El aporte que históricamente la Universidad de Costa Rica ha dado al desarrollo científico y cultural es un hecho irrefutable y motivo de orgullo para una ciudadanía que cree en la búsqueda del bien común y en la movilidad social como sus principales formas de mejorar el nivel y la calidad de vida de la población. La formación de profesionales en las más variadas áreas de conocimiento, el desarrollo de una investigación de gran impacto en el ámbito nacional e internacional y el sólido vínculo con las comunidades, generado por las diferentes modalidades de acción social, así lo confirma. No en vano, la Universidad de Costa Rica es una institución benemérita de la educación y la cultura.
Esta realidad ha sido soslayada por un sector de la sociedad costarricense que desestima el acervo de la Universidad de Costa Rica y ha asumido posiciones tangencialmente opuestas a sus principios humanistas y sociales. La prueba más reciente de ello se encuentra en la publicación en la primera página del diario La Nación del 15 de julio de 2015, cuyo titular “Tráfico de la UCR gana 2,7 millones”, ampliado en las páginas 4A y 5A. Este hecho constituye un injustificado ataque a la comunidad universitaria, a sus principios y valores. Por ello, es necesario preguntarnos en qué contexto se da esta publicación, cuál es la intencionalidad que subyace en ella y, sobre todo, qué posición se construye en cuanto a la universidad pública costarricense.
Debemos recordar que estamos justamente en la antesala de la negociación del próximo Convenio del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), contexto en el que en otras negociaciones anteriores se ha puesto en evidencia la pugna ideológica entre los grupos neoliberales y las universidades públicas que apuestan por una formación crítica de la población. En la negociación del FEES, en el 2010, emergieron estos ataques a las universidades públicas y hoy también reaparecen y se renuevan, curiosamente con clara orientación contra la Universidad de Costa Rica. En un contexto más amplio, este cuestionamiento del sector público se está efectuando también contra el Instituto Costarricense de Electricidad, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la Refinadora Costarricense de Petróleo.
Es evidente que la información referida en la citada publicación tiene la intencionalidad de debilitar las universidades públicas exponiéndole al país datos tendentes a generar la idea de abusos y de mala utilización de los dineros que aporta el pueblo costarricense. Lamentablemente, dicha información es colocada de manera burda, contiene errores y por lo tanto, conduce a confusiones. No ha habido una investigación seria que revele con exactitud el salario percibido por el personal, no se han reflejado cambios específicos producto de variaciones en nombramientos y pagos atrasados. Hay también un desprecio por determinadas ocupaciones al instaurar la idea de que no existe relación proporcional entre la importancia (o no importancia) de una ocupación y el salario devengado. Lástima, además, que no haya un abordaje integral del tema de los salarios y se le informe con cifras exactas los millones de colones que funcionarios y funcionarias de Universidad de Costa Rica aportan al fisco y a la Caja Costarricense de Seguro Social, por conceptos de cargas sociales e impuesto sobre la renta.
De lo anterior se colige que hay suficientes razones para confirmar lo tendencioso de la publicación y el cuestionamiento del modelo de educación superior pública, situación que viene a sugerir la implantación de otros modelos que no la conciben como un bien público sino como mercancía. Por ello, quienes apreciamos los extraordinarios logros de la Universidad de Costa Rica puestos al servicio del país, el talento que existe y se genera día con día, así como el compromiso permanente con la excelencia, sus contribuciones a la salud y la educación, entre otros, demandamos un uso objetivo de la información, con el máximo de perspectivas posibles y sin manipulaciones. Siempre hemos rendido cuentas y debemos continuar con la misma responsabilidad y con absoluta transparencia. Frente a estos ataques que ponen en entredicho y sin suficiente argumentación los salarios, debemos sentirnos orgullosos de lo que hacemos por nuestro país, de nuestra contribución orientada a formar las nuevas generaciones y, sobre todo, de pertenecer a la Institución que está llamada a construir y cuidar el desarrollo futuro del país.
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