Secretario de Comunicación del Ecuador, Fernando Alvarado “En Ecuador y en Latinoamérica la información ha sido más que tratada, muy maltratada por los medios”. (Foto: Katya Alvarado)
El Secretario de Comunicación del Ecuador, Fernando Alvarado, estuvo en visita privada de tres días, se reunió con directivos del Colegio de Periodistas, vacacionó en Guanacaste y se entrevistó con periodistas del Semanario UNIVERSIDAD, el 18 de agosto.
Alvarado fue uno de los principales impulsores de la Ley Orgánica de Comunicación, aprobada por el Congreso ecuatoriano en junio de 2013, una legislación que, por un lado, procura democratizar el acceso a los medios de comunicación y disminuir la concentración en pocas manos privadas, pero que también crea normas que intervienen en la indepencia periodística.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos advirtió en su momento que la legislación asignaba al Estado el papel de velar por la calidad periodística y creaba normas que serían incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos, al obligar al cumplimiento de condicionamientos que no están en ese instrumento internacional.
Según la Relatoría, la Ley incluye “decenas de obligaciones relacionadas con la forma como (los medios) deben presentar los contenidos; la prohibición de omitir o dejar de publicar información que las autoridades consideren de interés público; la obligación de circular exclusivamente información ‘verificada, contrastada, precisa y contextualizada’; y de que las opiniones no ofendan la honra de las personas o colectivos”, entre muchos otros requrimientos sujetos a sanciones.
El siguiente es un extracto de esa entrevista con UNIVERSIDAD.
Su Gobierno ha impulsado un esfuerzo importante y explícito para democratizar la comunicación en Ecuador. ¿Qué resultados han obtenido?
– Ha sido un proceso de siete años de trabajo. Lo primero que hicimos fue tejer una red de pequeños y medianos medios de comunicación. No existía un sistema comunicación directa con la sociedad, la comunicación oficial siempre era filtrada por los medios corporativos.
Se reforzó la Secretaría de Comunicación, desarrollamos un portal que registra un flujo constante de información y visitas. Cada 15 días se imprime El Ciudadano, con 100 mil ejemplares. Está la red de radios «Habla Ecuador», con más de 200 emisoras en todo el país.
El programa estrella es «Enlace Ciudadano», se transmite todos los sábados a través de las radios y canales de televisión pequeños y grandes que se juntan en el espacio de tres horas y media que el presidente Correa tiene para interactuar con la gente de todo el país.
¿Cómo era la “ecología” mediática que encontraron al llegar al gobierno?
– Eran medios muy grandes en manos de pocos grupos que empezaron a desplegar contra el gobierno el poder que siempre han tenido.
Ustedes se plantearon democratizar el acceso a los medios para que haya más acceso de otros sectores. ¿Cuáles son los resultados?
– Nosotros heredamos la Ley de Radio y Televisión de la dictadura. Hicimos una auditoría y descubrimos que el 70% de las frecuencias se otorgaron en forma ilegítima y un porcentaje fueron cedidas de manera ilegal.
Se empezaron a revertir las frecuencias ilegales, el caso de una persona que por capacidad económica tenía 80 frecuencias nacionales mientras que grupos sociales que querían una para ejercer su derecho a la comunicación no tenían oportunidad.
¿En la práctica, cómo ha impactado esta ley?
La Ley se aprobó hace un año y tenemos una realidad diferente. Esta Ley hizo reservas que establecen que el uso del espectro radioeléctrico debe ser compartido en un 33% de las frecuencias para la empresa privada, 33% para medios públicos o institucionales y el 34% para medios comunitarios.
En octubre salen los primeros concursos. Ahí va a iniciar la redistribución de frecuencias..
Hay otros elementos en la ley que han merecido la crítica de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA y es lo que se refiere a regulación de contenidos.
– ¿Cuál es ese contenido?
Por ejemplo, el artículo 22 dice: “Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa, contextualizada”. Esto interviene en la independencia editorial de los medios. ¿Por qué esa necesidad de introducir estos adjetivos para calificar el contenidos de la información?
– En Ecuador y en Latinoamérica la información ha sido más que tratada, muy maltratada por los medios. Le pongo un ejemplo, un editorialista escribió, no sabemos por qué ni de qué fuente sacó la información, que la dolarización en el país se iba a acabar. Esa información no era verificada, ni contrastada ni contextualizada y tampoco era oportuna, era una información falsa. Eso es lo que se busca prevenir.
Los delitos de difamación, injuria o calumnia ya existen en el código penal de Ecuador. ¿Por qué crearon normas que se pueden interpretar como mecanismos de control de la información?
– En el sistema de justicia ecuatoriano hay dos cosas muy complicadas antes de que un juez pueda juzgar un caso. La una, es que los jueces tienen temor a los medios y van a juzgar, y es probable que su dictamen vaya a salir favorable a los medios.
¿Qué hace la ley de comunicación actual? Tiene dos instancias. La una es que el Consejo de regulación, control y desarrollo de la comunicación estudia un caso de afectación de un derecho por parte de un medio de comunicación o de un periodista y si determina que hay afectación pide al medio que rectifique y resarza el daño. Si el medio se niega va a la Superintendencia de Comunicación, para que el juez aplique la ley conforme al caso. Si no rectifica le aplica una multa, si rechaza la medida, pasa a la vía penal.
Pero lo que transcendió internacionalmente, usted me corrige si no es así, es que quien ha hecho uso de ese recurso no es la ciudadanía sino el gobierno, el presidente de la República.
– Esa es la gran mentira. La realidad es que en este año, desde que se aprobó la ley, se han presentado 80 casos de ciudadanos que se han acogido y resuelto por este mecanismo. El Consejo inclusive ha aplicado esta medida a algunas piezas del gobierno. Y ha pedido que retire la pieza y rectifique, y el gobierno lo ha hecho. La ley es para todos.
En el 2012 hubo, por ejemplo, un caso contra el diario El Universo y otro contra los autores de un libro que cuestionaba al presidente Correa. En ambos se dictaron sanciones hasta por $40 millones. Sobre estos casos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha criticado la desproporcionalidad de esas sanciones. ¿Qué sentido tiene para un gobierno impulsar una condena, así sea desde una instancia civil, contra un medio de comunicación por $40 millones, o $10 millones contra un par de periodistas que viven de su salario.
– El gobierno puso en la balanza: la verdad y el futuro versus el desgaste político nacional e internacional. El desgaste político nacional e internacional nunca pesó más que la verdad y la transparencia. El día que se decidió juzgar a El Universo, en una reunión el presidente comunicó su interés de llevarlo a juicio, hubo personas que no estaban de acuerdo porque medían el peso de ese desgaste político, otros dijimos ‘no, la verdad y el respeto por la persona a futuro es más importante que lo otro’. Hay que pelear por aclarar la verdad.
Sí, pero ese efecto de aclarar la verdad se logra igual con una condena por $6000 que con una por $40 millones.
– En el momento en que se decide ir al proceso, el presidente Correa dijo: jamás tocaremos el dinero y tampoco va a ir nadie preso. Sobre el monto debo aclararle que no lo decide uno, el monto lo decide el juez, no depende de uno.
Logramos el objetivo que fue dejar claro que este tipo mentía y que el presidente era inocente. (Finalmente, el presidente Correa perdonó a los periodistas y medios condenados).
A raíz de algunos artículos de esa ley, los medios de oposición han señalado al Gobierno la intención de amedrentar a la gente.
– Lo mismo le puedo decir de la Ley Penal, que amedrenta a los delincuentes. La ley está para eso, eso es nuestro sistema institucionalizado. Todos los ciudadanos tenemos derecho a utilizar las herramientas que nos da la sociedad y tenemos el derecho de defendernos, por más presidentes que seamos. Defenderse no es amedrentar a nadie y menos a alguien que tiene un poder enorme en la sociedad, como son los grandes medios de comunicación.
Resultados podemos mostrar muchos, tenemos muchas mentiras comprobadas irrefutablemente, lo que nos ha servido para que disminuya el número de mentiras probadas de la prensa.
