Advierten que la violencia criminal tiene múltiples causas y la política criminal no es la única solución. 

La relación entre el desarrollo y la seguridad ciudadana, así como la discusión de algunos enfoques simplistas que se hacen en torno a la inseguridad figuraron entre los temas analizados en las dos mesas redondas finales del  foro Violencia, delito y desarrollo, clausurado el pasado 7 de julio en la Universidad de Costa Rica (UCR).

Lara Blanco, representante residente auxiliar del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Costa Rica, destacó que en ese organismo entienden que existe una relación de doble vía entre desarrollo humano y seguridad ciudadana. Sin seguridad no hay desarrollo humano y el problema de inseguridad ciudadana es posible resolverlo en el marco de la democracia y el estado de derecho (ver recuadro Más seguridad dentro del Estado de derecho).

El Foro fue organizado por la Comisión Especial Interdisciplinaria de la Rectoría de la UCR, con el coauspicio del PNUD y del Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

En la jornada final, Gilbert Armijo, magistrado de la Sala IV y profesor universitario; Eugenio Polanco, director de la Escuela de capacitación penitenciaria del Ministerio de Justicia; Douglas Durán, director de postgrado de Derecho Criminal en la Universidad Estatal a Distancia y la socióloga Montserrat Sagot, moderadora, analizaron el tema Capacidad institucional para enfrentar la inseguridad ciudadana: prevención y represión.

En una segunda mesa redonda, Javier Llobet, catedrático de Derecho Penal en la UCR; Jorge Vargas, director adjunto del Informe Estado de la Nación; Lara Blanco y la abogada Adriana Lander, moderadora, participaron en la mesa redonda Elementos para una política de desarrollo y seguridad ciudadana.

Eugenio Polanco llamó la atención acerca de que el delito no se resuelve metiendo más gente a la cárcel, ya que se trata de un fenómeno cultural, que además de los factores vinculados a la justicia penal, resulta de otros aspectos en los que se debe trabajar para bajar las tasas de criminalidad y de violencia.

Si eso no se comprende, se puede seguir encerrando gente en las cárceles, como en California, donde hay 800 presos por cada 100.000 habitantes y las prisiones están desbordadas.  A pesar de ello, el peligro sigue igual para los ciudadanos, señaló.

Ese punto fue señalado también por Durán, quien además mostró el aumento de la población carcelaria que se ha dado en Costa Rica, sin que corresponda a alguna baja de los índices de delincuencia, sino que al contrario, han aumentado en ese período.

Polanco, entre otras observaciones, apuntó que la clase política y los medios de comunicación venden a la ciudadanía una “sobreexposición” de eventos violentos y una falsa promesa de seguridad ciudadana con acciones represivas, como crear más y mayores penas.

Sin embargo, ese enfoque lejos de atender el problema lo empeora, al desviar la atención de las verdaderas causas del delito y de la violencia.

Es necesario entender que el papel de la policía, el poder judicial y las cárceles no es la prevención del fenómeno, sino que actúan a posteriori y por ello no tienen un papel significativo en la prevención. Seguir apuntando en esa dirección es un error, insistió Polanco, tras señalar que la solución va más bien por el lado de los procesos de socialización y educación para incorporar en la gente la cultura de la convivencia y apego a la ley.

Por su parte Armijo dijo que no le preocupa tanto cómo llevar a la gente a la cárcel, sino las causas que motivan que la gente llegue a la cárcel.

Criticó también que cada vez que se produce alarma por un hecho criminal aparece alguien con una propuesta de modificación criminal, con la falsa creencia que si se crea un nuevo tipo penal, desaparece la conducta desviada y el problema de criminalidad. Pero la cosa no es tan sencilla y “los que estamos en esto sabemos que las normas de conducta se respetan en tanto y cuanto la gente crea que debe respetarlas”, comentó.

Recordó que como quedó evidente en el foro, pese a un aumento de las penas que se ha dado en los últimos años, las tasas de delincuencia no han bajado y más bien han aumentado, particularmente a partir del 2008, coincidiendo con un aumento de la desigualdad social.
Los datos muestran que la delincuencia no solo afecta a los pobres, sino también a los que tienen más dinero, quienes han sido más afectados a través de los secuestros, homicidios, asaltos a sus casas y bajonazos. ¿Será ese el precio que estamos pagando por la nueva Costa Rica?, se preguntó Armijo.

Comentó que en la sociedad actual la regla parece ser sálvese quien pueda, lo que contrasta con la sociedad rural de hace 25 años, que nos diferenciaba tanto de otras sociedades de la región. Entonces había más paz, seguridad social y mayores oportunidades de ascenso social para los pobres.

Llamó la atención las diferencias en las tasas de delincuencia que hay en diversas comunidades del país. Mientras que en San José y Limón centro la tasa de homicidios es alta, hay cantones donde no hay o casi no hay homicidios. Esto lleva a preguntarse qué nos ha pasado que en algunos lugares del país el antivalor violencia comienza a ser más dominante que en otros.

Por su parte, Jorge Vargas señaló entre otros aspectos la importancia de tener un conocimiento adecuado de las causas de  la violencia y delito, porque a la larga podríamos estar  percibiendo la medicina equivocada a partir de un diagnóstico equivocado.

Tendríamos que preguntarnos por ejemplo, qué efecto tiene la disolución de las sociedades rurales y las crecientes aglomeraciones de población en grandes urbes, qué efecto tiene la cambiante estructura demográfica de las sociedades, la ampliación del peso de los jóvenes entre 15 y 45 años en el total de la población, quienes son los que cometen la mayoría de los delitos.

Javier Llobet señaló cómo en la pasada campaña se usaron “slogans” de mano dura contra la delincuencia, con tal de demostrar la relación con el combate a la delincuencia, fundamentalmente la delincuencia tradicional, dejando de la discusión de otros problemas nacionales económicos y sociales.

Advirtió que el país tiene uno de los mayores niveles de miedo al crimen, miedo que genera angustia y desvía la atención de los problemas económicos y sociales.

El delincuente común se convierte en el chivo expiatorio de los problemas económicos y sociales y no se pone atención, por ejemplo, a la delincuencia económica, que causa un daño social más grave.

Por eso es que algunos proponen la eliminación de los criterios de oportunidad por insignificancia, y las políticas de tolerancia cero pretenden eso precisamente.

Pero aunque se han aumentado las penas, se registra un aumento drástico de la cantidad de homicidios. La gran discusión es qué ha ocurrido en Costa Rica para que se de ese aumento. Las respuestas que se den a eso implicarán las soluciones que se puedan dar a esa problemática, que es compleja y multicausal, indicó, en coincidencia con otros expositores, que en el transcurso del foro abundaron en datos y experiencias de Costa Rica y otros países.

Hizo ver que un postulado fundamental para una mejor política criminal es una política social, aunque aun la mejor policía social no va a erradicar totalmente la criminalidad, sino que va a tratar de contenerla dentro de márgenes razonables.
“En Costa Rica la gran discusión debe ser si queremos mantener el estado social de derecho o no. Algunos proponen seguridad a cambio de libertad, pero la experiencia ha determinado que con estas propuestas se termina perdiendo ambas”, concluyó.

Más seguridad dentro del Estado de derecho

“Estamos convencidos que es posible construir una sociedad más segura si logramos atender esos factores de vulnerabilidad humana, y proteger de la violencia si logramos fortalecer los mecanismos colectivos de protección y la capacidad de las personas para activarlos”, dijo Lara Blanco.

Cada uno de estos cantones requerirá que la política se pueda adecuar a las condiciones que allí se dan. Por ello se está tratando de que pueda hacerse la “territorialización” de las políticas, que haya indicadores territoriales y financiamiento de las medidas que se decidan, apuntó.