“La prisión preventiva es inaudita”

El dirigente social Orlando Barrantes e Iván Angulo Vargas, regidor municipal de Pococí, fueron condenados el pasado 16 de setiembre a 12 años de cárcel, bajo el cargo de secuestro extorsivo en el año 2000 y se les dieron seis meses de prisión preventiva hasta que la sentencia quede en firme, acto que Barrantes consideró como una situación inaudita.

Ambos imputados han sido expuestos a tres juicios desde hace quince años, pues en el 2000 siendo dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores (Conatrab) –organización que agrupaba a los trabajadores bananeros afectados por el Nemagón− el sindicato bloqueó la ruta 32 porque el gobierno no resolvía sus demandas.

Hubo enfrentamientos entre los campesinos y la policía, y los manifestantes secuestraron a oficiales de la Fuerza Pública, los ataron a un camión cisterna. A Barrantes y Angulo se les ha acusado todo este tiempo de ser responsables de influir en los participantes para que ejecutaran este acto.

Sin embargo, en una entrevista brindada a Canal 13, Barrantes y Angulo fueron enfáticos en que ha quedado demostrado en todos los procesos que ellos no tuvieron nada que ver con las acciones de los manifestantes y que la prisión preventiva es inaudita y un atropello, dado que ellos han estado presentes en todos los procesos seguidos en su contra.

“He sido sometido a un aberrante proceso judicial, me negaron −a mitad del proceso− contratar mi propia defensa y lo vamos a demostrar; el tribunal penal que me condenó estuvo conformado por una secretaria administrativa que se acaba de graduar de abogada y no tiene ninguna experiencia legal, por una jueza que tiene una plaza de fiscal, y el presidente del tribunal que es un juez agrario. Dado que nuestro caso lleva 15 años y es conocido como un trámite complejo, los que nos juzguen deben ser especialistas en materia penal”, manifestó Barrantes en un comunicado.

Este fallo emitido por un tribunal de Pococí ha generado una fuerte reacción entre diferentes organizaciones sindicales, sociales y ciertos partidos políticos, que han catalogado las acciones del gobierno y la justicia costarricense como una verdadera criminalización de la protesta social.

Incluso diputados de partidos de distintas ideologías han emprendido una lucha por apoyar a los sentenciados, como es el caso del diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Gerardo Vargas, del Frente Amplio, quienes presentaron un recurso de hábeas corpus en favor de Barrantes y Angulo, para que se puedan defender en libertad.

“Es alentador que la Sala Constitucional haya dado trámite al recurso de hábeas corpus que presentamos, toda vez que nos parece injustificado y extralimitado haber dictado prisión preventiva contra estos ciudadanos, y esperamos que una vez recibido el informe solicitado al Tribunal de Juicio de Pococí por la Sala IV, quede claro que no es necesaria esta medida”, señaló el diputado Vargas.

La muestra de solidaridad ha llegado por distintas vías, por lo que se han organizado varias comisiones para trabajar en el proceso de defensa de ambos imputados y como primera acción, el pasado lunes 21 de setiembre, se realizó una marcha que partió de la Asamblea Legislativa hacia la Corte Suprema de Justicia, como muestra de solidaridad.