El economista Juan Manuel Villasuso criticó el plan tributario propuesto por el Gobierno, aunque reconoció que la carga tributaria que mantiene Costa Rica es baja para todo lo que la ciudadanía espera del Estado.
Entre otras cosas, la propuesta presentada ante la Asamblea Legislativa por Fernando Herrero, ministro de Hacienda, implica un impuesto de valor agregado (IVA) del 14%, que abarcaría una serie de servicios como la salud y medicina privadas, además de un replanteamiento de los productos de la canasta básica.
Villasuso, quien dirige el Programa Sociedad de la Información y Conocimiento (PROSIC) de la Universidad de Costa Rica, afirmó que el déficit fiscal es sostenible y por ello cuestionó la necesidad de la reforma tributaria que busca el gobierno de Laura Chinchilla.
El Gobierno ha dicho que la recesión del 2009 generó una baja sensible en los ingresos del Estado e incidió en un mayor gasto. ¿Hasta qué punto la magnitud del actual déficit fiscal se puede justificar en esos términos?
-La materia fiscal tiene una dimensión ideológica, que tiene que ver con qué es lo que se quiere que hagan el Estado y el mercado. De ahí la posición sobre cuántos recursos requiere el Estado. También hay una dimensión ética, que tiene que ver con quién debe pagar los impuestos, a partir de cuáles mecanismos y si se gravan solo los ingresos o también la riqueza.
Algunos creemos que lo fiscal es un instrumento de política económica y, por lo tanto, el déficit o superávit no son malos en sí mismos, sino que dependen del momento del ciclo económico. Cuando la economía está deprimida, el Estado debe gastar más para ayudar a la macroeconomía a recuperarse. La posición contraria es buscar siempre el equilibrio fiscal sin importar en qué parte del ciclo económico se esté, lo cual profundiza los ciclos tanto de expansión como de contracción.
Desde el punto de vista de la macroeconomía, un déficit del 5.2% no es exagerado para la situación actual. Aumentar los impuestos en este momento podría ser negativo para la reactivación económica, pues la economía costarricense aún no se ha recuperado de la crisis y reducir el déficit fiscal será contraproducente, ya que prolongará el proceso de recuperación, no se generará empleo suficiente y no habrá inversión pública, y por lo tanto, el sector público no generará el dinamismo necesario para el crecimiento. Costa Rica perfectamente podría estar uno o dos años más con un déficit de alrededor del 5% y nada pasa. Eso permitiría que la economía pudiera recuperarse y generar empleo.
¿Qué opinión le merece el hecho de que el ministro Fernando Herrero insista en que el 60% de su propuesta recae en el 20% más rico de la población?
-Eso es absolutamente falso; el impuesto de venta no recae sobre el que más consume. El rico destina una menor parte de sus ingresos al consumo que lo que destina un pobre, que gasta prácticamente todo su ingreso en consumo, mientras el rico acumula. Es entonces absolutamente falso que se les cobra más a las personas de altos ingresos que a las de bajos.
El Gobierno busca aumentar la carga tributaria en un 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que según algunos economistas es coincidente con lo que se pierde por la evasión fiscal. ¿Se han emprendido medidas eficientes para atender ese problema?
-El problema de la evasión es que nadie sabe cuánto es. Si se pudiera determinar el monto de la evasión, sabríamos quién evade y se le podría cobrar. No sabemos cuánto es la evasión al impuesto de renta ni al de ventas. Las fuentes de evasión son múltiples y no tenemos mecanismos, supervisión, ni acciones adecuadas para esto. Se deben establecer medidas severas que impliquen hasta la cárcel o cierre de negocios, además de educación ciudadana.
La ampliación del IVA incluirá servicios como la salud y medicina privadas. ¿Coincide con el criterio de que con la reforma tributaria la más castigada será la clase media?
-Es evidente que esas actividades son consumidas fundamentalmente por la clase media, sobre la cual tendrá un mayor efecto una ampliación del impuesto de venta. Para ese sector, el impuesto representará un porcentaje mayor del ingreso que para la clase alta.
El gran problema de los impuestos regresivos, como el IVA, es que como el porcentaje es fijo sobre un precio determinado, su pago proporcional es mayor o menor según el nivel de ingreso. Es decir, si su ingreso es de ¢500.000, pagar digamos ¢15.000 por concepto de IVA por algún servicio, representará un esfuerzo mayor para usted que para una persona que gane ¢5.000.000.
¿Cuáles serán las consecuencias de aprobar la propuesta tributaria del Gobierno?
-Un efecto negativo sobre la distribución del ingreso.
¿El país meterá aún más el acelerador en el crecimiento de la desigualdad?
-Exactamente. En este momento la reforma fiscal es inoportuna, la economía no se ha recuperado, el índice mensual de actividad económica (IMAE) sigue disminuyendo, la inversión privada no aumenta, las exportaciones no retoman su ritmo de crecimiento, no aumenta significativamente la entrada de capitales de inversión productiva; entonces no son circunstancias en las cuales el Estado pueda echar para atrás reduciendo el gasto o quitándole poder adquisitivo a los hogares. Todo ello no quiere decir que Costa Rica no requiera una reforma fiscal, sino que está planteada básicamente para reducir el déficit y de una manera que tendrá efectos regresivos que ampliarán la brecha social.
¿Cómo debería ser una reforma tributaria en un contexto de mayor recuperación económica?
-Desde el punto de vista ideológico, la carga tributaria que tenemos en un país como Costa Rica -con su historia y con lo que en general se desea que el Estado haga- es baja. Fundamentalmente se debe aumentar el impuesto de renta en vez de aumentar el de venta, sin tocar básicamente renta, como lo busca el Gobierno.
La carga impositiva debería aumentarse a un 16% o 17% por la vía de aumentar el impuesto de renta y convertirlo en renta mundial y global; además debe establecerse el impuesto al patrimonio; es decir, se trata no sólo de que quienes más ganan paguen, sino de que quienes más tienen paguen. Se trata de que la persona que tiene grandes ingresos y riqueza, como grandes extensiones de tierra o bienes raíces, pague por ellas. También soy partidario de los impuestos sobre las transacciones financieras, que es un sector que a lo largo de los años ha disfrutado de una serie de beneficios fiscales.
Entonces hay toda una veta de opciones progresivas que no se buscan, sino que se busca la opción regresiva del IVA.
-Exactamente, hay una lista de impuestos directos, además del de la renta.
¿Qué tan difícil es hacer que contribuyan los sectores beneficiados con los incentivos para la inversión extranjera?
-Se deben ofrecer incentivos cuando una actividad empieza, de manera que se exonere por un periodo determinado, luego del cual empiezan a pagar. Hay que evitar lo que llaman la carrera hacia el fondo: los países ofrecen beneficios y prebendas a la inversión extranjera y comienza una carrera para ver quién ofrece más beneficios fiscales; se renuncia a cobrar impuestos y el beneficiado es la misma inversión extranjera, que no contribuye en nada o prácticamente en nada. Las exoneraciones en el marco del régimen de zonas francas para empresas que producen bienes, tienen un plazo de vencimiento de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC).
¿Se puede decir que esta reforma tributaria está confeccionada a la medida de las clases altas?
-Esta reforma perjudica más a las clases de ingresos medios y bajos que a la de ingresos altos. Es algo que se hace en nombre de reducir el déficit fiscal, porque se considera una virtud el equilibrio fiscal y ese es el gran problema. El equilibrio fiscal como concepto es absurdo.
Todos los analistas coinciden en que no es cierto que la propuesta del Gobierno pese más sobre los sectores de mayores ingresos. ¿Por qué no lo ve así la propia administración Chinchilla?
-Porque el Gobierno no va a reconocer que hace una propuesta regresiva.
¿Alevosía?
– (Se encoge de hombros).