mundial y en la región Costa Rica destaca como uno de los principales destinos de este tráfico ilícito, que es difícil de detectar y en muchas ocasiones pasa inadvertido.

La trata de personas es un delito que atenta contra la dignidad del ser humano, y ocurre cuando se da la compra y venta de una persona para utilizarla como esclava y así obtener ganancias de ella.

La trata con fines de explotación laboral es una de las variantes de la trata de personas, que se ha dado a lo largo de la historia humana, pero que se ha exacerbado con la globalización comercial y la apertura de mercados.

Puede darse bien con fines de explotación laboral, o para explotación sexual, servidumbre, matrimonio servil, explotación en actividades delictivas, extracción de órganos y adopción irregular.

“Estamos hablando no solo de un problema mundial, sino de un fenómeno que está ocurriendo en nuestro propio territorio, aunque con muy poco conocimiento e información disponibles de su realidad y de sus dimensiones”, dijo Alfredo Chirino, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, durante un conversatorio sobre el tema en el que participaron el pasado 30 de julio funcionarios y expertos de diversas entidades nacionales e internacionales, en el auditorio de esa unidad académica.

La trata de personas representa no solo una grave violación de derechos humanos, sino también un fenómeno que une diversas patologías de nuestro tiempo, como el crimen organizado, los mercados laborales informales, las economías sumergidas y la globalización de la pobreza, agregó.

Las áreas donde más incide es en la agricultura, la construcción y los servicios, explicó Chirino, tras remarcar la necesidad de estudiar más a profundidad un fenómeno sobre el que hay poca información aún, a fin de promover políticas públicas y generar mecanismos jurídicos y sociales más eficientes para combatir esta delincuencia, y que los flujos migratorios, que inevitablemente seguirán ocurriendo, se produzcan en un contexto de legalidad.

Costa Rica no es solo destino, sino también lugar de origen y tránsito de personas en trasiego; desde el 2013, el país cuenta con una fiscalía especializada en la persecución de este delito. Ese año se reportaron cuatro condenas por trata, y luego no se han registrado más condenas, aunque sí la investigación de nuevos casos.

Las autoridades informaron de la identificación y asistencia a 15 víctimas en el 2013, todas mujeres, incluidas cuatro niñas. Del total, 11 eran víctimas de trata con fines sexuales y 4 de trata con fines laborales.

El mencionado conversatorio se llevó a cabo en el Día Mundial contra la Trata de Personas, organizado por dicha Facultad, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente (Ilanud), con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Comisión Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (Conatt).

Según un estudio del 2006 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para entonces se contaban 12,4 millones de víctimas de trata de personas en el mundo, de las cuales el 43% serían víctimas de trata con fines de explotación sexual, 32% con fines de explotación laboral y 25% podrían incluirse en cualquiera de esas categorías.

De acuerdo con recientes reportes de Naciones Unidas sobre el tema, de 40.000 víctimas detectadas y reportadas oficialmente, un 53% corresponden a trata de personas con fines de explotación sexual, 40% a explotación laboral, y el restante porcentaje se lo reparten otras formas de explotación, como la mendicidad forzada, explotación de órganos humanos y otros, según datos citados por Alejandro Guevara, investigador de Ilanud y profesor de Derecho en la UCR.

Mencionó que la estadística de trata con fines de explotación laboral viene aumentando desde hace aproximadamente una década. Esta es una forma de delincuencia muchas veces llevada a cabo por complejos grupos de crimen organizado.

La Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito ha identificado al menos 510 flujos de personas en 124 países.

En el caso de América Central, las víctimas son traficadas a través de las fronteras, hacia países vecinos de la misma región o hacia el norte del continente. Costa Rica figura como uno de los principales destinos en la región, aunque también es origen y puente de este tráfico.

Un patrón claro en los casos detectados, es que las víctimas se mueven desde zonas −excluidas en lo social y económico− normalmente rurales, hacia zonas urbanas; o bien, de países de bajos ingresos, hacia países de altos ingresos, detalló Guevara.

RETO

Mercedes Álvarez, asistente de proyectos de la OIM, explicó que la trata con fines de explotación tiene que ver con los modelos económicos y desarrollo en el contexto de una sociedad globalizada.

Esta tendencia, a su parecer, constituye un gran reto ético para la sociedad actual por su magnitud, ya que es una las actividades ilícitas más lucrativas en el mundo y afecta a niñas, niños, mujeres y hombres, y porque se ha vuelto tan natural y tan invisible, que no se reconoce y puede estar pasando en nuestras comunidades sin que lo veamos.

Álvarez mencionó que en estudios realizados en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en el 2010 y 2011, se detectaron 384 casos de trata de personas con fines laborales, lo cual es solo “la punta del iceberg”, porque una característica de este fenómeno es que es muy difícil su identificación y hay muy pocos datos.

En todos los casos, la captación de las personas se hizo por un procedimiento engañoso; por ejemplo: el cambio de las condiciones laborales prometidas o se llevó a la persona a un lugar distinto.

Las víctimas eran principalmente personas jóvenes, excluidas del sistema educativo, con baja escolaridad, que están en condiciones de desempleo, trabajo informal o de baja remuneración, en pobreza extrema y exclusión social. Otra característica es haber emprendido una búsqueda de empleo con mejor remuneración y tener deseo permanente.

Kattya Rodríguez, jefa de la Dirección General de Migración, se refirió a la labor que realiza la Conatt, en la que participan 22 instituciones y organizaciones nacionales, y es la respuesta que el Estado costarricense ha ideado para combatir la trata de personas.

Reconoció que en el país hace falta aún llevar a la práctica un modelo de atención eficiente y oportuna a las víctimas de trata, en el que todas las partes encargadas de esta labor participen de manera inmediata.

Una labor importante es la prevención, pues mientras las condiciones de desigualdad económica y social persistan, habrá caldo de cultivo para la trata de personas en todas sus modalidades, apuntó.

En el foro se analizó la situación de las poblaciones indígenas gnöbe y buglé, cuyas condiciones de pobreza extrema, marginación y discriminación los obliga a migrar por temporadas de Panamá a Costa Rica, en donde son sistemáticamente explotados laboralmente en las plantaciones de café en Coto Brus (frontera sur) y la zona de Los Santos (centro), así como en cultivos de banano y piña en el Pacífico sur, y la zona de Sixaola (Caribe).

En estos casos se cuestiona la inexistencia de una relación laboral, y la flexibilización de las condiciones laborales y de protección.

Norma Pereira, coordinadora de programas de la OIM en Costa Rica, y Gabriela Rodríguez, presidenta del Centro Internacional de Derechos Humanos de la Persona Migrante, ampliaron sobre la vulnerabilidad en que se encuentran los indígenas gnöbes y bugles, y las necesidades de sensibilizar a la sociedad y a las autoridades acerca de su situación, para dar protección a esos habitantes.

En las intervenciones se sugirió la necesidad de investigar si el encargado o subcontratista que recluta trabajadores para las cosechas incurre en la trata de personas.

Mirna Román, indígena de profesión médica que acudió en representación de la comunidad gnöbe y buglé del territorio indígena Altos de San Antonio (Ciudad Neily), llamó la atención en el sentido de que hay muchos análisis y muchas exposiciones sobre la situación de los indígenas, pero que han sido pocos los resultados para resolver la problemática de esas poblaciones (ver recuadro “Discriminados e ignorados”).

Mirna Román, de la comunidad indígena Gnöbe de Alto San Antonio, frontera sur.
Mirna Román, de la comunidad indígena Gnöbe de Alto San Antonio, frontera sur.

Discriminados e ignorados

Mirna Román, integrante de la comunidad gnöbe-buglé del territorio indígena Altos de San Antonio, ubicado cerca de Ciudad Neily, frontera sur, reclamó que esos grupos son de los más vulnerables de la sociedad, y una de las minorías que están siendo amenazadas por la globalización que se ha venido desarrollando alrededor de su contexto geográfico y cultural.

“La mal llamada conquista de nuestro pueblo, la venimos sufriendo nosotros; fue una destrucción de nuestra riqueza, nuestra cultura, nuestras tradiciones, y a lo largo de los años hemos venido decayendo como pueblo”, se dolió.

Denunció que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, “que nos ampara y nos da derecho a una participación más amplia en la sociedad, hoy en día está archivado, no se están cumpliendo sus artículos”.

“Tenemos una gran problemática de desigualdad política, económica y social, que nos ha afectado; fuimos marginados y puestos en la periferia por una sociedad discriminatoria, una sociedad que aún hoy en día nos ignora”, lamentó la joven indígena, quien dijo que es triste ver que son utilizados para hacer negocio y hasta se usa la imagen de indígenas en los empaques para vender mejor los productos.

Alejandro Guevara, profesor de la Facultad de Derecho de la UCR y asistente de proyectos del Ilanud.
Alejandro Guevara, profesor de la Facultad de Derecho de la UCR y asistente de proyectos del Ilanud.

 

Tráfico para explotación laboral en Costa Rica

Costa Rica figura en Centroamérica como uno de los principales países de destino de la trata de personas con fines de explotación laboral.

Los casos detectados y las condenas por este delito han venido en aumento, aunque en los dos últimos años no hubo condenas, explicó Alejandro Guevara, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y asistente de proyectos del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente (Ilanud).

Don Alejandro, ¿por qué Costa Rica se ha convertido en uno de los principales destinos de la trata de personas con fines de explotación laboral?

−El país posee una serie de poblaciones especialmente vulnerables a ser víctimas de trata de explotación con fines de explotación laboral. Un ejemplo es la indígena autóctona, que migra entre los Estados de Panamá y Costa Rica, y por supuesto la población migrante económica que proviene de Nicaragua.

¿Eso da pie para pensar que Costa Rica es un destino principal de esta trata de personas?

−Sí, en Centroamérica al menos. Las migraciones humanas de Centroamérica se dirigen fundamentalmente hacia el norte −México, Estados Unidos, Canadá− y hacia Costa Rica.

¿Hace falta legislación en Costa Rica o el país tiene herramientas jurídicas suficientes para combatir ese delito?

La legislación está bien. Costa Rica tiene un buen instrumental jurídico; quizás hace falta una serie de investigaciones para tener una visión más adecuada de cómo utilizar esos instrumentos legales a favor de condenas y de una persecución penal más efectiva.

¿Ha habido un aumento de la detección de casos y de las condenas?

−Hubo aumento del 2010 al 2013, más o menos; luego hay una caída en las condenas. No es que se pierden los casos, sino que por cuestiones de estrategia se considera más prudente calificar los delitos, por ejemplo, como proxenetismo, u otra clase de delincuencia. No tenemos en los últimos dos años condenas por trata con fines de explotación laboral. Tenemos las llamadas estadísticas negativas, o sea, casos investigados pero no condenados.

 

Víctimas

En el continente americano los niños y las niñas representan el 30% del número total de víctimas de trata de personas, y dos de cada tres son mujeres.

Un 30% de las víctimas de trata con fines de explotación laboral son mujeres y el 70% hombres, lo que contrasta con la trata con fines de explotación sexual, donde solo un 5% son hombres.

La mayor parte de las víctimas pertenecen a grupos con condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, jurídica o cultural, y en especial riesgo se encuentran las poblaciones que migran de forma irregular.

*Fuente: datos de Naciones Unidas.

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