Se ha generado una gran pugna en torno a la propuesta de ley sobre el mercado del gas, tras las muertes causadas por explosiones de ese combustible. (Foto: Katya Alvarado)

La polémica en torno a la discusión en la Asamblea Legislativa del proyecto de “Ley marco del mercado de gas licuado de petróleo (GLP)” ha sacado a relucir intereses detrás del envasado y venta de ese combustible de uso en la cocina, que representa un creciente negocio de más de $200 millones (¢100.000 millones).

En los medios de información, más que el fondo del proyecto, lo que ha acaparado la atención es el enfrentamiento surgido entre René Castro, Ministro de Ambiente y Energía (Minae), y Víctor Hugo Víquez, diputado del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos donde se tramita el proyecto, debido al cruce de acusaciones de supuesto favorecimiento a empresas de gas.

El tema de la regulación del negocio del gas cobró mayor relevancia tras las sucesivas muertes que han enlutado a varias familias costarricenses por accidentes con gas, atribuidos al mal estado de los envases y de las instalaciones donde se usa el gas, y a un inadecuado control por parte del Estado de las normas de seguridad para esta industria.

Al calor de la polémica con el jerarca del Minae, Víquez presentó ante la Corte Suprema de Justicia una querella contra Castro por difamación, luego que este lo tildara públicamente de «mercenario político».

El ministro René Castro achacó al diputado liberacionista Víctor Hugo Víquez dedicar “tiempo y esfuerzo” para favorecer a empresas gaseras. (Foto: archivo)

Esto después que el legislador liberacionista −en una carta dirigida a la presidenta Laura Chinchilla y acompañada con la firma de 40 diputados−, exigió una retractación de Castro. El ministro, por el contrario, insistió en señalar al diputado durante una comparecencia legislativa realizada el pasado martes 3, en la que entregó a los miembros de la  Comisión de Económicos dos carpetas con copia de documentación del Minae, con nombres de los interesados en el negocio del gas (ver recuadro).

El diputado Víctor Hugo Víquez querelló al ministro René Castro, por llamarlo mercenario político. (Foto: archivo)

Víquez, que se abstuvo de hacer preguntas al compareciente, declaró luego a la prensa que el ministro no llevó nada nuevo e hizo el “ridículo”. Dijo no tener “nada que ver” con Tomza, aunque sí ha recibido a los abogados, pero igual ha hablado con los de otras empresas y sectores.

“Mi único interés en el proyecto de ley del gas GLP es brindarle seguridad al consumidor”, sostuvo Víquez.  Recordó que lleva dos años tramitando el proyecto por iniciativa del Poder Ejecutivo, trabajo que se lo ha tomado con mucha responsabilidad, incluso incorporando consejos del Minae, por lo que “no se vale que hoy vengan  a decir que yo tengo interés en defender empresas gaseras”.

El enfrentamiento generó preocupación en el Poder Ejecutivo, y Víquez admitió que el ministro de Comunicación, Carlos Roverssi, le solicitó bajar el tono a la discusión. “La cosa se extralimitó, los temas se salieron de lo normal y esto perjudica el accionar de todo”, expresó el diputado, dando a entender que habrá una moderación.

SEGURIDAD

Víquez insistió en que el llenado universal –permitir a las envasadoras llenar cilindros de cualquier marca y no solo los suyos− es seguro y que el proyecto es apoyado en un 95% por el Minae.

Por su parte, Castro dijo que el proyecto resuelve muchos vacíos de la regulación actual, pero no resuelve el tema fundamental de la seguridad del usuario y de la responsabilidad de las empresas. Por el contrario le traslada la responsabilidad al Estado, que debe crear un sistema de inspección, verificación y control de todo el proceso, para el cual el Minae no tiene los recursos. Además, el modelo no permite establecer la responsabilidad por faltas de los distintos actores de la cadena de envasado y comercialización del gas, lo que solo es posible lograr en un mercado segmentado por marcas, como el actual.

Castro comentó que los países de la región que tienen llenado universal, son los que tienen el parque de cilindros en peor estado, y por los malos resultados, países como Colombia han vuelto al sistema de segmentado del mercado por marca.

El llenado universal no beneficia a nadie a largo plazo −por el deterioro del parque−, y a corto plazo beneficiaría a Gas Tomza y Petrogás, que son las que tienen menos participación en el mercado, señaló.

El gas licuado es una sustancia peligrosa y por eso su manejo en todas las  etapas de la cadena de comercialización −que incluye el almacenamiento, envase, transporte, la distribución al consumidor final y su uso− debe hacerse siguiendo las más estrictas normas de seguridad. Ese el único interés del Minae al señalar preocupaciones sobre algunos aspectos de la propuesta en estudio, que ponen en riesgo la seguridad del usuario y la colectividad, afirmó.

Diputados de oposición que analizan el proyecto, insistieron que la seguridad del usuario es el asunto central en la discusión. En ese sentido, Manrique Oviedo (Partido Acción Ciudadana) sostuvo que el llenado universal no garantiza la seguridad, pues no permite establecer las eventuales responsabilidades en las diferentes etapas de la cadena de comercialización.

Quince costarricenses murieron del 2005 a la fecha por accidentes de gas, y quién sabe cuántos más van a morir sin que se puedan sentar las responsabilidades por el manejo inadecuado del gas licuado, advirtió  Oviedo.

Por el contrario, Juan Carlos Mendoza, otro diputado del PAC y miembro de la mencionada Comisión, consideró que ambos sistemas tiene “pros y contras”, por lo que es necesario aún “desatar nudos” en la discusión, para encontrar  la mejor solución técnica.

“Aquí hay muchos intereses económicos de por medio. Hay fuerzas que están pugnando por un método o por el otro, y sin duda hay un interés muy claro en un mercado que es muy importante económicamente”, hizo ver.

Interesados en el gas*

La documentación entregada por el ministro René Castro a los diputados, incluyó  un listado de personas y empresas interesadas en el gas GLP, y otra lista de personas y empresas interesadas o que han hecho consultas al Minae sobre el gas natural, que es distinto y que no se explota en Costa Rica, aunque tiene “un gran potencial”, anotó Castro.

Entre los interesados en el gas LPG –mercado de $200 millones anuales, dijo Castro−, el ministro identificó a Víquez y Óscar Núñez, exdiputado del PLN, como personas que han hecho gestiones por Gas Tomza, empresa mexicana presente en el negocio de LPG en Costa Rica, junto a las envasadoras Petrogás, Solgás, Supergás  y Gaz Zeta, dominante en el mercado.

Castro aportó copia de un correo electrónico enviado por Víquez a varios diputados, con el logo del bufete de abogados Zürcher, Odio y Raven, en el que el legislador resalta “la importancia” del proyecto de ley en discusión. Otro documento muestra listas de asistencia  a reuniones de empresas de gas con funcionarios del Minae, donde un representante de dicho bufete firma por Gas Tomza.

El ministro también mostró una publicación de un periódico herediano, que vincula a Víquez con la entrega de cocinas de gas de una marca del Grupo Tomza −en el cantón de Flores, Heredia−, a cambio del voto para Gerardo Rojas, candidato a alcalde del PLN en las pasadas elecciones.

En cuanto a los interesados en el gas natural, el ministro mencionó al mismo Víquez, así como al exministro de Ambiente en la pasada administración, Roberto Dobles, ambos como personas que han consultado sobre gas natural.

Castro leyó correos que le dirigió Víquez, en los que este le pregunta −a propósito de empresarios extranjeros que lo han contactado, interesados en invertir− si el Gobierno piensa abrir el mercado del gas natural.

*Fuente: Comparecencia de René Castro ante la Comisión de Económicos.