En las últimas semanas se han sostenido posturas críticas, amparadas en tesituras “ideológicas”, por parte de representantes afines a los sectores de la construcción y del mercado inmobiliario en relación con algunos proyectos reglamentarios que pretenden fomentar un modelo de desarrollo urbano distinto al actual. Dicha postura ha sido de igual forma defendida por algunos políticos e incluso columnistas de este periódico que consideran que la liberalidad económica se encuentra por encima de cualquier tesis urbanística racional amparada en conceptos del primer mundo, a las cuales rápidamente descalifican con adjetivos tales como “izquierdosa”.
La realidad es que dichos sectores en efecto, se verían obligados a respetar una serie de normas que les obligaría a modificar ciertas dinámicas del mercado, dado que se lo que se pretende, es fomentar un modelo de crecimiento urbano de mayor densificación y cuyo denominador común sea la presencia de infraestructura pública existente. Lo anterior, conviene aclarar, es necesario para implementar los principios rectores del desarrollo sostenible, según los cuales se deben utilizar de forma racional los recursos existentes para preservarlos y de igual forma, reducir el impacto ambiental generado por las actividades humanas.
Ante estas posturas enfrentadas y que defienden intereses distintos, es preciso comentar dos noticias publicadas el pasado jueves 4 de junio en la Nación (paginas. 8 y 17A), las cuales evidencian los efectos palpables del modelo de desarrollo inmobiliario impulsado en las últimas décadas en Costa Rica. Es fundamental que la ciudadanía, mediante una opinión informada, asuma su papel protagónico, mediante los mecanismos de participación existentes, en la modificación o incluso, en la validación de este modelo de “desarrollo” inmobiliario, que está generando de forma indiscutible, un agotamiento de los recursos naturales pese a la riqueza innata de un país como el nuestro en ese sentido.
El primero de los reportajes aludidos, “Santa Cruz desafía orden de detener construcción” informa que el Consejo Municipal y su alcalde, han decido continuar con el otorgamiento de permisos de construcción, pese a las advertencias emitidas la semana pasada por parte de SENARA, A y A y del MINAE. Pese al criterio inicial de acatar las advertencias emitidas por las instituciones competentes en la materia, las cuales son enfáticas ante el riesgo real de agotar definitivamente el manto acuífero de abastecimiento, el pasado martes, ante las presiones de los inversionistas, las autoridades municipales revirtieron su decisión inicial.
El director del SENARA, Carlos Romero, afirmó según este periódico que le extraña que las autoridades y los inversionistas presionen por construir más pese a los riesgos de “quedarse a secas” pronto. En honor a la verdad, y pese a lo irracional y autodestructivo de este tipo de posiciones, no se puede calificar de extraño esta situación descrita en Santa Cruz, dado que es totalmente concordante con las políticas de desarrollo inmobiliario y la posición que muchas autoridades locales han sostenido en las últimas décadas, en el sentido de que la protección de los recursos naturales pasa a un segundo plano ante el interés de los inversionistas inmobiliarios.
“Agricultura se extingue en 5 cantones del país”, es la segunda noticia que nos refleja el modelo de “desarrollo” insostenible fomentado por las dinámicas inmobiliarias actuales. El reportaje afirma que entre 1984 y 2014, el país perdió 21.6%de su superficie destinada a la producción agropecuaria.
Las municipalidades, según el reportaje, reconocen que esto les genera una mayor recaudación del impuesto a bienes inmuebles, pero que conlleva serios retos en lo que respecta a la prestación de servicios, lo que convierte a estas zonas en ciudades dormitorio con intenso flujo vehicular.
El modelo de desarrollo inmobiliario actual es insostenible y conlleva al agotamiento masivo de los recursos naturales, tal y como lo reflejan ambos reportajes. Esta afirmación no es una suposición, ni una proyección a futuro, es una problemática real, palpable e incuestionable tanto en la GAM como en las regiones periféricas. Si como costarricenses optamos por no hacer nada, por simple mezquindad, fomentada a su vez por una visión individualista elevada en la actualidad prácticamente al rango de ideología nacional, deberemos responder, todos, a las generaciones futuras del contexto alarmante que les estaremos heredando, con el agravante de que no podremos argumentar, que no fuimos advertidos a tiempo de impulsar el cambio necesario.
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