Las obras de mejora de la carretera a San Ramón se mantienen sin ejecutar. (Foto: Katya Alvarado)

La Defensoría de los Habitantes solicitó al ministro de Planificación (Mideplan) y presidente del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Roberto Gallardo, justificar la  cifra que el Estado costarricense aceptó pagarle a la sociedad OAS Central American Investing Limited, como parte del finiquito del contrato para la ampliación y modernización de la carretera San José- San Ramón.

Las dudas surgen alrededor del pago de $8,6 millones como compensación por 34 expropiaciones que se habrían realizado con fondos de la firma (ver edición anterior de UNIVERSIDAD, “¿Pagó OAS las expropiaciones que el Gobierno acordó reembolsar?”).

Cabe destacar que las mismas empresas y personas expropiadas por esta carretera aparecen en los estados financieros del CNC como pagadas con depósitos del Estado, según dio a conocer UNIVERSIDAD en la edición anterior.

Luis Gerardo Fallas, en su condición de defensor de los habitantes, solicitó en una carta enviada el pasado 27 de febrero al despacho del ministro Gallardo, los documentos que sirvieron de base para fijar ese monto de compensación.

En concreto le pidieron remitir “comprobantes de pago de expropiaciones, documentos y recibos que aportó el concesionario, documentos que comprueban los pagos, desglose de los mismos”.

Fallas dio como plazo cinco días para que la información sea brindada, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley de la Defensoría.

EL TIEMPO SE ACABA

El 15 de marzo se vence el plazo para que el Gobierno deposite en las cuentas bancarias de la empresa OAS el pago de la indemnización acordada en el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio Costarricense.

A pesar de que el ministro Gallardo asegura haber actuado con transparencia, existen dudas sobre el proceso de negociación en el que se determinó el pago de $34,9 millones a OAS.

El Centro de Conciliación informó a UNIVERSIDAD que destruyeron el expediente administrativo y además no redactaron actas del proceso de negociación.

“Me deja un gran vacío todo lo que ha hecho este señor Gallardo, que −de una manera agresiva− quiere pagar a una compañía transnacional; hace que nosotros como costarricenses sintamos una desesperanza y no podamos confiar en nuestros gobernantes”, consideró el abogado del Foro Nacional, Álvaro Sagot.

Luego de trascender la mencionada publicación de UNIVERSIDAD, el diputado del Partido Acción Ciudadana Claudio Monge presentó una moción en el Plenario para llamar a rendir cuentas al ministro Gallardo.

La iniciativa fue rechazada con los votos de diputados del oficialista Partido Liberación Nacional, de la Unidad Socialcristiana, Accesibilidad Sin Exclusión, Restauración Nacional y Renovación Costarricense.

“La complicidad de estos diputados los hace asumir una actitud de indiferencia”, lamentó Monge, quien aseguró que en una futura sesión legislativa presentará la moción.

El empresario de la zona norte, Alberto Rodríguez Baldí presentó la mañana del pasado martes  cuatro de marzo, una denuncia penal ante el Ministerio Público por la destrucción de los documentos del expediente de conciliación en la Cámara de Comercio.

Baldí se apoyó en la publicación de UNIVERSIDAD para fundamentar una querella  por delitos de acción pública.

“Ante lo evidente de la acción delictiva, usted Señor Fiscal General tiene a su disposición todos los elementos legales para evitar la impunidad de este delito, que se confesó públicamente”, concluyó el abogado y empresario turístico, Rodríguez Baldí.

El Ministro, por su parte, dijo estar enfocado en encontrar los fondos necesarios para la rescisión del contrato antes del 15 de marzo, ya que de agotarse el plazo, OAS podría solicitar una cifra superior a lo establecido en el acuerdo conciliatorio.

Roberto Gallardo, ministro de Planificación:

“Preguntar si OAS pagó no es relevante”

¿Usted da garantía de que con los fondos del fideicomiso se pagaron esas 34 expropiaciones que se le retribuirán a OAS?

-Lo que yo le puedo decir es que ese monto está determinado por el análisis auditado de los estudios financieros de Autopistas del Valle, que fue revisado por la supervisora y la gerencia del proyecto.

Pero quedan dudas. Por ejemplo: ¿por qué en documentos oficiales del Consejo de Concesiones aparecen pagos por expropiaciones a dueños de fincas y son incluidas en la indemnización que se le hará a la empresa?

-Que el pago saliera a nombre de Concesiones o del Conavi no tiene mayor relevancia; preguntar si OAS pagó no es relevante, porque ni ellos, ni Autopistas del Valle tenían que pagar directamente a los expropiados; quien paga es el Estado.

El fideicomiso es un acuerdo privado entre el banco y la concesionaria. ¿Alguien supervisó el manejo de esos fondos?

-Cuando nosotros tenemos un informe de una firma del prestigio y la seriedad de Deloitte, además de la empresa supervisora y la gerencia del proyecto contratado por el Consejo de Concesiones, en donde nos dicen que eso es lo que aportó la concesionaria al fideicomiso, eso es lo que se toma como base.

¿Usted o el Consejo de Concesiones tienen el informe de Deloitte?

-No, todos esos documentos están incautados en el Ministerio Público. A mí me parece absurdo que nosotros inventáramos los estados financieros. Nosotros no estamos por darle más recursos a la concesionaria o reconocer gastos que no se dieron; todo lo contrario, se ha hecho más bien un recorte de las pretensiones originales de OAS.

¿La firma Deloitte fue contratada por la empresa?

-¿Usted pone en duda la credibilidad de la firma Deloitte? ¿Usted cree que pudo haber habido una colusión entre Deloitte y Autopistas del Valle?

Yo nada más le pregunto si fue contratada por la empresa.

-Eso era algo que ellos tenían que hacer, no era voluntario, era parte del mecanismo de verificación de gastos. De todas maneras se hizo un control cruzado, no fue que simplemente se aceptaron los datos de Deloitte.

La ciudadanía tiene grandes dudas sobre el manejo del Gobierno en este proceso de negociación del finiquito del contrato.

-En parte esas reacciones nacen de una presentación inapropiada de la información. No hay ninguna razón para titular de esa manera el reportaje que ustedes hicieron, creando la duda si OAS pagó las expropiaciones. Es un problema de presentar la información de una manera que lleva a confusión.

Pero…

-La otra cosa es el tema de la destrucción de documentos del Centro de Conciliación de la Cámara de Arbitraje; yo no sé cual es el protocolo que ellos usan para eso. Los procedimientos están definidos en la ley, cubiertos en la confidencialidad que la ley obliga; si ellos tienen ese protocolo de destrucción de documentos es algo del procedimiento de ellos, nosotros no le pedimos a nadie hacerlo.

¿Existe alguna copia del expediente administrativo?

-Esas cosas ellos se las dejan; lo que hagan con eso yo no lo sé; los documentos quedan ahí para preservar la confidencialidad del proceso; ni siquiera ahora que terminó la conciliación nos podemos referir a los detalles de la negociación. Estamos vedados por ley de hacerlo, pero el resultado de ese acuerdo es público y ahí se refleja lo que pasó en las sesiones.

¿Por qué no se incluyó la auditoría de Deloitte de manera íntegra en el acuerdo final?

-Lo que pasa es que estos documentos no están disponibles, pero existen, ahí están. Es más, ustedes pueden ir a verlos al Ministerio Público.

No, la Fiscalía argumenta que solo las pueden consultar las partes involucradas.

-Bueno eso es parte del proceso judicial y tampoco nos pueden culpar por eso.

Ustedes como parte pueden acceder los documentos.

-Y es probable que vayamos a sacar la lista de las 34 expropiaciones y cuánto recibió cada una de las personas, porque tampoco hay ahí tal culebra de pelos.