Comunidades exigen anulación definitiva de contrato con OAS, sin indemnización

Las comunidades interesadas en la carretera San José-San Ramón salieron de nuevo a las calles, para pedirle al Gobierno que finalice el contrato con

Las comunidades interesadas en la carretera San José-San Ramón salieron de nuevo a las calles, para pedirle al Gobierno que finalice el contrato con esa empresa sin pagar una indemnización. (Foto: Katya Alvarado)

Las comunidades del occidente del Valle Central y otras interesadas en la construcción de una nueva carretera entre San José y San Ramón, exigen al Gobierno que se anule el contrato de concesión con la empresa OAS, sin que se le tenga que pagar indemnización.

Así lo solicitaron los representantes de diversas comunidades la semana anterior,  cuando salieron a las calles para manifestarse en contra del “acuerdo mutuo” que buscará el Gobierno con la empresa para terminar el contrato de concesión.

 

Las poblaciones agrupadas en el Foro de Occidente insisten en que se debe iniciar un “proceso de lesividad” ante un Tribunal Contencioso Administrativo, para anular el contrato por las ilegalidades de la concesión, y sentar la responsabilidad de los funcionarios públicos.

 

El abogado y asesor legal del Foro Nacional, Álvaro Sagot, comentó que esta agrupación analizó dos propuestas para llevarlas a la Casa Presidencial en los próximos días.

La primera tiene que ver con la exigencia para que el Gobierno se comprometa a utilizar fondos públicos en el proyecto de la carretera San José-San Ramón, según las opciones  que tenga disponible.

“Ya sabemos que el argumento que dio la presidenta (Laura Chinchilla) en la cadena nacional de televisión −de que no hay plata− no es cierto. Sabemos que hay fondos públicos del Instituto Nacional de Seguros y de otras instituciones, que podrían hacer que la obra se materialice sin llegar a la concesión”, alegó Sagot.

Informó que ya han recogido 8000 firmas para gestionar la lesividad del contrato, ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Para iniciar este trámite, el Gobierno debería pedirle a la Contraloría General de la República que analice las ilegalidades alrededor del contrato, lo cual −según Sagot− es un proceso distinto al refrendo que se dio al contrato en su momento.

Entre las ilegalidades de la concesión, se menciona que los permisos ambientales estaban caducos, y por tanto se requería de nuevos estudios para conocer el impacto real de las obras.

Las comunidades también solicitan que en este proceso se sienten las responsabilidades sobre los funcionarios públicos involucrados en la concesión, por lo que también presionarán al Ministerio Público para que avance en las investigaciones que ya realiza, tras la denuncia que presentó el abogado y empresario Alberto Rodríguez Baldí.

Para Sagot, otro de los aspectos que se debe revisar, por parte de la Contraloría, es la denuncia sobre el hecho de que el brasileño Humberto Pereira −quien firmó por OAS el contrato de concesión− no estaba debidamente inscrito como representante legal de la empresa en ese momento.

“También le pedimos al Gobierno que presente un proyecto de ley que derogue la Ley de Concesiones, pues es la que ha permitido que se abran portillos en situaciones como esta”, añadió.

NO HAY QUE PAGAR

El pasado 16 de mayo, varias comunidades salieron a la calle para manifestarse una vez más en contra del “acuerdo” que buscaría el Gobierno con la empresa OAS, y en el que se le pagaría a esa empresa cerca de $34 millones por concepto de indemnización.

Fabio Chaves, coordinador del Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), participó en la manifestación en Alajuela, y aseguró que los empleados de esa institución están dispuestos a apoyar la lucha de las comunidades contra esta carretera.

Chaves cree que no se le debe pagar nada a OAS por la terminación del contrato, y coincide con la necesidad de derogar la Ley de Concesión de Obra Pública, ya que la considera “una fábrica de chorizos”.

Alex Obando, uno de los manifestantes, dijo que el país debe despertar y expresarse en contra de estas concesiones, pues han sido una plataforma para que “muchos hagan fiesta” con los fondos públicos.

“Pedimos que la concesión que se dio para la Carretera San José-San Ramón se elimine, y que no haya que pagar nada. ¿Por qué tiene que pagar el pueblo los errores del Gobierno?”,  reclamó Obando.

Ahora las comunidades esperan que el Gobierno presente una alternativa para la modernización de la ruta hacia San Ramón, para lo cual las autoridades solicitaron el apoyo técnico de la Universidad de Costa Rica y del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

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