A pesar de las muchas anomalías nuevas y antiguas que se han destapado a raíz de la intervención en Judesur, la Fiscalía Adjunta de Probidad y Transparencia rechazó la solicitud de allanamiento y secuestro de expedientes en esa entidad, solicitado el 8 de setiembre.
Según la nota de solicitud, la Junta Interventora fue alertada por el auditor interno de Judesur, sobre el movimiento de expedientes y computadoras fuera de las oficinas, y con la complacencia de la anterior directora ejecutiva.
La Junta solicitó a la Dirección de Seguridad del Banco Nacional (con el que comparten las oficinas en Golfito) los videos de vigilancia de la puerta principal de Judesur los días 1, 2 y 3 de setiembre.
“(…) funcionarios de Judesur procedieron a sacar documentos, bolsas negras pesadas, cajas y equipo de cómputo, los cuales se trasladan en vehículos oficiales de Judesur. Esto consta claramente en los videos que se aportan como prueba”, dice la solicitud a la Fiscalía.
En la nota se detalla, con hora y fecha, cómo en los videos se puede observar a un chofer y a un promotor de Judesur cargando las bolsas, cajas con documentos y equipos de cómputo de las oficinas centrales de la institución.
“Hemos recibido un informe de parte del Auditor Interno de Judesur, en donde se nos señala que en días recientes han sido retirados expedientes fuera de horario laboral y fines de semana, y con permiso de la Directora Ejecutiva. Se adjunta copia de ambos oficios”, indicó la Junta Interventora.
No obstante las pruebas remitidas, las integrantes de la Junta, María Isabel Bonilla y María José Zamora, indicaron que la Fiscalía alegó “falta de pruebas”, al rechazar la solicitud de allanamiento.
Las funcionarias temen que otras irregularidades en Judesur no puedan ser documentadas, si no se resguardan los documentos.
UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio del presidente de la Junta Directiva de Judesur, Jorge Jiménez, quien solicitó que las preguntas le fueran enviadas por correo electrónico. Sin embargo, al cierre de esta edición (martes 7) no había remitido sus respuestas.
Directivos cuestionados
Jorge Jiménez, presidente de la junta directiva de Judesur, tiene una denuncia por incumplimiento de deberes en la Fiscalía de Golfito. (Foto: Fabián Hernández)
En la siguiente lista se detallan los cuestionamientos que hace la Junta Interventora del Gobierno a integrantes de la junta directiva de Judesur, según las denuncias planteadas ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción; la Contraloría General de la República; y la Procuraduría de la Ética Pública.
Jorge Luis Jiménez Sánchez: Presidente de la directiva de Judesur, y designado por la Municipalidad de Corredores. A Jiménez la Junta Interventora lo acusa por adeudar sumas de dinero correspondientes a dietas canceladas “producto de sesiones infructuosas, con base en informes de la auditoría interna. También se le cuestiona el formar parte como funcionario activo de la Asada (Asociación Administradora del Acueducto) San Jorge, en Paso Canoas, cuando a esa entidad se le han otorgado recursos no reembolsables de Judesur, lo que sería contrario a los procedimientos internos.
Además se detalla que existe contra Jiménez una denuncia penal por incumplimiento de deberes, según consta en el expediente 12-000-123-0621 de la Fiscalía de Golfito, pues en apariencia permitió la sustracción de bienes de Judesur. Se le señala también por tener un arreglo de pago por sus deudas de ₡728.000 con Judesur, con una cuota mensual de ₡10.000, a 73 meses plazo y sin intereses, pese a lo cual tampoco estaría al día con sus pagos.
Enoc Rugama Morales: Representante de la Municipalidad de Osa. La Junta lo señala por adeudar dinero por concepto de dietas canceladas, producto de sesiones infructuosas. También fue señalado en la misma denuncia penal, por incumplimiento de deberes, caso que está en la Fiscalía de Golfito. Rugama adeuda ₡362.000, con una cuota mensual de ₡10.000, a 36 meses plazo y sin intereses.
Odiligia Leiva Mora: Representa a la Municipalidad de Osa. La Junta pide que se determine si existe incompatibilidad de su cargo en Judesur, con su puesto como profesora en el Ministerio de Educación Pública.
Raybert Vázquez Barrios: Este directivo tiene una denuncia penal en su contra por aparentes incumplimientos de deberes en sus funciones en la Municipalidad de Golfito; además ocupa un puesto como jefe de Recursos Humanos en ese municipio, que podría ser incompatible con su cargo en Judesur.
Óscar Alvarado Alpízar: Representa al Movimiento Cooperativo y es gerente de Coopeguaycará, cooperativa que le adeuda a Judesur casi ₡10 millones. También se señala que su hijo –quien es médico− tiene una deuda pendiente de ₡14 millones, por una beca reembolsable en Judesur, de la cual el directivo es fiador.
Rafael Ángel Navarro Umaña: Representante de Coto Brus. La Junta señala que tiene deudas por concepto de dietas canceladas, producto de sesiones sin quórum en Judesur; además es miembro de la Federación de Municipalidades de la Zona Sur. Como alcalde de Coto Brus su cargo podría ser incompatible con el nombramiento en Judesur.