Criterios sobre tarifas enfrentan al ICE y ARESEP

Nuevamente pueden haber apagones en el futuro como los que hubo en el 2007 por cambios climáticos, si no se hacen las inversiones necesarias

Jerarca advierte riesgo de nuevos apagones en el futuro debido al rezago en inversiones eléctricas.

Nuevamente pueden haber apagones en el futuro como los que hubo en el 2007 por cambios climáticos, si no se hacen las inversiones necesarias para cubrir el rezago de diez años que lleva el país en materia de desarrollo eléctrico, sostuvo Pedro Pablo Quirós, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

“Me han criticado mucho porque dicen que soy  sensacionalista; lo lamento, pero pueden haber cortes en el futuro”, insistió Quirós, tras estimar que se deberían invertir entre $450 y $600 millones a doce años plazo para duplicar la generación eléctrica actual.
El jerarca del ICE intervino durante un foro realizado la semana pasada en la Asamblea Legislativa, donde fustigó, en presencia del regulador general Fernando Herrero, la política de fijación de tarifas por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
El presidente del ICE recriminó que a la institución no se le reconoce en las tarifas rédito para el desarrollo (inversión), rubro que ha caído a números rojos en los últimos cuatro años.
En el encuentro el profesor de derecho constitucional Óscar Hernández fustigó a la ARESEP a la que atribuyó una serie de actuaciones ilegales. Dijo que por ley el ámbito de competencia de su competencia es técnico, pero está ejerciendo políticas públicas en materia de regulación, y para la fijación de las tarifas debe existir un modelo tarifario, que “nadie conoce” (ver recuadro: “¿Dónde está el modelo?”).
Entre otros puntos, advirtió que por un error en la nueva ley de telecomunicaciones los diputados le quitaron al regulador la potestad de fijar tarifas, convirtiéndolo en un “simple presidente ejecutivo.” Acusó al regulador de ejercer la función de regulación mediante resoluciones y no mediante reglamento, como dispone la ley, de haber nombrado nuevas superintendencias para Agua, Energía y Transportes sin tener competencia para ello.
Herrero se sacudió diciendo que la Procuraduría General de la República en este punto dijo que era permitido hacerlo, ante una consulta que le hicieron diputados. Pero si alguien considera que hay ilegalidad puede recurrir ante la Sala Constitucional, añadió Herrero.

POLÍTICA ENERGÉTICA

El diputado Ronald Solís, organizador del foro, explicó que el objetivo de la actividad era contribuir al debate con miras a la formulación de una política nacional en materia energética.
El legislador del Partido Acción Ciudadana manifestó preocupación por la situación financiera del ICE y porque no se le reconozca a la entidad en las tarifas rédito para inversión. A su juicio la fijación de tarifas con criterio cortoplacista perjudica a largo plazo al consumidor en vez de beneficiarlo.
Expuso que según un auditoraje de la firma Lara y Eduarte, en 2007 la división ICE electricidad tuvo pérdidas por ¢40.173 millones ($79 millones), las que se elevaron a más de ¢112.000 millones ($193 millones) en el 2008. Tomado en conjunto (telecomunicaciones y electricidad) el ICE tuvo pérdidas de ¢27.743 millones ($46 millones) el año pasado, situación de pérdida que solo había ocurrido en tres ocasiones en 50 años de vida del ICE.
Solís se preguntó hasta donde las políticas de desarrollo de las instituciones están siendo manejadas de manera apropiada y en términos reales, tomando en cuenta el papel esencial de las tarifas, ya que “sin cacao no hay chocolate.”
Ahora hay una nueva coyuntura, tras la vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC), que no permite tener subsidios en las instituciones públicas, el mercado es cada vez más abierto, en esas circunstancias además no hay un reconocimiento de réditos de desarrollo en las tarifas, apuntó.
Por otro lado, la nueva ley de fortalecimiento del ICE crea “áreas grises”, porque una parte de la institución que está en el ámbito de la competencia con empresa privadas, como son las telecomunicaciones, y otra, la eléctrica, sigue como empresa pública. Estas áreas grises no deben ser utilizadas como pretexto para debilitar la institución, sino como un punto de partida para fortalecerla, porque es la institución de todos los costarricenses, consideró.
 “Es hora de que empecemos a ver las políticas en función del largo plazo. ¿Estará la ARESEP consciente o inconscientemente definiendo vía tarifas las políticas de desarrollo del ICE y quizás de otras instituciones?”, añadió Solís, quien llamó a hacer una revisión sobre en qué ha fallado el ICE y en qué la ARESEP para decidir lo mejor para el país.
Pedro Pablo Quirós, a su vez, resaltó que Costa Rica es una nación privilegiada, pues tiene recursos de agua casi como ningún otro país América Central. Es un recurso que hay que explotar, pero en los últimos diez años no ha habido un fomento de generación eléctrica importante, como sería la construcción de plantas de 200 megavatios para arriba.
Habló también del potencial que tiene el país y lo que ha venido haciendo en energía geotérmica, eólica, y el interés de fortalecer la investigación y de desarrollo de la energía solar y la generación con biomasa de los ingenios, lo que ayudaría a cubrir faltantes verano, cuando merman los ríos.
Tras recordar que “que la sangre del desarrollo la trae la electricidad en cualquier país del mundo”, el funcionario recalcó que en todo esto el aspecto tarifario es fundamental para estimular la inversión.
Apuntó a que hay tener mucho cuidado a la hora de definir un plan nacional que tome en cuenta a toda la ciudadanía. Hay que modelar las tarifas, hoy más que nunca cuando el cambio climático y la crisis financiera cambia las condiciones constantemente. La regulación tarifaria no debe estar centrada solo en el control de la institución pública, sino también en el estímulo a la inversión, como se hace en los países desarrollados, indicó.
Explicó que la falta de rédito para el desarrollo es un problema serio para conseguir crédito en los bancos, pues conforme baja, aumenta el factor de riesgo y se suma a los intereses, con lo que los empréstitos son menos competitivos de lo que deberían ser.
Afirmó que a pesar de que las solicitudes de tarifas son tímidas, se ha tratado de satanizar el “hambre” de  recursos del ICE. Pero es que si no hay tarifas hay que reducir costos, y al bajarlos se reduce el fomento, y no quedará más remedio que seguir empleando plantas térmicas, con el alto costo que tiene el empleo de combustibles.

RETO

El regulador Herrero convino en que el país enfrenta un gran reto en materia energética. “Tiene que  haber una gran inversión en los próximos años, y eso quiere decir que tenemos que hacer esa inversión en gran parte desde el ICE, que tiene que mantener el liderazgo en materia eléctrica, pero vamos a tener más cogeneradores, tener muchas fuerzas unidas para poder satisfacer las necesidades del país hacia adelante.”
Al explicar en qué se basan los criterios de regulación tarifaria que sigue, manifestó que normalmente, cuando se tiene mercados funcionando, todos los participantes en el mercado intervienen y al final de cuentas se van formando precios en los cuales todos compiten defendiendo sus propios intereses.
En cambio en los llamados servicios públicos o empresas que tienen un grado importante de monopolio, ahí no hay un mercado funcionando y entonces hay que encontrar una manera de fijar precios.
En este campo ha habido una gran experiencia en otros países del mundo para buscar la manera apropiada de sustituir la competencia o el funcionamiento de mercados y para ello se ha desarrollado el concepto de servicio al costo, que significa poner el precio como si hubiera habido competencia.
En ese sentido hay una búsqueda en todo el mundo de nuevos mecanismos que permitan retomar lo valioso de la competencia que es esa lucha de los operadores para ganarse a los clientes y bajar los costos.
Explicó en qué consiste la “regulación por incentivos” que aplica la ARESEP y por qué a su juicio el mecanismo del costo variable de los combustibles o factor térmico (que reclama el ICE) no es un buen método.
Lo que se busca, explicó Herrero, es que técnicamente en el ICE estén obligados a pasar por rendir cuentas y que siempre que se les va arriba el costo de los combustibles van a tener una presión social para bajar los costos.
En cuanto a la inversión para desarrollo indicó que lo principal es tener claro que el ICE en parte invierte por lo que recibe del rédito al desarrollo, y en parte por la depreciación de activos que se le reconoce, a lo que se suma la mayor flexibilidad que tiene ahora el ICE  para invertir a través del crédito.
“Nosotros lo que nos hemos planteado en la autoridad reguladora es que la tarifa no debe usarse para financiar más inversión que la que es normal con la depreciación y el rédito para desarrollo.
“Es a través del crédito que el ICE tiene que hacer las grandes obras, porque si vamos a financiar la inversión por tarifas éstas tienen que pegar grandes brincos cuando hay proyectos de inversión. La norma es no dar la plata por adelantado, sino que en cuanto se van haciendo las inversiones se van incorporando en los precios”, puntualizó Herrero.
Para Herrero,  es fundamental que encontrar los mecanismos adecuados para que las empresas tengan incentivos para responder al consumidor a ese precio de costo.
“En el caso de ICE hay que afinar el mecanismo de estructura de precios y asegurarnos que haga bien lo que tiene que hacer”, finalizó Herrero.
Igual que al ICE, la orientación tarifaria de la ARESEP afecta a las cooperativas de electrificación rural, porque la política es reducir el rédito del desarrollo, dijo Arturo Alfaro, subgerente de producción de COOPELESCA, de San Carlos.
Alfaro afirmó que la propuesta del regular no es viable para las empresas, y debe haber una discusión sobre la política a seguir en la participen todos los sectores involucrados y no sean solo algunos los que deciden.
Se dice que con las rebajas de las tarifas se obliga a la empresa a ser más eficiente, y suena lógico pero el problema es que automáticamente los ingresos se reducen, hay que hacer una serie de recortes y tampoco se desarrolla. Al perderse la capacidad de desarrollo es que tenemos diez años de rezago y ¿cómo recuperamos eso?, comentó.
“El regulador dijo aquí que lo que se trata es obligar a la empresa a buscar créditos en la banca para las inversiones y éstas no se van a cargas a los usuarios en las tarifas, lo cual parece razonable. El problema es que la mayoría de los activos que están en las calles, como postes y cables, el banco no lo toma para respaldo de créditos y entonces no somos sujetos de crédito”, dijo Alfaro.
Por otra parte, Quirós consideró innecesario en este momento el proyecto de ley general de electricidad presentado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa. Dicho proyecto sigue el mismo esquema de la nueva ley de telecomunicaciones que fue apoyada por el jerarca del ICE.
Entre otros aspectos dijo que la ley de electricidad debería tener un transitorio para que se resuelva primero el problema energético en los próximos diez años, antes de pretender  que se exporte dejando al país sin electricidad.
Además, cualquier ley que se apruebe no debe meterse con la estructura del ICE, pues si durante 60 años la institución ha cumplido la tarea bien, lo más lógico es dejar las cosas como están en los próximos años, antes de ver otros modelos, afirmó.


Óscar Hernández: ¿Dónde está el modelo?

“La reforma legal que transformó el antiguo Servicio Nacional de Energía (SNE) en la actual ARESEP establece los lineamientos con respecto a los enfoques que debe tener la ARESEP en materia de regulación.
Establece un ente eficiente que regulará precios, tarifas y tasas de servicios públicos, y que actuará en forma eminentemente técnica y con autonomía.
Se busca propiciar también la participación, tanto de las empresas que prestan los servicios como de los usuarios o consumidores. De manera que a la hora de fijar las tarifas ambas partes pudieran expresar sus puntos de vista o su visión de lo que se requiere.
También se plantea la figura de un regulador y los servicios públicos se ponen bajo la competencia de esta autoridad reguladora. El regulador general tiene la competencia y la responsabilidad política de pronunciarse sobre estos temas.
El regulador debe velar por que se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, regularidad, oportunidad, universalidad del servicio.
Esto lo está haciendo la ARESEP pero no lo hace por vía de reglamentos, como está obligado a hacerlo, sino por vía de resoluciones.
Las audiencias no son un asunto sin importancia. Tienen un enfoque eminentemente político, y su función es la de conciliar intereses, tanto de los usuarios como de prestatarios.
El artículo 31 de la ley 7593 dice que para fijar las tarifas y precios de los servicios públicos la ARESEP tomará en cuenta la estructura productiva modelo para cada servicio.
Todos saben lo que es un modelo. Entonces uno se pregunta dónde está el modelo de fijación de energía eléctrica, dónde están los conceptos, los parámetros, los axiomas, las fórmulas matemáticas que ayudan a conforman un modelo. Y cuando usted le pregunta al regulador: indíqueme la página de Internet en la que puedo tener acceso y conocimiento del modelo, pues no existe.
Es mi derecho legal conocerlo, ¿donde está?,” dijo Jorge Hernández.


Con cargo a las tarifas

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos planea trasladarse del edificio que posee en Sabana Sur, a otro que alquilará por cerca cerca ¢1.000 millones anuales en el oficentro Multipark, en Guachipelín de Escazú. El edificio pertenece a un fideicomiso administrado por una empresa del grupo del Banco Improsa.
La ARESEP justificó la necesidad del traslado, entre otras razones, en que el edificio de Sabana Sur no reúne las condiciones de espacio y de seguridad para el debido desempeño de las funciones de la entidad reguladora.
La diputada socialcristiana Lorena Vásquez cuestionó el traslado, entre otras razones, por la dificultad que tendrán los usuarios para trasladarse hasta Guachipelin para hacer valer sus derechos ante la ARESEP.
Con las nuevas superintendencias recién creadas para la regulación de los servicios de agua, electricidad y transportes, la ARESEP aumentará a 313 el número de funcionarios. Actualmente son 179 (incluyendo a la Superintendencia de Telecomunicaciones que ya funciona).
Para el 2010 ARESEP presentó un presupuesto de ¢10.600 millones, de los que el 10% serían para el alquiler.
Los gastos de la entidad pasaron de ¢4.984 millones en el 2006, a cerca de ¢7.070 millones en el 2009 estimados en términos reales (descontada la inflación), es decir, 42% más. Lo que más incidió en el aumento fue el rubro salarios, que pasó de ¢2.905 millones en el 2006 a ¢4.840 millones este año (67% de aumento).
Un grupo de empleados se quejaron semanas atrás de que mientras en esa entidad los salarios base de los profesionales están por debajo de los fijados por el Servicio Civil (alrededor de ¢500 mil), y este año no recibieron más que un aumento de 1,21% por costo de vida, los jerarcas sí perciben sueldos competitivos.
El regulador general recibe un salario de ¢4,4 millones al mes, el gerente general ¢ 3,6 millones, los directivos de ARESEP nombrados tiempo completo ¢4,4 y los miembros del Consejo de Sutel ¢3,6 millones.
En nota publicada en el diario La Nación, el regulador Fernando Herrero señaló que el salario del regulador fue fijado en su oportunidad por la Autoridad Presupuestaria y posteriormente solo ha tenido ajustes por costo de vida. Asimismo, que las dietas de la Junta Directiva se fijaron por ley, los miembros de la Junta no las pueden modificar y son semejantes a las de otros órganos colegiados públicos con responsabilidades parecidas.
La ARESEP se financia con un canon que pagan las entidades reguladas, costo que se carga a las tarifas que pagan los usuarios de los servicios públicos como electricidad, combustibles, agua, buses y taxis.


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