Pobladores de La Carpio viven un limbo jurídico

20 años después, La Carpio sigue luchando para tener un título de propiedad que les ayudaría a obtener recursos del Estado para arreglo de

20 años después, La Carpio sigue luchando para tener un título de propiedad que les ayudaría a obtener recursos del Estado para arreglo de caminos y manejo de agua potable y residuales. (Foto: Katya Alvarado)

Entre los ríos Torres y Virilla y entre un parque de tecnología para el tratamiento de basura, un botadero clandestino  y una planta en construcción para el tratamiento de todas las aguas negras del Valle Central, la ciudadela La Carpio uno de los asentamientos más grandes de la capital con al menos 50 mil habitantes desarrolla una vida “normal” en medio de una informalidad jurídica que ha subsistido por más de dos décadas.

Al paisaje se une una precaria infraestructura de caminos comunales, serios problemas para el tratamiento de sus aguas residuales, limitaciones en el suministro de agua potable, vulnerabilidad ante enfermedades como el dengue y escasos programas sociales o educativos.

Desde su fundación en 1993, los habitantes de La Carpio todavía no obtienen la propiedad de su tierra. Tal carencia, según vecinos y líderes comunales, ha sido “un clamor constante”, pues aseguran que “no ser dueños” les dificulta obtener “mejores beneficios” por parte del Estado”.

En el medio, también emergen con brazos largos las disputas y cuestionamientos entre dos organizaciones comunales por la administración de un fondo, creado por la empresa operadora del relleno Berthier Ebi de Costa Rica, destinado a  obras de mejoramiento comunal.

Este fondo se creó como parte de una negociación en la que intervino la Defensoría de los Habitantes, mediadora de un conflicto suscitado en el 2004 cuando la comunidad cerró calles para evitar el ingreso de los camiones de basura de la empresa y en la que demandaron titulación de tierras y pavimentación de calles.

El Consejo Comunal para el Desarrollo de la Carpio (Codeca), una organización  de hecho, sin personería jurídica,  es la organización designada por Ebi para la administración de los proyectos comunitarios y foco de los cuestionamientos de la organización local, Asociación de Desarrollo Integral Finca La Caja (Adifica).

Desde entonces, Ebi ha girado los fondos mes a mes,  primero mediante el Fondo Solidario para el Beneficio de las Agrupaciones Sociales (Fosbas) y luego al Fondo de Microproyectos Costarricenses (Fomic), ambas, organizaciones no gubernamentales.

Datos aportados por el Gerente de Fomic, Rubén Chacón,  estiman  hoy una cifra  cercana a los ¢4 millones mensuales con los ajustes tarifarios,  ya que el monto  dado por Ebi para este fin se designa a partir de la cantidad de toneladas métricas de basura que recibe.

Una consulta escrita hecha a Ebi sobre el monto exacto no fue suministrada al cierre de edición, y vía telefónica el coordinador de Relaciones Públicas de la empresa, Norman Sequeira, afirmó que “tenía que ver el caso y no garantizaba que dicha respuesta estuviera lista esta semana”.

Por su parte, líderes comunales  de otras asociaciones locales y miembros  de la Junta Directiva de Adifica reclaman “rendición de cuentas” aduciendo manejos “no transparentes”.

“SÓLO PEDIMOS CUENTAS”

“Codeca no tiene personería jurídica, no está inscrita ni respaldada por la Ley 3859 de Dinadeco ni de otras instancias que tiene el ordenamiento jurídico costarricense que representa una organización de vecinos”, advirtió Ester Martínez, Presidenta de Adifica.

La comunidad de La Carpio está organizada en nueve sectores, cada uno con una junta directiva y una cédula jurídica. Cada organización conforma  a su vez una asociación específica amparada en la ley 218 (Ley de Asociaciones), las cuales deciden su representante ante Codeca y ante Adifica.

Cristian Castro Aragón, líder comunal y vicepresidente de la asociación del sector central, acuerpa la posición de Adifica y cuestiona la falta de una “auditoria formal” de parte de los miembros de Codeca sobre la ejecución de los proyectos.

“Codeca no tiene cédula jurídica, es una organización de hecho, han administrado más de 300 millones de colones, solicitamos una auditoría, si yo no la debo no la temo, por qué no quieren y no han presentado una auditoría”, preguntó Castro.

“Codeca es una agrupación de 40 personas que siempre han tenido una dictadura de poder, siempre son los mismos, gracias a ellos tenemos basurero, vamos a tener una planta de tratamiento de residuos fecales”, y la defensoría y el IMAS está con ellos”, reclamó.

Sobre la representatividad que asume Codeca, Martínez negó que sea “cierto” porque afirma es la Asociación de Desarrollo Integral y no una organización de hecho, la que tiene “la legitimidad, territorialidad y competencia” para ser después de la Municipalidad, el “gobierno” de la comunidad.

“Ellos ahora hablan de que le dan el dinero a Codeca y no a Adifica por un mal  manejo de fondos de la antecesora de Adifica, pero qué curioso que los mismos miembros que estaban en esa Adifica, se hayan ido a formar Codeca, sin que tampoco quieran dar cuentas; la historia se repite”, cuestionó Martínez.

Northelem Jiménez, Presidenta de Codeca, aseguró que se presentó una auditoría a Ebi en febrero del 2011.

Sin embargo,  Cristian Castro aseguró que esta es “más bien un álbum de fotos”, sin que contenga un detalle pormenorizado de las ejecuciones presupuestarias de los proyectos.

“Sí estamos anuentes a presentar una  nueva auditoría pero todavía no hemos recibido de parte de ellos una solicitud por escrito pidiéndola”, señaló Jiménez.


Respaldo de las instituciones del Estado y empresa privada


Northelem Jiménez, presidenta de Codeca, aseguró que su organización presenta informes periódicos tanto a Ebi como a la comunidad de la administración de los proyectos que se incluyen en el fideicomiso.
“No somos ni de Dinadeco ni de la Ley 218, somos una organización de hecho, pero estamos en proceso de obtener la personería jurídica”, aseguró Jiménez.
La presidenta de Codeca salió al paso de los cuestionamientos lanzados por Adifica asegurando que “son ellos” y no la asociación quien tiene el respaldo de las organizaciones del Estado con quienes están desarrollando proyectos estratégicos tales como la titulación o el bono comunitario.
“No tenemos cédula jurídica pero estamos formados por asociaciones que sí la tienen, nuestra organización está reconocida tanto por la Defensoría como el IMAS. Nosotros no manejamos plata solo evaluamos y aprobamos los proyectos que nos dice cada sector de la comunidad”, señaló.
“Trabajamos por el bien de la comunidad, nosotros podemos demostrar que hemos hecho proyectos, qué puede demostrar Adifica”, cuestionó Jiménez.

NO HAY OBLIGACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA

El director del Área de Protección Especial de la Defensoría de los Habiantes, Alvaro Paniagua, acuerpó la posición de Codeca asegurando que al tratarse de fondos privados, el fideicomiso de Ebi puede ser administrado aunque no se cuente con una personería jurídica.

“Adifica no puede tener la representatividad de una comunidad de más de 45 mil o 50 mil personas, afirmó Paniagua.
“No es cierto que hemos tomado partido a favor de Codeca porque también hemos trabajado con Adifica lo del tratamiento de aguas. Es cierto que promovimos la creación de Codeca para que existiera un único vocero”, subrayó.

MITO CON LAS ENTIDADES NO JURÍDICAS

Rubén Chacón, gerente de Fomic, aseguró que su representada recibe el dinero de Ebi de manera conjunta con Fosbas y que en cuanto a la fiscalización de los recursos, ellos se acogen al principio de autonomía que tienen tanto Ebi como Codeca.
“No hemos tenido problemas y, mire, hay un mito con las entidades no jurídicas como lo son las organizaciones de hecho, las asociaciones de desarrollo desgraciadamente hoy no son entidades representativas y han sido mediatizadas políticamente”, manifestó Chacón.
“Sí le puedo decir que es una lástima que parte de ese dinero, como un 80%, se destine a dar apoyo a la construcción de obra pública, nos gustaría que más bien pueda ser usado para proyectos sociales, como programas educativos y ambientales”, agregó.


Necesidades


Datos de organizaciones comunales de La Carpio señalan entre sus principales demandas:

•    Infraestructura vial (calles y áreas deportivas)
•    Infraestructura educativa (escuelas y colegios)
•    Titulación de propiedades (La no titulación favorece la evasión de impuestos en una floreciente actividad comercial que se “nutre de la informalidad”)
•    Infraestructura comunal (aceras, cunetas y alcantarillado).


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