El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) empezó a pagar la semana antepasada a las empresas constructoras los cobros pendientes por los trabajos realizados en la trocha 1856, pese a la investigación que está en curso por parte del Ministerio Público sobre supuestas dádivas y otras irregularidades en la contratación de las obras.
Al director ejecutivo de CONAVI, José Luis Salas, UNIVERSIDAD le consultó por intermedio de su encargada de prensa cuánto se ha pagado a la fecha por los trabajos realizados en la trocha y cuánto falta por pagar.
La respuesta de la encargada fue que aún no se conoce el monto total, porque las empresas continúan presentando cobros y hasta que no se les pague se podrá conocer el costo total de las obras. Hasta ahora, el CONAVI había venido diciendo que el costo era de ¢19.000 millones.
Un informe de CACISA, empresa que fue llamada a hacer la supervisión de la obra a partir de enero último, indica que el costo estimado de las obras realizadas hasta ese mes, era de ¢24.130 millones, calculados con base en los precios unitarios de alquiler de maquinaria que utiliza el CONAVI y las condiciones de cada sector, y de ¢32.757 millones, si se calcula con base en los precios unitarios del proyecto vial Vuelta de Kooper-Chilamate, en la zona norte.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía allanaron el pasado 6 de junio en diversas partes del país las instalaciones de 35 empresas que realizaron trabajos en la trocha, en busca de documentación sobre las presuntas irregularidades cometidas con los pagos recibidos.
En la lista de empresas allanadas que entregó la Fiscalía llaman la atención los pagos millonarios que recibieron algunas de ellas, de hasta más de ¢2.000 millones, como en el caso de la Constructora El Bajo del León S.A., la que más facturó. Asimismo, son notorias las sumas multimillonarias que se acumulan en los casos en que dos o más empresas pertenecen al mismo dueño o grupo familiar (ver recuadro “Cruces familiares”).
Algunas de las empresas contratadas para trabajar en la trocha y caminos de acceso al 30 de mayo pasado no estaban al día en el pago del impuesto sobre la renta, según un reporte de Tributación Directa.
Por otro lado, se informó de una lista de empresas contratadas que estaban morosas con la Caja Costarricense de Seguro Social y algunas ni siquiera estaban inscritas como patronos. Y una de las cosas que se investigan es cómo es que fueron contratadas, si uno de los requisitos de ley para poder contratar con la administración pública es estar al día con esas obligaciones.
El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) investiga a 48 empresas que participaron en trabajos de la trocha, la mayoría de las cuales no estaban inscritas en dicho colegio, un requisito que deben cumplir para contratar obras de construcción. El Colegio estudia qué participación tuvieron dichas firmas en el proyecto, y podría abrirles expediente administrativo si se les comprueba situación irregular, e incluso podría denunciarlas penalmente. Así lo explicó Óscar Vargas, director ejecutivo del CFIA, al comparecer el pasado 12 de junio ante la comisión de ingreso y gasto público de la Asamblea Legislativa que investiga las irregularidades cometidas en la trocha (ver nota aparte).
Por el momento solo tres funcionarios del CONAV I, encargados directos del proyecto, están suspendidos y bajo investigación, por las presuntas anomalías en el uso de los fondos. Se trata de Carlos Acosta, exdirector de CONAVI, Manuel Serrano y Franco Ramírez, que estaban a cargo y supuestamente asignaban trabajos a las constructoras a cambio de dádivas y regalos.
Sin embargo, entre trabajadores de las empresas que participaron se mencionan nombres de otros supuestos involucrados que no han sido llamados a cuentas.
Por ejemplo, se señala el caso de un tractorista de apellido Mesén que fue nombrado como “inspector voluntario” en un sector de las obras. Con el extraño cargo de inspector voluntario, ganaba sin embargo un sueldo de ¢200.000, y se encargaba de recibir y dar visto bueno a la facturación que presentaban las empresas, en acuerdo con los encargados del CONAVI.
A MANO LLENA
La gente se pregunta cómo es que alguien que gana ¢200.000 puede comprarse en corto tiempo un vehículo de $40.000, una lujosa residencia en ciudad Cariari y varias casas en Guápiles.
Precisamente en Guápiles son objeto de comentario las reuniones que realizaban en el bar Sinpatikos y en un conocido nigth club de San José, empresarios y funcionarios de CONAVI encargados de las obras, donde se hablaba del arreglo de los pagos y se pagaban facturas de un millón de colones y más por la invitación.
Un empleado, cuyo nombre pidió mantener en reserva, narró detalles de cómo se les ordenaba realizar los viajes de vagoneta despacio, y pasar facturas por mayor número de viajes que los realizados, lo que se hacía con el visto bueno de los encargados del proyecto, que eran amigos del dueño de la empresa, a la que favorecieron con jugosos contratos.
En una oficina adjunta al domicilio de tres empresas pertenecientes al mismo dueño que había en Guápiles, “arreglaban” los montos de las facturas por cobrar, en acuerdo con algunos encargados de las obras, pues había hasta sellos y documentación del CONAVI.
Dichas oficinas fueron desmanteladas y los empleados despedidos luego que se paralizaron las obras y estalló el escándalo por los malos manejos de la trocha, y el mismo dueño quemó las computadoras y los archivos, por lo que cuando llegaron los agentes del OIJ y la Fiscalía, ya no había nada, relató un testigo que vio cómo quemaban los sellos.
Por su parte, un encargado de maquinaria de una empresa constructora, contó de daños ambientales que se produjeron en secciones de la construcción sin que los inspectores del Ministerio de Ambiente y Energía intervinieran, pues parecía que tenían órdenes de no acercarse. Por ejemplo, mencionó una sección de la vía que conduce a Delta Costa Rica, donde fueron derribados
árboles maderables de gran valor, incluidos almendros, y caían los nidos de los pájaros, incluso de lapas o guacamayas, especie en peligro de extinción, que se alimenta del fruto de almendro.
Buscan a responsables políticos del mal manejo de la trocha
Jorge Luis Araya
El arranque de las sesiones de la comisión de ingreso y gasto público de la Asamblea Legislativa destinadas a investigar la supuesta corrupción con los fondos de la trocha fronteriza 1856 estuvo candente. El primer compareciente fue Olman Vargas, director del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), quien el pasado 12 de junio expuso a los diputados y diputadas los graves errores técnicos que la entidad detectó en la construcción de la trocha y advirtió que los arreglos podrían salirle muy caros al Gobierno.
Se incumplieron normas básicas, fundamentales en la construcción de cualquier vía, como la necesidad de iniciar con una planificación, tener un diseño para definir la ruta y los niveles de riesgos.
Entre los problemas detectados mencionó el mal manejo de las aguas y la falta de drenajes, importantes en cualquier carretera, máxime en una calle de lastre. En algunas partes en lugar de alcantarillas se colocaron troncos, o se usaron contenedores, y hay lugares donde hay un cruce transversal de aguas sobre la carretera, apuntó el informe del CFIA, que coincide con otro del Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de la Universidad de Costa Rica (ver recuadro “Conclusiones de LANANME”)
“Las soluciones que se han dado son de bajísimo nivel”, advirtió Vargas. Las palabras del experto irritaron a las diputadas y el diputado del Partido Liberación Nacional presentes en la comisión, que le achacaron falta de seriedad en sus apreciaciones, y hacer coro a una campaña de desprestigio contra la trocha, que en su criterio realiza la oposición y algunos medios de comunicación.
El diputado Víctor Hugo Víquez exigió que Vargas le entregara por escrito lo dicho en la comisión, tras afirmar que si no lo llevaba por escrito era “paja” lo que había llegado a decir.
El asesor legal que acompañaba a Vargas tuvo un fuerte intercambio de palabras con Víquez, a quien acusó de “malcriado” y “cobarde” por escudarse en su inmunidad, y cuando abandonaba el recinto el diputado hizo intento de írsele al cuerpo, lo que impidieron quienes se hallaban cerca del legislador oficialista.
“Sería muy lamentable que con esas bravuconadas pretendan acallar gente o sepultar el trabajo de esta comisión, solo por las críticas que se lancen a la cuestionada vía”, dijo el diputado socialcristiano Luis Fishman, quien con su compañero de bancada Walter Céspedes y Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana, ofrecieron disculpas al representante del CFIA.
La diputada liberacionista María Ocampo argumentó que la vía se hizo bajo estado de emergencia, porque los nicaragüenses habían tomado la isla Calero, y los costarricenses no podían pasar por el río San Juan, por lo que había que abrir paso para abastecer a la policía en los puestos de la frontera. Hay que recordar que se trata de una trocha que no está terminada, por lo que no hay razón en las críticas que se hacen, insistió la diputada.
Su compañera de bancada Alicia Fournier recordó que hay un decreto del Ministerio de la Presidencia, donde se declara emergencia ante la violación de la soberanía costarricense por Nicaragua, y donde se autoriza una inversión total de ¢41.923.682, 748 millones para infraestructura vial.
Fournier citó un informe de la empresa supervisora CACISA, según el cual además de los 160 km de la trocha se construyó en caminos de acceso, por un total de 537 km, por lo que a su juicio los costos no son lo caro que se ha dicho, pues según el análisis de costos al mes de enero pasado habrían salido en casi mil millones menos de lo presupuestado. El CONAVI ha dicho que lo gastado son unos ¢19.000 millones, lo que quiere decir que se ha gastado la mitad de lo presupuestado, señaló.
Para el diputado Oviedo, por el contrario, los gastos reportados en la construcción de estos caminos y la trocha son “un asalto a las finanzas del Estado”.
En esa zona hay unas rutas de acceso que estaban perfectamente transitables antes de los trabajos de la trocha, y sobre las cuales se agregó material como para justificar que se estaba trabajando ahí, pero lo intervenido no suma más de 100 km, afirmó.
Vecino y conocedor de la zona, el diputado -utilizando el mismo gráfico que había llevado Fournier para mostrar las secciones de caminos construidas con los fondos de la trocha- le fue mostrando los tramos donde ya había caminos habilitados, incluso uno donde había carretera pavimentada desde antes. “No traten de confundir a la opinión pública“, reclamó Oviedo.
RESPONSABLES
Según el diputado Fishman, cada día se descubren más “barbaridades” de lo sucedido en la trocha, que catalogó como el mayor escándalo de corrupción en la historia de Costa Rica. El problema no se queda en uno o dos empleados de CONAVI que se aprovecharon, sino en los responsables políticos que no velaron por lo que estaba sucediendo en la trocha y cómo se estaba utilizando los recursos, afirmó.
Es a la Comisión Nacional de Emergencias a la que por ley le corresponde establecer los mecanismos de control, y eso es lo que se debe investigar. Hay que analizar dónde está la justificación en el decreto de emergencia para construir 160 km de la trocha. Cuando se decreta la emergencia se decreta para la zona de Calero, y de un momento a otro aparece un plan posterior y se empieza la construcción de 160 km de vía. Esto tiene un mar de fondo, dijo Fishman.
Vanessa Rosales, presidenta ejecutiva de la CNE, es la primera de una lista de funcionarios citados para comparecer ante la comisión a partir de esta semana.
Con miras a determinar responsabilidades de los jerarcas de las instituciones encargadas, la comisión acordó llamar también a Enrique Castillo, Ministro de Relaciones Exteriores; Marco Vargas, exministro de la Presidencia y de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y como tal exmiembro de la directiva de la CNE. Asimismo, a Francisco Jiménez, exministro del MOPT; Mario Zamora, Ministro de Seguridad Pública; Mauricio Boraschi, viceministro de la Presidencia; y Carlos Acosta, exdirector del CONAVI.
Entre las cosas que los diputados buscan aclarar, a cuánto asciende lo gastado en la trocha; lo que no está claro, ya que el CONAVI había dicho que el gasto era de ¢19.500 millones, y la CNE reportó a la Contraloría General de la República un presupuesto de ¢9.000 y otro de ¢10.000 millones en fondos destinados a la trocha, lo que sumaría más de ¢38.000 millones. Pero el ejecutivo había autorizado además gastos por miles de millones de colones del Ministerio de Seguridad, MOPT, MINAET, y no se ha aclarado cuánto del dinero se ha gastado.
Conclusiones del LANAMME
En un recorrido de aproximadamente 97 kilómetros de la Trocha Fronteriza, entre el Delta Costa Rica y el río Pocosol, se identificaron nueve tramos que muestran una condición desigual:
-Tramo 1 Delta Costa Rica-Fátima: El camino cuenta con estructuras de drenaje y una superficie de ruedo en lastre en aceptable condición.
-Tramo 2 Fátima –Boca Río Sarapiquí: El camino cuenta con algunas estructuras de drenaje inconclusas, y la plataforma se encuentra estabilizada con material de río. Se debe mejorar la superficie de ruedo.
-Tramo 3 Copalchí-Remolinito: La plataforma del camino se encuentra en tierra, existen algunas estructuras de drenaje inconclusas, y puntos localizados de corte y relleno inestables. En una sección importante del tramo no se han realizado trabajos, solo el trazado y la apertura inicial del camino.
-Tramo 4 Remolinito-Cureña: La plataforma del camino se encuentra en tierra, no existen estructuras de drenaje, y en varios lugares hay puntos de corte y relleno inconclusos e inestables que obstruyen el paso. También se observa una sección donde se utilizó material granular muy arenoso que está siendo erosionado por el paso de los vehículos, el viento, y el agua.
-Tramo 5 Cureña-Boca Río San Carlos: El camino cuenta con estructuras de drenaje y una superficie de ruedo en lastre en buena condición.
-Tramo 6 Boca Río San Carlos-Río Infiernito: En este tramo existe una gran cantidad de movimientos de tierra, corte y relleno -inconclusos e inestables- que tienen la Trocha cortada en varios puntos.
-Tramo 7 Río Infiernito-Tajo Tiricias: El camino cuenta con una superficie de ruedo en lastre en buena condición. En algunos puntos carece de estructuras de drenaje.
-Tramo 8 Tajo Tiricias- San Isidro: La sección de este tramo paralela al río San Juan presenta una superficie de ruedo en lastre en buena condición. La sección paralela a la frontera terrestre corresponde a un área boscosa, con terreno ondulado, el camino se encuentra en tierra y hay una gran cantidad de sitios en donde no existen estructuras de drenaje, que provisionalmente han sido sustituidos por troncos.
-Tramo 9 San Isidro-Río Pocosol: El camino cuenta con una superficie de ruedo en lastre en buena condición y una sección en tierra, con estructuras de drenaje inconclusas.
La falta de puentes sobre los ríos Sarapiquí, San Carlos y Pocosol – al menos 400 metros de longitud total por construir- corta la continuidad de la Trocha Fronteriza en tres puntos, limitando su funcionalidad.
En algunos sectores con pendientes moderadas y altas, el camino presenta un trazado irregular, con cortes y rellenos inconclusos o inestables que podrían colapsar por efecto de la lluvia. Al parecer, estos cortes y rellenos se realizaron sobre la base del criterio y la experiencia de los operadores de máquinas y sin contarse con información topográfica y geotécnica.
Fuente: informe LANAMME.
