/
Las comunicadoras Laura Chinchilla y Andrea Alvarado presentaron el proyecto para la nueva Ley de Radio y Televisión en el Sexto Encuentro Nacional de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. (Foto: Ana Chacón)
Tras celebrar su sexto encuentro nacional, la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA) pedirá al Gobierno que se les incluya como interlocutores, en igualdad de condiciones con otros actores de la sociedad civil, en todas las instancias consultivas y de toma de decisiones sobre marco jurídico, uso del espectro radioeléctrico y acceso a pauta publicitaria, de las que han sido “deliberadamente excluidos”.
Un centenar de delegados respaldaron el reclamo de representatividad de la RedMica, basados en el Derecho a la Comunicación y el de la sociedad civil a desarrollar medios propios, durante el sexto Encuentro de la Red de medios alternativos, que se llevó a cabo el 22 de octubre en el Centro Cultural Mexicano.
En uno de los acuerdos, la Red señaló la falta de transparencia del Estado en el manejo de la información sobre el uso del espacio radioeléctrico, criticó que más de un año y medio después de haber solicitado el estudio que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) realizó por orden de la Contraloría General de la República (2012), “el informe siga siendo “confidencial”, por lo que piden al gobierno de Luis Guillermo Solís un cambio de actitud y que se conozca el informe de la Sutel.Otro acuerdo del sexto Encuentro señala que en Costa Rica se sigue violentando el marco jurídico nacional y convenios internacionales que protegen el derecho a la libertad de expresión e información, el derecho a la comunicación y el de desarrollar medios comunitarios mediante las prácticas que han favorecido la concentración de frecuencias de radio y televisión para medios comerciales, mientras en el resto del mundo se fortalece la comunicación alternativa.
La RedMica –que agrupa a más de 80 medios alternativos, programas radiales, proyectos de comunicación y personas que a título personal son miembros de la Red− asegura que “nuestro país tiene un rezago de 60 años en su legislación y el gobierno vuelve a ver para otro lado cada vez que se habla del tema pero que, al tenor de los avances tecnológicos y de las presiones por el uso de frecuencias radioeléctricas para televisión, telefonía móvil y radio, “es cada día más urgente”.
NO HAY MÁS TIEMPO
“El gobierno, acuerpado por los empresarios de grandes medios de comunicación comerciales, rechazó, sistemáticamente, reconocer a la RedMica como interlocutor de quienes hacemos la comunicación y la información desde otra perspectiva, la otra comunicación”, dijo Andrea Alvarado del equipo coordinador de la Red.
“Con el gobierno actual, se inició un diálogo en el Ministerio de la Presidencia que todavía es incipiente y no ha concretado nada, pero ya expusimos los temas que nos interesa tratar. Esperamos que haya un cambio de actitud”.
PROYECTO DE LEY DE RADIO Y TELEVISIÓN
El proyecto de la RedMica para una nueva Ley de Radio y Televisión en Costa Rica recibió respaldo unánime del foro tras ser presentado por Alvarado y la comunicadora Laura Chinchilla. La iniciativa procura dotar al país de una legislación moderna que regule integralmente la radiodifusión sonora y televisiva, abierta y gratuita, como una actividad de interés público para garantizar el Derecho a la Comunicación.
Desde el 2008, la Red ha solicitado a los diferentes gobiernos una actualización del marco jurídico, ha llamado la atención a las instancias estatales que regulan la actividad, como Sutel y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), “pero no hubo interés en legislar sobre esto”, dijo a UNIVERSIDAD Andrea Alvarado, del equipo coordinador de RedMica.
La Contraloría le dio un plazo al Micitt para que presentara el proyecto para la nueva Ley de Radio y Televisión, que venció en julio de este año y hace unos días pidió una prórroga de un año.
También inició una estrategia de alianzas para su Proyecto de Ley entre organizaciones sociales, ambientalistas, culturales, regionales, campesinas, sindicatos, partidos políticos, asociaciones comunales y universidades.
Alvarado aclaró que “la ley crea y define categorías de radiodifusión sonora y televisiva públicas, comunitarias o culturales y comerciales, incluye normas antimonopolios y restricciones a la concentración de frecuencias, posee mecanismos para evitar la subutilización de frecuencias y mejorar la cobertura en todas las regiones del país, determina el trámite de otorgamiento de concesiones a través de concurso público, y establece la obligatoriedad de transmitir un 30% de la programación con producción nacional”, en todas las radios, así como el cobro de cánones.
