Incumplimientos propician violencia en Salitre

En julio, un centenar de finqueros y peones bloquearon el acceso al territorio indígena de Salitre, donde además quemaron ranchos y expulsaron a indígenas

En julio, un centenar de finqueros y peones bloquearon el acceso al territorio indígena de Salitre, donde además quemaron ranchos y expulsaron a indígenas de tierras recuperadas. (Foto: David Bolaños)

Uno de los compromisos obtenidos en julio pasado, durante la mesa de diálogo con la intermediación del Gobierno para el cese de hostilidades entre indígenas bribris de Salitre y finqueros de Buenos Aires de Puntarenas, fue respetar la ocupación de las fincas tal y como se encontraban en ese momento, lo que implicaba que las tierras recuperadas por los indígenas seguirían así.

La promesa vino acompañada por una propuesta para la construcción de un puesto policial para el resguardo de la seguridad en la comunidad indígena de Salitre, un territorio de 11.700 hectáreas, cuyas tierras –y las de otros territorios indígenas− por ley tienen como único dueño a las comunidades originarias que las habitan.

A cuatro meses del acuerdo, los pobladores reclaman que no hay vestigios de puestos de seguridad y porque en al menos tres ocasiones, más familias indígenas han sido expulsadas de sus fincas.

“Los acuerdos que firmamos nunca se han cumplido por parte de la otra parte; nosotros respetamos nuestra palabra, pero ellos no lo hacen, y hasta este momento el Gobierno no se ha pronunciado”, manifestó Roxana Figueroa, vecina de la mencionada comunidad.

En poco más de dos meses, tres actos de violencia en contra de los indígenas se han perpetrado. A finales del mes de setiembre, un rancho fue quemado en Río Azul de Salitre.

También, la mañana del miércoles 19 de noviembre un grupo de hombres armados ingresó a la finca en posesión de Camelia Ortiz y su familia, ubicada en La Fortuna de Salitre. En la propiedad se encontraban Ortiz, su hermana, un hombre que no ha sido identificado, y ocho niños.

El asalto al inmueble fue efectuado por un finquero de la zona, identificado con el apellido Gómez, según el relato de Roxana Figueroa, quien asegura que Ortiz y su familia debieron huir a la montaña, luego de una serie de amenazas que se materializaron en la quema del rancho construido por los indígenas.

El último episodio de violencia en contra de los indígenas ocurrió en la zona conocida como Las Rosas, la noche del domingo 23, cuando un grupo armado de finqueros echó de su propiedad al indígena Santos Ortiz.

Las propiedades fueron ocupadas a mitad de año, como parte de un proceso de recuperación de las tierras por parte de los indígenas. Pero, el costo de esta reivindicación ha sido alto y cada vez más impagable para esta población originaria, que no encuentra una respuesta  al problema de la usurpación de sus espacios ancestrales.

La dirigencia de la comunidad bribri estima que cerca del 40% de sus propiedades son ocupadas por no indígenas, y por eso promueven un proceso activo de recuperación.

El ímpetu de los indígenas encuentra resistencia en finqueros y peones, que no cederán las tierras sin dar pelea, a pesar de que la ley Indígena de 1977 es clara en que las comunidades indígenas son “inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas de las comunidades indígenas que las habitan”.

DEFENSORÍA PIDE CUENTAS

Casi cinco meses después, el puesto policial no ha sido construido y nuevamente una familia indígena fue desalojada de una propiedad recuperada.

Lo anterior motivó una carta de la jerarca de la Defensoría de los Habitantes, Montserrat Solano, a la viceministra de Asuntos Políticos, Ana Gabriel Zúñiga, en la cual solicita un informe sobre el avance de los compromisos del Ejecutivo.

La Defensora asegura que tras una visita realizada a finales de octubre, “constató que no hay puesto de seguridad, ni control de ingreso o salida del territorio y tampoco patrullaje”.

“Lamentablemente hay tensión en el lugar, lo que hace necesaria la presencia de policías”, advirtió Solano.

En lo que va del año, la estadística de enfrentamientos entre indígenas y finqueros sigue en aumento, como si la violencia fuera parte de la cotidianidad. Una misión de la Defensoría viajó este lunes 24 a Salitre, con el objetivo de atender las denuncias de agresiones en contra de indígenas.

En julio pasado, el Gobierno –representado por la viceministra de Asuntos Políticos, Ana Gabriel Zúñiga− concluyó que toda aquella persona no indígena debía desocupar Salitre. Pero, cuatro meses después de esta aseveración  aún hay allí presencia de finqueros.

La última invasión a una de las fincas recuperadas no provocó reacción en la Casa Presidencial. Se llamó a la viceministra Zúñiga, pero no atendió su teléfono, mientras que su asistente, José Ricardo Sánchez, prometió una respuesta que no se dio.

Por su parte, el asesor de temas indígenas de la presidencia, Geyner Blanco, al ser consultado por UNIVERSIDAD solicitó que se le llamara dos horas después. Pese a los nuevos intentos, no hubo respuesta. “Creo que se está preparando un documento sobre esa situación”, fue la única respuesta oficial por parte de Blanco. Dicho documento aún no se conoce.


El líder de la recuperación está en la cárcel

Sergio Rojas, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre, guarda prisión desde el pasado 6 de noviembre.

El dirigente comunal fue detenido por la Fiscalía durante una serie de 10 allanamientos, que se efectuaron como parte de la investigación para aclarar el uso dado a ¢75 millones y $900.000 provenientes del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), que debían utilizarse para preservar el ambiente.

Desde entonces, Rojas está detenido en Buenos Aires de Puntarenas y se le impuso una fianza de ¢30 millones.

El pasado viernes 21 de noviembre se realizó una audiencia, en donde la defensora pública Natalia Tencio pidió al Juzgado la liberación de Rojas, pero la medida de prisión se mantuvo.

Gustavo Cabrera, coordinador nacional del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), considera que el juzgamiento de Rojas se hace de espaldas a lo que dicta la normativa en materia de derechos indígenas.

A pesar de las denuncias en contra de Sergio Rojas, la comunidad indígena de Salitre lo apoya.  “Nosotros catalogamos esto como persecución y sabemos que no está preso por lo del dinero, sino para que la comunidad no haga más recuperaciones de territorio”, aseveró la vecina de Salitre, Roxana Figueroa.

El miércoles 19 de noviembre, un grupo de estudiantes universitarios −provenientes de comunidades indígenas del sur del país− tomó durante gran parte del día el quinto piso del edificio de tribunales en San José, en donde se ubica la Fiscalía de Asuntos Indígenas, para pedir la liberación de Rojas.

Uno de los jóvenes que participó en la acción, Byron Reyes, afirmó  que “los blancos están celebrando en el territorio de Salitre, porque con la detención de Sergio se interrumpen las recuperaciones de tierras, y por eso creemos que es un montaje para sacarlo de la Asociación Indígena”.

Por su parte, Paolo Nájera criticó que “no se detienen a los agresores del pueblo bribrí,  pero sí a Rojas, quien impulsa el proceso de recuperación de tierras”.

La defensa ahora podrá solicitar una disminución de la fianza impuesta a Rojas, y esperar hasta tres meses para pedir una revisión de la medida impuesta.


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